La nov¨ªsima corrupci¨®n

El 'caso G¨¹rtel' y el 'caso Matas' alimentan el temor a que la corrupci¨®n domine nuestra vida p¨²blica y deprimen a quienes supusieron -al comienzo de la transici¨®n- que las pr¨¢cticas venales de pol¨ªticos y altos cargos no eran sino las secuelas de un pasado autoritario. Pero el sistema democr¨¢tico (no s¨®lo en Espa?a sino mucho antes en Estados Unidos y en otros pa¨ªses europeos) paga igualmente elevadas facturas a uno de los oficios m¨¢s antiguos del mundo: s¨®lo cabe disminuir los da?os gracias a los frenos y contrapesos que dificultan los abusos del poder y los enriquecimientos il¨ªcitos a su sombra. No en vano James Madison, uno de los Padres Fundadores de la Rep¨²blica americana, recordaba b¨ªblicamente (El Federalista, n¨²mero LI, 1778) que el gobierno es el mayor reproche a la naturaleza humana: si los hombres fuesen ¨¢ngeles, el gobierno ser¨ªa innecesario; y si los ¨¢ngeles gobernasen, no har¨ªa falta controlar sus decisiones.

Los esc¨¢ndalos pol¨ªticos preocupan a la sociedad espa?ola por sus extra?as conexiones con los partidos

Cabr¨ªa reflexionar, sin embargo, sobre una nov¨ªsima forma contempor¨¢nea de corrupci¨®n definida por la enorme publicidad de los esc¨¢ndalos, la creciente invasi¨®n de la sociedad por las Administraciones P¨²blicas y la estructura del Estado de partidos posterior a la II Guerra Mundial. La revoluci¨®n inform¨¢tica y el reforzado alcance de la tutela judicial dan mayor visibilidad a los esc¨¢ndalos. El incremento de la intervenci¨®n (y del gasto p¨²blico) estatal multiplica los actos administrativos sobre peticiones ciudadanas cuya adopci¨®n discrecional por las autoridades entreabre las puertas a la corrupci¨®n; la variedad de los centros de decisi¨®n con legitimidad electoral (la Administraci¨®n Central espa?ola comparte competencias con m¨¢s de 8.000 municipios y 17 comunidades aut¨®nomas) aumenta el n¨²mero de ventanillas potencialmente voraces.

En teor¨ªa, la corrupci¨®n es bilateral: un ¨ªncubo, titular de alg¨²n cargo en las administraciones p¨²blicas con capacidad de decisi¨®n, exige a un s¨²cubo, solicitante de una recalificaci¨®n, un concurso o una subvenci¨®n, el previo pago de una suma de dinero negro como contraprestaci¨®n ilegal para acceder a su petici¨®n. Esa relaci¨®n se hace triangular cuando aparecen intermediarios dispuestos a engrasar las negociaciones entre ¨ªncubos y s¨²cubos: la trama G¨¹rtel, donde los buscavidas de marisquer¨ªa se mezclan con remilgados militantes del PP a t¨ªtulo individual, es un buen ejemplo de esa variante.

Pero queda un cuarto invitado, esta vez de car¨¢cter institucional, al fest¨ªn de la corrupci¨®n: apremiados por el desbordamiento de los gastos electorales, los partidos tambi¨¦n utilizan el procedimiento delictivo de poner venalmente en almoneda el poder pol¨ªtico-administrativo que les ha sido confiado por los votantes. La instrucci¨®n del Supremo sobre el senador Luis B¨¢rcenas, que el jueves dimiti¨® definitivamente como tesorero del PP y pidi¨® la baja temporal como militante, aclarar¨¢ si estamos o no -total o parcialmente- ante ese cuarto supuesto.