Un negativo condominio bipartidista

La evoluci¨®n electoral registrada en las ¨²ltimas d¨¦cadas ha convertido el sistema pol¨ªtico espa?ol en un condominio de dos grandes partidos, con unas motas de color perif¨¦ricas en Galicia, Euskadi y Catalu?a. Pero este no era el modelo de pluralismo que se pretend¨ªa instaurar y el que se aspiraba a configurar en las instituciones del Estado a medida que se desplegara la Constituci¨®n.

El advenimiento de la democracia trajo un parlamento en el que hab¨ªa seis fuerzas con mucho peso pol¨ªtico: UCD, PSOE, PCE, AP, CiU y PNV. El consenso entre todas ellas es lo que configur¨® la Constituci¨®n y, con ella, tambi¨¦n la idea de que un Tribunal Constitucional velar¨ªa por el respeto a su esp¨ªritu en las futuras leyes.

El reconocimiento de que Rajoy tiene la llave del Tribunal Constitucional implica admitir que no es independiente

En la posterior evoluci¨®n hacia el bipartidismo radica el origen de la desnaturalizaci¨®n y secuestro del Tribunal Constitucional, que el PP mantiene como reh¨¦n desde 2007 hasta que le dicte una sentencia a su favor sobre el Estatuto de Catalu?a.

La composici¨®n del Tribunal Constitucional es uno de los principales asuntos en los que el consenso entre aquellas seis fuerzas con peso pol¨ªtico relevante, aunque desde luego no igual, fue sustituido a partir de 1982 por el rodillo del bipartidismo. Empez¨® entonces una evoluci¨®n negativa, tendente a reducir m¨¢s y m¨¢s el pluralismo del tribunal con relaci¨®n al consenso inicial. Esta tendencia no ha hecho m¨¢s que empeorar con el paso del tiempo, ayudada por otras circunstancias que tambi¨¦n empujan al conjunto del sistema hacia el bipartidismo.

Esta din¨¢mica se da, adem¨¢s, en otras instituciones del Estado, como el Consejo General del Poder Judicial, por ejemplo. As¨ª es como el reflejo del pluralismo pol¨ªtico e ideol¨®gico de la sociedad ha quedado reducido en ellas a la formaci¨®n de dos bandos, bautizados como progresista y conservador, en funci¨®n de que sus integrantes debieran la propuesta de designaci¨®n al PSOE o al PP.

Que de 12 magistrados del Tribunal Constitucional haya cuatro en pr¨®rroga desde 2007 m¨¢s una vacante por fallecimiento se debe a que la renovaci¨®n de estas plazas decantar¨ªa levemente la mayor¨ªa hacia el bando progresista. Y el presidente del PP, Mariano Rajoy, ya ha advertido de que no habr¨¢ renovaci¨®n del Tribunal Constitucional sin que, previamente, es decir, con su mayor¨ªa, se dicte sentencia sobre el Estatuto catal¨¢n.

Estando as¨ª las cosas, es de una elemental prudencia que el presidente de la Generalitat, Jos¨¦ Montilla, haya decidido entrevistarse con Rajoy para tratar este asunto. El l¨ªder del PP es, al fin y al cabo, quien tiene la llave del Tribunal. Pero el reconocimiento de esta realidad conlleva la aceptaci¨®n de la crisis del Tribunal como ¨®rgano independiente.

Esta agitada peripecia del Estatuto ha servido ya para poner de manifiesto que el sistema pol¨ªtico ha evolucionado en importantes aspectos en direcci¨®n distinta a la querida por los constituyentes y es susceptible de provocar crisis de enorme calado. Ahora mismo est¨¢ en juego no s¨®lo un estatuto votado por la ciudadan¨ªa de Catalu?a. Tambi¨¦n lo est¨¢ la legitimidad del ¨¢rbitro, un Tribunal Constitucional, cuestionado porque su composici¨®n est¨¢ siendo manipulada con fines descaradamente sectarios por uno de los dos grandes partidos espa?oles.

Espa?a no es hoy en d¨ªa esa pel¨ªcula en blanco o negro, con buenos y malos, progresistas y conservadores sin mayores matices, centralistas y anticentralistas. Si se hubiera querido un sistema pol¨ªtico con estas caracter¨ªsticas, la Constituci¨®n habr¨ªa sido otra, con otros juegos de contrapeso y otras formas de reflejar equilibrios sociales, ideol¨®gicos y territoriales.

Lo cierto es que el actual Tribunal Constitucional muestra ahora mismo la cara negativa de esta evoluci¨®n. Sea cual sea la sentencia sobre el Estatuto, ser¨¢ un tejemaneje bipartidista. Lo ¨²nico que puede detener la p¨¦rdida de legitimidad en curso ser¨ªa la vuelta a un modelo de consenso como el de 1978, es decir, orientado a acoger toda la pluralidad ideol¨®gica, social y territorial realmente existente en Espa?a. Parece que la v¨ªctima vaya a ser el Estatuto catal¨¢n. Pero si es as¨ª, ser¨¢ s¨®lo el principio.