Los nuevos parques e¨®licos ocupar¨¢n terrenos de unos 6.000 propietarios

Detr¨¢s de la cuestionada seguridad jur¨ªdica del concurso e¨®lico del bipartito y de su suspensi¨®n y convocatoria de uno nuevo por parte del Gobierno de Alberto N¨²?ez Feij¨®o est¨¢n unos 6.000 afectados, entre propietarios de montes particulares y vecinos de terrenos mancomunados. En el reparto de los 2.325 megavatios de potencia e¨®lica los terrenos que ocupar¨¢n los molinos se consideran de utilidad p¨²blica y, si no se llega a un acuerdo con la empresa, las fincas son expropiadas a precio de suelo rural, sin tener en cuenta el aprovechamiento econ¨®mico que las empresas saquen de los parques.

El sindicato Uni¨®ns Agrarias (UU AA) considera que se ha dejado escapar en la modificaci¨®n de la Lei do Solo -en la que ped¨ªan la designaci¨®n de suelo e¨®lico a los terrenos destinados a parques- una nueva oportunidad de que una norma regule "a favor del mundo rural". "Estos 2.325 megavatios van a necesitar miles de hect¨¢reas forestales de propietarios particulares que van a seguir siendo valoradas por su valor r¨²stico y no por su capacidad de generar energ¨ªa", explic¨® Jacobo Feijoo, secretario de Desenvolvemento Rural e Produci¨®ns Forestais de Uni¨®ns Agrarias. Por eso, el sindicalista reclama una "valoraci¨®n justa" de los terrenos para crear rentas complementarias en el ¨¢mbito rural. "Desde el punto de vista de las rentas no hay un mecanismo para que esta creaci¨®n de riqueza repercuta en el mundo rural", se reafirm¨®.

"Las el¨¦ctricas suelen pasar como elefante por cacharrer¨ªa", dice el sindicato

La suspensi¨®n del anterior concurso y el consecuente retraso de las adjudicaciones y puesta en marcha de los parques perjudica tambi¨¦n directamente a los propietarios de montes, explic¨® Feij¨®o, ya que su valor va a depender directamente del precio del kilovatio por hora que fije, en los pr¨®ximos meses, el Gobierno central a trav¨¦s de un Real Decreto. El nuevo precio de la electricidad se prev¨¦ inferior al actual y afectar¨¢ a los parques de nueva creaci¨®n -los que ya est¨¢n en funcionamiento seguir¨¢n con las antiguas tarifas-. Por ello, ante menores ingresos de los parques, el sindicato augura rebajas en lo que se paga por el terreno. El peor escenario de bajada, que tiene tambi¨¦n en cuenta la nueva orden e¨®lica de la Xunta, ser¨ªa de un 33% que se traducir¨ªa en un tercio menos de ingresos para los propietarios.

Uni¨®ns Agrarias culpa de esta situaci¨®n al retraso por el reparto de megavatios: "Si hubiese habido una tramitaci¨®n ¨¢gil [los nuevos parques] entrar¨ªan en el coste actual".

Adem¨¢s, el sindicato agrario sospecha que dentro de los proyectos emergentes que primar¨¢ la orden no se cuentan los de empresas agroalimentarias, sino tecnol¨®gicas, mientras que las beneficiadas ser¨¢n "siete empresas el¨¦ctricas". "Y es peor porque suelen pasar como elefante por cacharrer¨ªa y no les van a importar los propietarios", critic¨® el presidente de la asociaci¨®n de propietarios de terrenos e¨®licos, Jos¨¦ Antonio Di¨¦guez.

Los propietarios de terrenos con molinos instalados reciben entre un 1% y un 1,5% de la facturaci¨®n anual del parque e¨®lico si llegaron a un acuerdo de alquiler con las empresas. Sin embargo, si el due?o se resiste a vender la tierra se expropiar¨¢ a precio de suelo r¨²stico y entonces los beneficios caen hasta el 0,5%, menos de un euro por metro cuadrado, seg¨²n indic¨® Di¨¦guez.

Lo cuenta en primera persona porque el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) anul¨® la declaraci¨®n de utilidad p¨²blica de su monte de comuneros en el municipio lucense de Chantada que el Gobierno de Manuel Fraga utiliz¨® en 2004 para expropiarlo. El fallo cuestion¨® que la explotaci¨®n el¨¦ctrica tenga m¨¢s inter¨¦s social que la "riqueza paisaj¨ªstica" y la "productividad del monte" a trav¨¦s de las actividades de pastoreo y del "aprovechamiento de las maderas". El bipartito recurri¨® la sentencia al Supremo, que mand¨® repetir el juicio de forma urgente porque "no se explicaba debidamente la sentencia", indica Di¨¦guez. Hace dos semanas que se volvi¨® a hacer el proceso y esperan que en otras dos tengan la sentencia, esta vez firme, porque el Supremo considera que el TSXG debe basar su sentencia en la ley gallega y ser as¨ª la ¨²ltima instancia.