Casas busca dos votos para aprobar ya la sentencia del Estatuto catal¨¢n

El Pleno del Tribunal Constitucional intentar¨¢ nuevamente esta semana alcanzar un acuerdo para alumbrar su sentencia sobre el Estatuto de Catalu?a, recurrido por el Partido Popular, el Defensor del Pueblo y cinco comunidades aut¨®nomas. No lo tiene nada f¨¢cil, ni est¨¢ claro que pueda conseguirlo. Aunque apenas dos votos le separan de una sentencia con un respaldo presentable, puede que hasta el ¨²ltimo momento no se sepa si va a haber sentencia ni qui¨¦nes conformar¨¢n la mayor¨ªa de respaldo. Por si acaso, el fallo de la ponencia oficial ya est¨¢ redactado, ocupa folio y medio de extensi¨®n, y fue distribuido el jueves por la tarde a todos los magistrados.

La deliberaci¨®n de la quinta ponencia redactada por la magistrada Elisa P¨¦rez Vera, con las mejoras incorporadas tras las discusiones anteriores, comenzar¨¢ el mi¨¦rcoles 14 por la ma?ana, entre los 10 magistrados que forman el Pleno. Dado que se prev¨¦ un debate a fondo y no exento de tensi¨®n, lo m¨¢s probable es que la votaci¨®n se retrase al d¨ªa siguiente o incluso a fechas posteriores.

El proyecto de fallo fue entregado el jueves a todos los magistrados

Arag¨®n abrir¨¢ la votaci¨®n y la presidenta vota en ¨²ltimo lugar

Seg¨²n las fuentes consultadas, al Pleno se llegar¨¢ sin ning¨²n acuerdo cerrado y con el tribunal dividido en tres grupos, casi como qued¨® a finales de 2009 tras la deliberaci¨®n anterior.

Hay un sector que respalda la ponencia, integrado por la presidenta, Mar¨ªa Emilia Casas; la ponente, Elisa P¨¦rez Vera; y los magistrados progresistas Pascual Sala y Eugeni Gay. La ponencia tumba quince art¨ªculos y reinterpreta otra veintena de preceptos, lo que en conjunto afectar¨ªa a un tercio de la norma.

Un segundo grupo est¨¢ integrado por el vicepresidente, Guillermo Jim¨¦nez, el conservador Ram¨®n Rodr¨ªguez Arribas, y el progresista Manuel Arag¨®n Reyes, que hasta ahora ha tenido serias dificultades para aceptar todo lo relacionado con el t¨¦rmino "naci¨®n" referido a Catalu?a. Es en este grupo donde se centran todas las miradas, para comprobar si Arag¨®n ha conseguido atraer a los dos conservadores hacia las posiciones de la mayor¨ªa progresista.

Un tercer grupo de magistrados, integrado por los conservadores Javier Delgado, Vicente Conde y Jorge Rodr¨ªguez Zapata, mantiene posiciones extremas en contra de la constitucionalidad del Estatuto; se les considera pues "descolgados" de este proyecto de sentencia. Seg¨²n las fuentes consultadas, Rodr¨ªguez Zapata, el m¨¢s radical, ha amenazado con pegar un pu?etazo en la mesa y exigir una votaci¨®n art¨ªculo por art¨ªculo de los preceptos impugnados, en lugar de una votaci¨®n a la totalidad del texto. Su petici¨®n tal vez sea secundada por Delgado, pero no parece que pueda conseguir m¨¢s adhesiones.

La clave para que haya sentencia radica en que se produzca un acercamiento del grupo liderado por Manuel Arag¨®n hacia las tesis de la ponencia oficial. Arag¨®n desea dejar claro que el t¨¦rmino "naci¨®n" s¨®lo puede referirse a Espa?a, y que los s¨ªmbolos "nacionales" de Catalu?a que enumera el art¨ªculo 8 ¨²nicamente pueden aludir a esta comunidad aut¨®noma como "nacionalidad".

La presidenta del tribunal, Mar¨ªa Emilia Casas, busca el respaldo al menos de Manuel Arag¨®n y Guillermo Jim¨¦nez; desea contar con ellos para que firmen la sentencia m¨¢s importante que ha dictado el Constitucional en toda su historia. Ambos magistrados participaron en la sentencia que declar¨® la constitucionalidad del Estatuto de Valencia, lo que tuvo algunos costes personales para Guillermo Jim¨¦nez, al ser el ¨²nico magistrado conservador que plasm¨® su firma en este fallo. Sin embargo, expertos jur¨ªdicos consultados por este peri¨®dico aseguran que no s¨®lo la presidenta sino tambi¨¦n el vicepresidente del tribunal tienen la obligaci¨®n de buscar una mayor¨ªa para procurar que la sentencia vea la luz. Adem¨¢s, las disposiciones del Estatuto catal¨¢n repercutir¨¢n en otras comunidades, como Andaluc¨ªa, de la que es originario Guillermo Jim¨¦nez.

Si s¨®lo fuese Arag¨®n el que se incorporase a la mayor¨ªa, se producir¨ªa un empate que obligar¨ªa a la presidenta a utilizar su voto de calidad para inclinar la balanza hacia la ponencia oficial. Habr¨ªa sentencia, s¨ª, pero con un coste personal terrible para Mar¨ªa Emilia Casas, y un precio pol¨ªtico de primera magnitud para el Gobierno socialista y los nacionalistas catalanes.

La votaci¨®n final preocupa sobre todo por el sistema. Comienzan emitiendo su opini¨®n los magistrados que menos tiempo llevan en el tribunal, y acaban el vicepresidente y la presidenta, en ese orden. El primero en votar ser¨¢ as¨ª Manuel Arag¨®n. Si da su respaldo a la ponencia, se habr¨¢ producido ya el empate, que s¨®lo podr¨ªa ser deshecho si el vicepresidente Jim¨¦nez, tambi¨¦n se pronuncia afirmativamente, sum¨¢ndose a la mayor¨ªa. En caso contrario, la presidenta se ver¨ªa forzada a deshacer el empate con su voto de calidad, inclinando la balanza a favor de la ponencia.

Se tratar¨ªa de una soluci¨®n obligada que nadie desea, y menos que nadie la propia presidenta. Con la excepci¨®n tal vez del Partido Popular.

En caso de alumbrarse al fin la sentencia, el tribunal tiene previsto notificar s¨®lo el fallo, ya que el texto final debe incorporar los votos particulares de los magistrados disidentes. Eso retrasar¨¢ la difusi¨®n del texto varios d¨ªas.

En el caso de que no hubiera acuerdo, la ponente podr¨ªa realizar un sexto intento con otro texto. La presidenta podr¨ªa sin embargo pedir para s¨ª la ponencia y redactar ella misma el siguiente proyecto de sentencia. Dado que ¨¦sta no diferir¨ªa mucho de la de Elisa P¨¦rez Vera, tambi¨¦n podr¨ªa encomendar su elaboraci¨®n a otro magistrado del sector m¨¢s proclive al acuerdo, aunque esa decisi¨®n podr¨ªa reproducir la divisi¨®n actual, dado que los progresistas tambi¨¦n han cedido en sus posiciones.