La Comisi¨®n 'antidescargas' no actuar¨¢ de oficio

La llamada ley antidescargas ya tiene redacci¨®n definitiva. El Ministerio de Econom¨ªa hizo p¨²blico ayer el texto del proyecto de Ley de Econom¨ªa Sostenible (LES), cuya disposici¨®n final primera contiene una regulaci¨®n espec¨ªfica para perseguir las p¨¢ginas web que faciliten las descargas no autorizadas de archivos sujetos a derechos de autor como pel¨ªculas, canciones o videojuegos.

El texto definitivo no contiene ninguna modificaci¨®n sustancial sobre el entregado el pasado 8 de enero, pero en el mismo se ha introducido una importante precisi¨®n: la Comisi¨®n de Propiedad Intelectual, el organismo administrativo encargado de tramitar las denuncias, no podr¨¢ actuar de oficio, y el procedimiento s¨®lo se iniciar¨¢ "a instancia del titular de los derechos de propiedad intelectual que se consideren vulnerados".

El cambio intenta disipar el temor de una 'fiscal¨ªa general de Internet'

Es decir, que s¨®lo las discogr¨¢ficas, productoras, estudios cinematogr¨¢ficos, sociedades de gesti¨®n de derechos o los propios autores de las obras podr¨¢n iniciar un procedimiento de denuncia, aunque luego esta sea tramitada por la Comisi¨®n.

As¨ª, en el texto definitivo de la disposici¨®n, en su apartado 4, relativo a las funciones de la Comisi¨®n de Propiedad Intelectual, se ha introducido el siguiente p¨¢rrafo: "El procedimiento para el restablecimiento de la legalidad, que se iniciar¨¢ siempre a instancia del titular de los derechos de propiedad intelectual que se consideran vulnerados o de la persona que tuviera encomendado su ejercicio, estar¨¢ basado en los principios de celeridad, proporcionalidad y dem¨¢s previstos en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de R¨¦gimen Jur¨ªdico de las Administraciones P¨²blicas y del Procedimiento Administrativo Com¨²n".

M¨¢s que un cambio radical, se trata de una aclaraci¨®n para disipar las dudas que han surgido en torno al papel y al poder de la Comisi¨®n, un ¨®rgano administrativo independiente encargado de tramitar las denuncias, verificar todo el proceso y elevar la petici¨®n de cierre cautelar de las web que considere infractoras ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional.

Con esta redacci¨®n m¨¢s precisa, a instancias de los servicios jur¨ªdicos del Estado, queda claro que la Comisi¨®n no podr¨¢ ser juez y parte, es decir, no podr¨¢ iniciar y tramitar la denuncia, un temor que hab¨ªan denunciado colectivos de Internet y expertos en propiedad intelectual que tem¨ªan que este organismo se convirtiera en una especie de fiscal¨ªa general de Internet.

No obstante, los poderes de la Comisi¨®n seguir¨¢n siendo amplios ya que la Audiencia s¨®lo tendr¨¢ potestad para decidir sobre el cierre cautelar atendiendo a la vulneraci¨®n de derechos fundamentales como la libertad de expresi¨®n, pero no entrar¨¢ en el fondo del asunto de las descargas.