Las reformas que necesitamos

Los ajustes presupuestarios ponen de moda reajustes organizativos de las Administraciones p¨²blicas, la mayor¨ªa de las veces, buscando m¨¢s la apariencia de austeridad que la realidad de una mejora en la eficiencia. Y sin embargo, se puede hacer bien si sabemos qu¨¦ queremos hacer con las Administraciones.

Con crisis o sin crisis las Administraciones p¨²blicas en Espa?a est¨¢n lejos de ser lo que deben ser, a pesar de las islas de modernidad que las salpican. Tenemos la Administraci¨®n que hemos ido heredando como consecuencia solapada de las distintas transformaciones sufridas pero ha faltado, hasta ahora, un plan director, un sentido global, una estrategia y un inter¨¦s pol¨ªtico suficiente para efectuar las reformas oportunas que transformen lo que tenemos en lo que necesitamos.

Nuestra Constituci¨®n procedi¨® a una deconstrucci¨®n profunda de las instituciones administrativas, que pasaron de una dictadura a una democracia, de un pa¨ªs cerrado, a compartir soberan¨ªa con la Uni¨®n Europea y de un Estado con una Administraci¨®n a un Estado organizado en diecisiete Administraciones auton¨®micas, m¨¢s una central. El contexto en que deben actuar ha cambiado de manera tan dr¨¢stica, que no es su tama?o, el volumen de gasto p¨²blico o el n¨²mero de funcionarios lo que se debe revisar, sino sus objetivos, su eficacia y la evaluaci¨®n de su desempe?o.

El Estado auton¨®mico es mucho m¨¢s que transferencias unilaterales de competencias, con suma cero. Es sobre todo un reparto de funciones que altera, de manera radical, las tareas que deben desempe?ar cada una de las Administraciones. Las auton¨®micas no pueden aspirar a convertirse en mini-Estados, as¨ª como la central no debe pretender seguir haciendo lo de siempre, pero con menos medios, dejando de cumplir sus otras obligaciones constitucionales como garantizar la igualdad y la solidaridad en todo el territorio nacional.

Articular mejor la cooperaci¨®n entre Administraciones distintas que forman parte del mismo Estado, exige: la reforma del Senado, la reglamentaci¨®n de la Conferencia de Presidentes y Conferencias Sectoriales, as¨ª como regular los consorcios integrados de gesti¨®n interadministrativa para evitar duplicidades. Debe elaborarse tambi¨¦n un Estatuto del Gobierno y de la Administraci¨®n central que establezca sus deberes, derechos, competencias y financiaci¨®n.

A partir de conocer lo que cada uno tiene que hacer, debe redefinirse la estructura de las Administraciones actuales, para adecuar su tama?o y funcionamiento a las tareas que tenga que hacer cada una. En la Administraci¨®n central se debe impulsar la gesti¨®n profesional de servicios p¨²blicos mediante agencias que tengan objetivos evaluables, creando servicios comunes de compra, contrataci¨®n y personal, ahorrando costes con una sola central donde hoy existe una suma de ministerios, desarrollar la Administraci¨®n electr¨®nica como instrumento de reforma de procedimientos moviendo los bits de informaci¨®n por la red, en lugar de a los ciudadanos entre ventanillas y desarrollar el Estatuto del Empleado P¨²blico implantando la carrera profesional, la evaluaci¨®n del desempe?o y la funci¨®n directiva en una Administraci¨®n no secuestrada por los cuerpos de funcionarios, que combine las exigencias de imparcialidad, m¨¦rito y capacidad en el acceso, con las modernas t¨¦cnicas de gesti¨®n de puestos de trabajo.

Los ciudadanos tenemos derecho a una buena administraci¨®n de la cosa p¨²blica. A tener un portal ¨²nico de acceso electr¨®nico a todas las Administraciones del Estado. A ser considerados clientes, a cuyo servicio se pone la Administraci¨®n, en lugar de subordinados de estas. A exigir que los impuestos sean justos y gastados bien, de manera demostrable. A que la Administraci¨®n sea un motor de progreso, en lugar de una r¨¦mora para el mismo. Hoy, esto es necesario. Pero, adem¨¢s, con las leyes aprobadas la pasada legislatura, ya es posible. Hag¨¢moslo, aunque se pisen algunos callos.

Jordi Sevilla, ex ministro de Administraciones P¨²blicas (2004-2007) y director del Informe "Una reforma para la AGE", del Centro PwC/IE de Sector P¨²blico.