Tormenta antes del pacto

Si la pol¨ªtica territorial del bipartito ten¨ªa un paradigma, se llamaba Barreiros. Si la del Gobierno del PP tambi¨¦n lo tiene, lleva el nombre del mismo pueblo. De la paralizaci¨®n de 3.174 viviendas presuntamente ilegales en un municipio de no m¨¢s de 3.000 habitantes, al convenio que pretende regularizarlas. En medio, la descomposici¨®n de la agencia que vela por el control urban¨ªstico, la autorizaci¨®n de piscifactor¨ªas en espacios protegidos y una pol¨¦mica reforma de la Lei do Solo. La pol¨ªtica territorial de la Xunta, tachada de liberalista, m¨¢s que debate ha generado controversia, acotada entre ovaciones cerradas de los promotores y descarnadas cr¨ªticas de movimientos ecologistas. El modelo, en definitiva, se agita en v¨ªsperas de un pacto territorial que parece alejarse.

Celestino Bra?a: "Estamos muy preocupados, esto requiere sosiego"

Los cambios en la APLU provocan cr¨ªticas generalizadas

Y eso que nadie discute la necesidad de sellar un gran acuerdo urban¨ªstico, algo que no ocurre desde 1995, cuando todas las fuerzas parlamentarias pactaron la Lei de Ordenaci¨®n do Territorio. "Si algo precisa el debate urban¨ªstico es sosiego. Por eso estamos preocupados, muy preocupados", confiesa el decano del Colegio de Arquitectos de Galicia. Celestino Garc¨ªa Bra?a combina prudentes silencios con halagos a decisiones como la modificaci¨®n de las Normas del H¨¢bitat, pero tambi¨¦n con cr¨ªticas veladas a la reforma de la Axencia de Protecci¨®n da Legalidade Urban¨ªstica. "Su trayectoria y el director destituido fueron ejemplares, y es uno de esos ¨¢mbitos que no pueden estar sujetos al debate pol¨ªtico", relata. Ahora lo est¨¢n, despu¨¦s de que la Xunta de Feij¨®o incrementara su control de la agencia mediante una modificaci¨®n estatutaria. Para los ecologistas es un claro ejemplo de "la voladura controlada" de la disciplina urban¨ªstica. "De forma premeditada, volvemos a las andadas, al ti vai facendo y al desorden territorial", sostiene Fins Eirexas, secretario ejecutivo de Adega.

El caso de Barreiros, otro de los grandes hitos urban¨ªsticos de los ¨²ltimos meses, provoca coincidencia s¨®lo en la condena de las obras. Pero no falta quien aplauda el millonario convenio que lo legaliza, incluso en el caso de que se nutra exclusivamente de fondos p¨²blicos. "Esos promotores ten¨ªan unas licencias de edificaci¨®n, y por lo tanto cobertura legal", precisa Javier Garrido, presidente de los promotores de Pontevedra. "Y hay que tener en cuenta la cantidad de impuestos que pagaron constructores, promotores y compradores". As¨ª que concluye: "La sociedad ha salido clar¨ªsimamente beneficiada".

En el extremo contrario de su planteamiento se sit¨²an especialistas en urbanismo como el doctor en Derecho Enrique S¨¢nchez Goyanes: "Si hay una infracci¨®n de la ley, no se puede legalizar con un convenio, porque los derechos que se protegen son menores que los que se ven afectados". Comparte su opini¨®n la arquitecta Ana Fuentes. "Se le est¨¢ diciendo a los ciudadanos que, en realidad, da igual: si el alcalde es poderoso, le legalizaci¨®n llegar¨¢", explica. Y, por supuesto, los ecologistas. "En ese convenio, la Xunta se ha retratado, y espero que haya consecuencias jur¨ªdicas", avisa Eirexas.

El decano de los arquitectos aporta algunos matices. "La actuaci¨®n urban¨ªstica de Barreiros es catastr¨®fica, pero tiene una dif¨ªcil soluci¨®n". La posibilidad de hacerlo con dinero de la Administraci¨®n es "tremenda", pero Bra?a admite que rescatar con fondos p¨²blicos a los culpables fue exactamente lo que hicieron los gobiernos con los bancos cuando estall¨® la crisis econ¨®mica. ?Y qu¨¦ piensan los alcaldes? "Dar servicios a unas viviendas no es una legalizaci¨®n, porque los procesos judiciales seguir¨¢n su curso", argumenta el presidente de la Fegamp, Carlos Fern¨¢ndez, del PSdeG, que a?ade: "?Alguien est¨¢ dispuesto a arreglarlo con una demolici¨®n masiva? No lo creo". Fern¨¢ndez obvia que el Gobierno de Feij¨®o, al tiempo que redactaba el convenio, ha empezado a retirar algunos de los contenciosos en los juzgados.

Otro de los grandes debates gira alrededor del Plan de Ordenaci¨®n del Litoral. Ah¨ª, la principal objeci¨®n es de fondo. "Y no es menor, porque afecta a la arquitectura legislativa", advierte el catedr¨¢tico S¨¢nchez Goyanes. Se trata de la anteposici¨®n del plan a las Directrices de Ordenaci¨®n del Territorio, aplazadas por la Xunta con argumentos poco convincentes. "Es una arbitrariedad administrativa", denuncia, que "adolece adem¨¢s de algo tan elemental como un estudio econ¨®mico".

Le ocurre al Plan del Litoral como a la propia reforma de la Lei do Solo, aprobada recientemente por el Parlamento: que tiene tantas interpretaciones como analistas. Como explica la arquitecta Fuentes, "la interpretaci¨®n es tan o m¨¢s importante que la letra", aunque en el caso de la Lei do Solo "al PP se le ha ido la mano". "Se necesitaba una reforma, pero hemos pasado al otro extremo", lamenta. Los promotores, en cambio, la critican por "poco ambiciosa", y S¨¢nchez Goyanes la tacha de "h¨ªperliberalista".

El presidente de la Fegamp defiende la reforma de la ley urban¨ªstica por excelencia que parti¨® de los propios alcaldes. Sus efectos sobre la dispersi¨®n de la poblaci¨®n y la legalizaci¨®n de viviendas sin licencia tambi¨¦n generan un fuerte debate, pero en el fondo subyace una decidida apuesta por las competencias de los alcaldes sobre el urbanismo. Y ah¨ª saltan las alarmas, porque los ayuntamientos no andan sobrados de medios t¨¦cnicos ni econ¨®micos. Y en esas circunstancias, como precisa el decano de los arquitectos, lo que les conviene es "conceder licencias con generosidad".