El PSOE apoya ahora el acuerdo para dar servicios a casas ilegales en Lugo

Dos d¨ªas despu¨¦s de desautorizar que la Diputaci¨®n de Lugo participe en el convenio que dotar¨¢ de servicios a las viviendas ilegales de Barreiros, el secretario general del PSdeG, Pachi V¨¢zquez, le dio ayer su bendici¨®n. "En ning¨²n momento se hacen aportaciones para espacios afectados por la v¨ªa judicial", afirm¨®, para dar por buenas las explicaciones del presidente de la instituci¨®n provincial, el socialista Jos¨¦ Ram¨®n G¨®mez Besteiro. "Otra cosa es que se le den otro tipo de ayudas econ¨®micas al Ayuntamiento de Barreiros", agreg¨®.

La Diputaci¨®n participa junto a la Xunta y el Ayuntamiento, gobernado por el PP, en un convenio a tres bandas para dotar de servicios a gran parte de las 3.174 viviendas levantadas en zonas sin servicios, parte de ellas ya anuladas judicialmente. El pasado fin de semana, V¨¢zquez se refiri¨® al convenio como una "legalizaci¨®n de delitos con dinero p¨²blico", y anunci¨® que contra eso ser¨ªa "beligerante". Tambi¨¦n declar¨® que el presidente de la Diputaci¨®n lucense "ten¨ªa intenci¨®n" de facilitar los sistemas de depuraci¨®n "para m¨¢s sitios, entre los que se inclu¨ªa ¨¦se", pero a?adi¨®: "Yo le transmit¨ª a nuestra gente que donde hay irregularidades urban¨ªsticas, las administraciones socialistas no deben apoyar. No podemos ser c¨®mplices de delitos".

Pachi V¨¢zquez dice que la instituci¨®n provincial se limita a pagar obras

Besteiro sigue adelante con el proyecto porque "no es urban¨ªstico"

Ayer, la perspectiva hab¨ªa cambiado. Insisti¨® Pachi V¨¢zquez en que las instituciones gobernadas por el PSdeG, como la Diputaci¨®n, "no deben hacer ning¨²n tipo de acuerdo" que afecten a espacios pendientes de actuaciones judiciales, pero a?adi¨® que Besteiro le "transmiti¨®" que "en ning¨²n momento" las ayudas afecten a viviendas denunciadas. El l¨ªder socialista combin¨® esta defensa del presidente provincial con la cr¨ªtica al de la Xunta, Alberto N¨²?ez Feij¨®o, por "querer legalizar con dinero p¨²blico obras ilegales". Eso s¨ª, en el mismo convenio.

Besteiro, mientras, se reafirm¨® en su intenci¨®n de participar con 1,2 millones de euros en el convenio, que inscribi¨® en el marco de la ejecuci¨®n de inversiones en Barreiros. El presidente de la Diputaci¨®n se mostr¨® convencido de que no contribuir¨¢ a legalizar nada, sino a facilitar "la dotaci¨®n de servicios". El alcalde, Alfonso Fuente Parga, del PP, est¨¢ inmerso en una querella por prevaricaci¨®n urban¨ªstica presentada por la fiscal¨ªa, en la que tambi¨¦n est¨¢n implicados el resto de integrantes de la junta de gobierno y la arquitecta municipal.

G¨®mez Besteiro sostiene que coincide "plenamente" con las declaraciones de V¨¢zquez, y garantiza que no habr¨¢ complicidad con ilegalidades, "ni en Barreiros ni en ning¨²n otro sitio". Pero el presidente provincial s¨ª matiza que la Diputaci¨®n participar¨¢ en el convenio para "colaborar" en la prestaci¨®n de servicios p¨²blicos. Y est¨¢ dispuesto a hacerlo "en t¨¦rminos similares" en otros ayuntamientos, entre los que cit¨® Viveiro, Burela y Foz, este ¨²ltimo, objeto de controversia urban¨ªstica entre su alcalde socialista y la Conseller¨ªa de Pol¨ªtica Territorial del bipartito.

"M¨¢s all¨¢ de esto, la Diputaci¨®n no sabe ni entiende", asever¨® Besteiro, quien precis¨® que el organismo que preside "no da licencias ni aprueba planes urban¨ªsticos, ni en Barreiros ni en ning¨²n otro sitio". "Eso es responsabilidad, ¨²nica y exclusivamente del Ayuntamiento y de la Xunta", a?adi¨®. El presidente descart¨® plantear el convenio como una "cuesti¨®n urban¨ªstica", y agreg¨® que las irregularidades ser¨¢n, "si se demuestran y acreditan, responsabilidad de quienes las autorizaron o consintieron, pero en ning¨²n caso de los vecinos de Barreiros".

Mientras tanto, el vicepresidente de la Diputaci¨®n, el nacionalista Xos¨¦ Ant¨®n Bao, socio del PSdeG en el gobierno provincial, se desmarc¨® del convenio. Bao sostiene que el urbanismo de Barreiros se ha realizado de forma "inadecuada" y afirma que el objeto del convenio deber¨ªa recaer en los promotores que construyeron de forma irregular. El BNG aboga por esperar a que la justicia deje esta cuesti¨®n "claramente delimitada" y rechaza el uso de dinero p¨²blico "para salvar los muebles de los promotores".