La Justicia como dolencia, el 'caso Garz¨®n' como s¨ªntoma

Los datos de encuestas recientes de Metroscopia publicados a lo largo de las ¨²ltimas semanas en estas p¨¢ginas revelan el desolador diagn¨®stico que sobre la situaci¨®n actual de su justicia realizan los espa?oles. Dos de cada tres (el 65%) creen que la Administraci¨®n de justicia espa?ola est¨¢ politizada, y lo piensa la misma proporci¨®n de votantes socialistas (69%) que populares (71%). En los t¨¦rminos del sondeo del que estos datos proceden (y que aqu¨ª s¨®lo resumo) cabe interpretar que esta respuesta va referida m¨¢s al "aparato judicial" en su conjunto que a los jueces en concreto. Sabemos, por estudios recurrentes anteriores, que al ciudadano medio no le inquieta ni escandaliza que los jueces tengan ideas o preferencias pol¨ªticas: lo da por supuesto, de puro obvio. Lo que le resulta inaceptable es que pueda intentarse (y no digamos conseguirse) que en alg¨²n caso un juez o un ¨®rgano jurisdiccional act¨²e (o parezca actuar) no seg¨²n sus propios criterios y convicciones -que en eso consiste la independencia judicial- sino al dictado de consignas partidistas y sectarias externas, del color que sean. Sencillamente, lo que a nuestra ciudadan¨ªa escandaliza no es que quienes integran cualquiera de los distintos ¨®rganos del sistema judicial sean, personalmente, progresistas o conservadores, de izquierda, de centro o de derecha, sino que entre ellos pueda haber personas que acepten convertirse en meras terminales mec¨¢nicas de los partidos o sindicatos de jueces (dej¨¦monos a este respecto de eufemismos) y resulten as¨ª infaliblemente predecibles en sus comportamientos y actuaciones. Eso es sin duda lo que intenta expresar ese alarmante 65% que considera que nuestra justicia est¨¢ politizada.

La pol¨¦mica sobre Garz¨®n moviliza a los electores de PSOE y PP m¨¢s que ning¨²n otro asunto

El principal da?o colateral es un mayor deterioro de la imagen de nuestra justicia

Pero hay m¨¢s: tres de cada cuatro espa?oles (el 73%, sin que esta proporci¨®n var¨ªe entre los votantes populares o socialistas) tiene la impresi¨®n de que el Consejo General del Poder Judicial decide los nombramientos de cargos judiciales no en funci¨®n de los m¨¦ritos y de la cualificaci¨®n profesional de los candidatos, sino por criterios de amiguismo y/o ideol¨®gicos. Esta generalizada idea no s¨®lo es de gravedad extrema sino que resulta doblemente nociva para la buena salud de nuestra democracia: por un lado, porque supone una descalificaci¨®n profunda y dif¨ªcil de ignorar del ¨®rgano constitucionalmente encargado, precisamente, de velar por la buena (es decir, honesta, independiente y objetiva) gesti¨®n de las carreras profesionales de los jueces; de otro, porque proyecta una sombra de sospecha, tan indiscriminada como por ello mismo las m¨¢s de las veces injusta, sobre todo nombramiento efectuado. No es as¨ª de extra?ar que el 72% de la ciudadan¨ªa concluya que nuestra justicia necesita una reforma profunda.

Para complicar a¨²n m¨¢s el panorama, sobre el marco de base que proporciona este desazonante clima de opini¨®n, viene ahora a insertarse lo que cabe etiquetar como caso Garz¨®n. Vaya por delante que la figura de este medi¨¢tico juez ha suscitado siempre reacciones encontradas entre la ciudadan¨ªa. Por ejemplo, hace ya un a?o el 41% de los espa?oles dec¨ªa estar de acuerdo, en general, con las decisiones adoptadas a lo largo de su carrera por el juez Garz¨®n; un 36%, en cambio, dec¨ªa haber estado usualmente en desacuerdo con ellas. Pues bien, incluso desde esta controvertida valoraci¨®n de su figura, una amplia mayor¨ªa absoluta (61%) consideraba hace unas semanas que los procesamientos abiertos contra Garz¨®n no eran algo que debiera tomarse como algo natural, sino que "obedec¨ªan a una persecuci¨®n personal contra un juez que con sus investigaciones se ha creado muchos enemigos". Esta idea de la "persecuci¨®n personal" estaba ampliamente extendida entre los votantes socialistas (71%) pero era expresada tambi¨¦n por el 55% de los votantes populares: es decir, era una sensaci¨®n sustancialmente compartida en los dos principales electorados. En el concreto caso de la admisi¨®n a tr¨¢mite por el Tribunal Supremo de la querella referida a una supuesta actuaci¨®n prevaricadora en la investigaci¨®n de cr¨ªmenes cometidos por el bando franquista durante la Guerra Civil, el desacuerdo de la ciudadan¨ªa fue asimismo mayoritario, en proporci¨®n de dos a uno (58% frente a 30%). Ahora bien, con una clara bifurcaci¨®n de las actitudes de los votantes socialistas y populares: entre los primeros, el 79% se mostr¨® en desacuerdo con dicha admisi¨®n a tr¨¢mite; el 58% de los segundos se declar¨®, en cambio, de acuerdo.

Por ¨²ltimo, ahora que esa admisi¨®n a tr¨¢mite ha desembocado en la decisi¨®n de sentar a Garz¨®n en el banquillo, la mayor¨ªa de los espa?oles (51%) sigue mostr¨¢ndose en desacuerdo, si bien sube ya hasta un 39% quienes aprueban la medida. Y se intensifica la polarizaci¨®n de actitudes de los votantes socialistas y populares, que pasan a ser justamente inversas: el 68% de los primeros est¨¢ en desacuerdo con que se juzgue a Garz¨®n por este asunto, mientras que el 68% de los segundos est¨¢ de acuerdo.

A esta altura de los acontecimientos, y a la espera de c¨®mo pueda verse afectada en adelante la opini¨®n ciudadana por la espiral de crispaci¨®n ambiental en torno a este tema, cabe extraer al menos dos conclusiones de esta secuencia de datos. La primera, que el caso Garz¨®n parece estar sirviendo para movilizar y galvanizar a los votantes de los dos principales partidos y encresparlos entre s¨ª en mucha mayor medida que cualquiera de los otros m¨²ltiples posibles temas de enfrentamiento que les ofrece nuestra actual situaci¨®n, que ya es decir. La segunda, que el principal da?o colateral que pueda originar todo este turbio, sorprendente y desagradable asunto sea un mayor deterioro (y no s¨®lo dentro sino tambi¨¦n fuera de nuestras fronteras) de la imagen de nuestra Justicia, ya de por s¨ª suficientemente maltrecha.

Jos¨¦ Juan Toharia es catedr¨¢tico de Sociolog¨ªa y presidente de Metroscopia.