El tijeretazo del funcionariado no cuadra

A la irlandesa. As¨ª tildan los economistas ahora a la receta que prescribe un tratamiento de choque en el sector p¨²blico para paliar los destrozos ocasionados en las cuentas estatales por la crisis. El Ejecutivo de Brian Cowen ha impuesto una bajada de sueldos a los funcionarios que fluct¨²a entre el 5% y el 15%, y ha recortado 9.000 puestos p¨²blicos en el ¨²ltimo a?o. Y todo para que el d¨¦ficit se ancle en el 12% del PIB, un saldo negativo algo superior al de las cuentas espa?olas. El plan de la vicepresidenta econ¨®mica, Elena Salgado, es mucho menos dr¨¢stico (en Espa?a no ha habido que nacionalizar a la banca), pero aun as¨ª los n¨²meros no salen.

El plan de ajuste presentado por Salgado plantea bajar el coste del cap¨ªtulo de personal en un 4% (unos 5.000 millones) entre 2009 y 2013. Y para ello cuenta con la moderaci¨®n salarial y con reducir los puestos de trabajo de forma indirecta, al cubrir s¨®lo el 10% de las vacantes. Seg¨²n los c¨¢lculos de Econom¨ªa, en este tiempo se jubilar¨¢n el 7% de los 1,6 millones de funcionarios, con lo que, si la estimaci¨®n se extiende al personal laboral, el recorte rondar¨ªa los 140.000 empleados.

La clave es c¨®mo ofrecer los mismos servicios y reducir gastos de personal

El objetivo se sustenta en el pacto alcanzado por sindicatos y Gobierno en oto?o del a?o pasado. Pero, como se?ala Susana Borraz, de Analistas Financieros, "el acuerdo plantea excepciones importantes" en los l¨ªmites a la reposici¨®n de vacantes y s¨®lo supone "retardar el impacto presupuestario" de la subida salarial necesaria para igualar la inflaci¨®n. Es decir, que puede haber congelaci¨®n salarial este a?o y el pr¨®ximo, pero que a partir de 2012, se recuperar¨¢ la diferencia con el IPC. Si durante este periodo la inflaci¨®n media se sit¨²a en el 2%, esa ser¨ªa la subida salarial. Si se cumple esa moderada previsi¨®n de incremento de precios, s¨ª habr¨¢ un alza inferior a la de los ¨²ltimos a?os (un 3,7% en 2009).

As¨ª que la meta del Gobierno descansa en el recorte de plantilla por la v¨ªa de no cubrir vacantes, aunque las amplias excepciones del acuerdo cuestionan tambi¨¦n esta medida. Aqu¨ª es donde entran en juego las comunidades y ayuntamientos. En teor¨ªa, los l¨ªmites a la reposici¨®n de vacantes que se incluyen en los Presupuestos del Gobierno central tambi¨¦n operan en las cuentas del resto de administraciones. Pero el acuerdo excluye a "servicios sanitarios, educativos y de atenci¨®n a la dependencia", competencias que recaen en los Gobiernos aut¨®nomos. Y a "las corporaciones locales inferiores a 50.000 habitantes". No es poco: tres de cada cuatro empleados p¨²blicos trabajan ya para las comunidades y los ayuntamientos. Entre los servicios sanitarios y educativos, en manos auton¨®micas, suman m¨¢s del 40% del personal al servicio de las administraciones.

"Ha habido un trasvase de mano de obra a favor de las comunidades, que adem¨¢s han aumentado el personal por decisiones propias, pero reducir ah¨ª, en servicios p¨²blicos esenciales intensivos en trabajo, como sanidad y educaci¨®n, es muy dif¨ªcil", dice Miguel Gonz¨¢lez, catedr¨¢tico de Econom¨ªa de Granada. Pero no es s¨®lo cuesti¨®n de si cuadran las cuentas para reducir el gasto; tambi¨¦n hay que evaluar las consecuencias. Los sindicatos alertan de una posible p¨¦rdida de calidad en los servicios prestados. Y Jorge Onrubia, experto en organizaci¨®n del sector p¨²blico y profesor de Econom¨ªa en la Complutense, es pesimista: "No s¨®lo es que sea dudoso que se logre el objetivo, es que puede ser hasta peligroso".

Onrubia parte de que si la baja productividad de la econom¨ªa espa?ola es "preocupante", en el sector p¨²blico "es alarmante". Pero no cree que la v¨ªa elegida -reducir los gastos de personal prestando los mismos servicios- sea efectiva. "Ser¨ªa como hacer cirug¨ªa microsc¨®pica a hachazos". Critica que las decisiones se tomen sin "un an¨¢lisis de eficiencia en todas las administraciones", a¨²n pendiente, que permitir¨ªa hacer "una disecci¨®n entre el gasto en retribuciones imprescindible y prescindible". Onrubia recalca que apenas se ha aplicado una pol¨ªtica de incentivos y que cuando se ha hecho, como en la Agencia Tributaria, "est¨¢ mal dise?ada".Pasa a la p¨¢gina siguiente

Entrevista a Rosa D¨ªez