La Xunta evita concretar qui¨¦n debe demoler la urbanizaci¨®n de O Grove

El balance del primer a?o de gesti¨®n de Agust¨ªn Hern¨¢ndez al frente de la Conseller¨ªa de Medio Ambiente, Territorio e Infraestructuras deriv¨® en una rueda de prensa monogr¨¢fica sobre la resoluci¨®n de la Axencia de Protecci¨®n da Legalidade Urban¨ªstica (APLU) que ordena demoler la urbanizaci¨®n Os Raeiros en el municipio de O Grove. El alcalde de esta localidad, el socialista Jos¨¦ Antonio Cacabelos, advirti¨® a primera hora de ayer que el derribo debe ser cosa de la Xunta, que fue la que, en tiempos de Manuel Fraga, autoriz¨® la licencia para levantar un apartotel al pie de la playa que concluy¨® con la edificaci¨®n de 52 chal¨¦s alineados.

Por eso, los periodistas preguntaron a Hern¨¢ndez hasta cuatro veces si su conseller¨ªa estar¨ªa dispuesta a demoler los 52 chal¨¦s de lujo levantados por la promotora Inproin que administra Fernando Varela, hermano del conselleiro de Cultura, Roberto Varela, propietario de una de las viviendas. Pese a las insistentes preguntas, Hern¨¢ndez evit¨® pronunciarse sobre qui¨¦n deber¨ªa dar la orden de que la piqueta entre a ese privilegiado paraje en primera l¨ªnea de costa con vistas a la isla de Ons. Repiti¨® que el expediente seguir¨¢ el mismo tr¨¢mite que el resto de los que instruye la APLU; que "el responsable de derribar la urbanizaci¨®n es su promotor" y que "hay multas coercitivas y, en ¨²ltimo caso, una actuaci¨®n subsidiaria de la Administraci¨®n".

El regidor duda de la demolici¨®n: "Viven personalidades muy importantes"

La promotora anuncia recurso contra Legalidade Urban¨ªstica

No obstante, Hern¨¢ndez aclar¨® que los responsables de la promotora tienen todo el derecho a defenderse como el resto de los ciudadanos y por eso evit¨® poner fecha a la demolici¨®n, que pende de un recurso que la sociedad Inproin ya ha presentado en el juzgado de lo contencioso administrativo de Pontevedra contra la resoluci¨®n de la APLU. Esta v¨ªa, la judicial, podr¨ªa demorarse unos cuantos a?os en otras instancias, as¨ª que lo m¨¢s probable es que la APLU paralice la ejecuci¨®n de la orden de derribo, que en principio cuenta con tres meses de plazo hasta que resuelvan los juzgados.

Entretanto, el regidor socialista de O Grove record¨® ayer que la licencia fue autorizada por el Gobierno de Manuel Fraga y firmada por el entonces conselleiro de Pol¨ªtica Territorial, el fallecido Xos¨¦ Cui?a.

Adem¨¢s de las connotaciones pol¨ªticas de la demolici¨®n de los 52 chal¨¦s adosados, construidos en clara contradicci¨®n con la Lei do Solo, seg¨²n han resuelto todas las instancias judiciales, Cacabelos advirti¨® de que los costes econ¨®micos de esa operaci¨®n ser¨ªa inasumibles para el Ayuntamiento de O Grove.

Sin embargo, pese a la rotundidad de esta resoluci¨®n urban¨ªstica y la unanimidad, hasta ahora, de los juzgados sobre la ilegalidad de Os Raeiros, el alcalde grovense se mostr¨® esc¨¦ptico sobre c¨®mo y cu¨¢ndo se escribir¨¢ el punto y final de esta historia, que compar¨® con una novela polic¨ªaca. "Creo que es un cap¨ªtulo m¨¢s, pero no el definitivo, porque los afectados podr¨¢n recurrir y alargar¨¢n el proceso hasta encontrar, incluso, alguna otra salida", apunt¨® el regidor, que record¨® que entre los propietarios "hay personalidades muy importantes", adem¨¢s del conselleiro de Cultura.

En su comparecencia de ayer, el conselleiro de Medio Ambiente, Territorio e Infraestructuras, Agust¨ªn Hern¨¢ndez, advirti¨® de que la Xunta no aportar¨¢ fondos para legalizar las pol¨¦micas urbanizaciones de Barreiros, cuya legalidad estudian varios jueces, si no lo hacen los promotores inmobiliarios. Hern¨¢ndez aludi¨® al convenio que ha firmado su departamento con el Ayuntamiento de Barreiros y que todav¨ªa debe ratificar la Diputaci¨®n de Lugo para zanjar el debate: si el gobierno local de Barreiros, que preside el popular Alfonso Fuente Parga, no aporta los siete millones de euros que se propone recaudar de los constructores, la Xunta no invertir¨¢ dinero para dotar de servicios a esas 3.000 viviendas.