La insaciable gula de la tenia

El presidente del Tribunal de Cuentas, la ineficiente instituci¨®n fiscalizadora de las cuentas de los partidos, sugiri¨® la semana pasada en un acto acad¨¦mico -a preguntas sobre la trama G¨¹rtel- la reforma de la Ley Electoral de 1985 y de la Ley de Financiaci¨®n de las Formaciones Pol¨ªticas promulgada en 2007 para sustituir una anterior dictada hace 20 a?os. El nudo del problema es que los delitos de corrupci¨®n perpetrados por cargos electos de los partidos situados en puestos clave de la Administraci¨®n (alcaldes, gobernantes auton¨®micos o autoridades estatales) encuentran un ambiguo refugio en el sistema de financiaci¨®n partidista, cuya maliciosa opacidad e insuficiente control impiden despejar con claridad la inc¨®gnita sobre el destino final -s¨®lo los bolsillos de los sobornados o tambi¨¦n la caja de la organizaci¨®n- del cohecho.

El presidente del Tribunal de Cuentas pide reformar la Ley de Financiaci¨®n de Partidos

Situados en una tierra de nadie entre la sociedad civil y el Estado, los partidos son a la vez asociaciones voluntarias y organizaciones con relevancia constitucional. Sin los partidos no hay democracia posible: agregan intereses sociales y articulan demandas colectivas; forman a sus afiliados para el desempe?o de tareas p¨²blicas y los integran en las listas bloqueadas y cerradas de sus candidaturas electorales; movilizan a los ciudadanos para participar en la vida p¨²blica y para votar; asumen el poder ejecutivo o lo controlan desde la oposici¨®n y act¨²an como motor de Parlamentos y Ayuntamientos.

Ahora bien, los partidos no s¨®lo son caros de mantener: tambi¨¦n disparan con p¨®lvora del rey. Las subvenciones p¨²blicas -m¨¢s del 90% de sus ingresos- fluyen por diversos cauces (campa?as electorales, gastos generales, grupos parlamentarios y municipales, fundaciones) pero terminan desembocando en una caja com¨²n. Seg¨²n Gaspar Ari?o (La financiaci¨®n de los partidos pol¨ªticos, Ediciones Cinca, 2009), los ingresos de dinero p¨²blico recibidos durante la d¨¦cada 1996-2005 por todos los partidos a cuenta de todos esos conceptos superaron los 1.840 millones de euros. Gracias a su mayor peso parlamentario, PSOE y PP habr¨ªan recibido cada uno de media anual durante esa d¨¦cada entre 66 y 72 millones.

Pero esos nutridos ingresos resultan insuficientes para saciar el apetito -s¨®lo comparable con la gula de las tenias parasitarias- de los aparatos partidistas, enfrentados adem¨¢s con la progresiva desaparici¨®n del trabajo voluntario y gratuito de los militantes de base. Pese a que un elevado porcentaje de dirigentes y cuadros desempe?an cargos remunerados en Parlamentos, Ayuntamientos y ¨®rganos ejecutivos del Estado, los partidos grandes y medianos completan los sueldos de sus l¨ªderes y pagan las n¨®minas del personal auxiliar que trabaja en sus locales propios o alquilados. El caso G¨¹rtel muestra el elevado coste que supuso la externalizaci¨®n de los actos p¨²blicos protagonizados por la presidenta -a la vez- del PP y de la Comunidad de Madrid.

Incapaces de aumentar la recaudaci¨®n procedente de las cuotas de los militantes y de los donativos de los simpatizantes, los partidos recurren a los cr¨¦ditos de bancos y cajas de ahorro, sospechosamente provisionados como p¨¦rdidas en los balances o condonados parcialmente a los pocos a?os de su concesi¨®n. Y a¨²n les resta la il¨ªcita e inmoral posibilidad de incumplir las leyes -penales o administrativas- sobre financiaci¨®n aprobadas en el Parlamento con sus votos.

Hay abundantes indicios de que las organizaciones municipales, auton¨®micas o nacionales de los partidos utilizan dinero negro para pagar los gastos de los comicios que sobrepasen los m¨¢ximos tolerados por la Ley Electoral. No es descabellado suponer que esos recursos sean proporcionados clandestinamente por empresas a cambio de contraprestaciones actuales o futuras, procedentes de las Administraciones p¨²blicas bajo control del partido al que pertenezcan los cargos electos prevaricadores.

La reforma en curso del C¨®digo Penal brindar¨¢ a todas las formaciones una buena oportunidad para disipar tales sospechas o, al menos, mostrar su prop¨®sito de enmienda. Bastar¨ªa con que tipificaran la financiaci¨®n ilegal de partidos como algo m¨¢s que un delito electoral leve y castigaran severamente los llamados casos de cohecho impropio al estilo de los rumbosos regalos distribuidos a voleo por la trama G¨¹rtel entre la flor y nata del PP valenciano.