Estatuto de ida y vuelta

El parlamento de Castilla-La Mancha decidir¨¢ hoy, con los votos de la mayor¨ªa socialista, la retirada del proyecto de reforma de su Estatuto, depositado hace ya tres a?os en el Congreso para su tramitaci¨®n. La retirada se debe a la reapertura por parte del PP de la discusi¨®n sobre la f¨®rmula en principio acordada en relaci¨®n a la reserva h¨ªdrica de la comunidad. Sin el acuerdo del PP, el proyecto no alcanzar¨ªa en las Cortes la mayor¨ªa absoluta requerida.

Las dificultades para aprobar el nuevo Estatuto no procedieron, en un primer momento, de la falta de acuerdo entre los dos principales partidos, sino de las diferencias de criterio dentro de cada uno de ellos por los intereses concurrentes de las autonom¨ªas en las que gobiernan. El PSOE logr¨® controlar las suyas, pero en el PP se han ido reabriendo de manera recurrente.

El texto del Estatuto ahora abandonado conten¨ªa disposiciones sobre el agua del Tajo a las que se opusieron las comunidades de Murcia y Valencia, ambas con Ejecutivos populares. El PP de Castilla-La Mancha, por su parte, las hab¨ªa apoyado en el Parlamento auton¨®mico. Pero la dirigente regional que tom¨® en su d¨ªa esta decisi¨®n, Mar¨ªa Dolores de Cospedal, se convirti¨® poco despu¨¦s en la n¨²mero dos del PP nacional. Cualquier movimiento del PP favorable a las reclamaciones de Murcia y Valencia se hac¨ªa, entonces, a expensas de la autoridad de Cospedal; este enfrentamiento es el que, finalmente, ha acabado con el acuerdo PP-PSOE.

Un acuerdo que, por lo dem¨¢s, fue posible en su d¨ªa gracias a que socialistas y populares acercaron posiciones sobre la decisiva cuesti¨®n del agua, prescindiendo de la fecha de caducidad para el trasvase Tajo-Segura que preve¨ªa el texto y sustituy¨¦ndola por una reserva h¨ªdrica de 6.000 hect¨®metros c¨²bicos, luego rebajada a 4.000. Era la misma f¨®rmula que la aprobada en el Estatuto de Arag¨®n, que cont¨® con el visto bueno de ambos partidos. Pero a ¨²ltima hora, y por presiones del Gobierno de Murcia, el PP sustituy¨® esa f¨®rmula por una menos comprometida que se limitaba a registrar que el Gobierno de Castilla-La Mancha fijaba en 4.000 hect¨®metros las necesidades h¨ªdricas de la regi¨®n.

Cualquiera de las f¨®rmulas supone en todo caso forzar la norma constitucional que atribuye al Estado la competencia sobre las cuencas que afectan a m¨¢s de una comunidad. El argumento de Barreda es, sin embargo, que no puede negarse a Castilla-La Mancha lo que ya se ha aceptado para Arag¨®n. Una vez aprobado por el Parlamento auton¨®mico, el Estatuto de Castilla-La Mancha ingres¨® en un injustificable limbo procedimental en el que ha permanecido durante tres a?os. La retirada no es una buena noticia. No s¨®lo porque el regreso al anterior texto auton¨®mico se percibe como un fracaso que har¨¢ que su reforma vuelva a plantearse tarde o temprano; tambi¨¦n porque la cuesti¨®n del agua seguir¨¢ siendo un obsesivo asunto pol¨ªtico que entorpecer¨¢ las relaciones entre Castilla-La Mancha y las comunidades lim¨ªtrofes.