La dependencia s¨ª es sostenible

Este pasado Primero de Mayo se han cumplido 40 meses desde la entrada en vigor de la Ley de Promoci¨®n de la Autonom¨ªa Personal y Atenci¨®n a las Personas en Situaci¨®n de Dependencia, normativa que tuve el honor de impulsar durante mi etapa al frente del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. Cumpl¨ªamos as¨ª con dos de los principales compromisos con los que el PSOE hab¨ªa concurrido a las elecciones generales de marzo de 2004: aprobar una Ley B¨¢sica de protecci¨®n a las personas dependientes y una Red de Servicios Sociales dirigida a atenderlos, y crear un Sistema para la Autonom¨ªa y Atenci¨®n a la Dependencia (SAAD), que, tras el Sistema Nacional de Salud, el sistema educativo y el sistema de pensiones, que fueron desarrollados durante la d¨¦cada de los ochenta, se convert¨ªa en el cuarto pilar del Estado de bienestar.

Hoy 546.610 personas dependientes disfrutan de alguna prestaci¨®n

La ley reconoce un nuevo derecho de ciudadan¨ªa: el derecho de las personas que no se pueden valer por s¨ª mismas a ser atendidas por el Estado, que les garantiza, en funci¨®n de su grado de dependencia (moderada, severa o gran dependencia) una serie de prestaciones, las cuales desde entonces pueden ser exigidas administrativa y jurisdiccionalmente.

Cuatro principios inspiraron los pilares en que se sustenta la ley. El primero, el car¨¢cter universal y subjetivo del derecho, que nos es inherente desde que nacemos y al que podemos acogernos a lo largo de nuestra vida, bien por el deterioro f¨ªsico propio de la edad, bien por ser v¨ªctima de enfermedades, accidentes o cualquier otra circunstancia que limite nuestra autonom¨ªa. Precisamente este principio es el que nos llev¨® a crear un sistema de atenci¨®n integral y diferenciado, el SAAD, una red p¨²blica que integra de manera coordinada centros y servicios, p¨²blicos y privados, debidamente acreditados.

En segundo lugar, la promoci¨®n efectiva de la igualdad de g¨¦nero, pues, tradicionalmente, reca¨ªa en la mujer el cuidado de familiares dependientes, un trabajo hasta entonces no remunerado y que limitaba su desarrollo profesional.

En tercer lugar, la dimensi¨®n social de la normativa, la cual, al favorecer el mantenimiento de una mayor autonom¨ªa personal, se convierte en un arma eficaz para luchar contra la soledad, una de las lacras que con mayor resignaci¨®n soportan muchas personas, en especial de avanzada edad.

Y en cuarto lugar, el impulso que supone para la econom¨ªa el desarrollo de la ley, pues, seg¨²n datos del Libro Blanco de la dependencia, la implantaci¨®n del SAAD, que concluir¨¢ en 2015, habr¨¢ permitido crear 263.000 empleos de calidad adicionales, principalmente de profesionales que atienden, en casa o en los centros de nueva construcci¨®n, a las personas dependientes. Actualmente ya, en 2010, y s¨®lo por la implementaci¨®n de la normativa, se han generado alrededor de 100.000 empleos con su correspondiente alta en la Seguridad Social.

En 2004, los recursos que destinaban las administraciones en la atenci¨®n p¨²blica a la dependencia ascend¨ªan globalmente a 2.800 millones de euros, o sea, el 0,33% por del PIB de ese a?o. Seg¨²n el Libro Blanco de la dependencia, el despliegue alcanzado ya en 2010 de la red del SAAD, y su mantenimiento, supone, a d¨ªa de hoy, un gasto aproximado de 6.000 millones de euros (la suma entre las aportaciones del usuario y la inversi¨®n del Estado y las comunidades aut¨®nomas, CC AA). Esta cantidad equivale al 0,57% del PIB (del ¨²ltimo trimestre de 2009). Esta perturbaci¨®n tan positiva en la econom¨ªa permitir¨¢ a?adir, a mayores, un 0,34% al crecimiento estimado del PIB para este a?o. Y, seg¨²n la memoria econ¨®mica de la propia normativa sobre dependencia y, de acuerdo a datos manejados por instituciones como la Fundaci¨®n de Estudios de Econom¨ªa Aplicada (FEDEA), el Estado (Administraci¨®n General y CC AA) podr¨¢n recuperar, v¨ªa tasa de retorno por cotizaciones a Seguridad Social, impuestos, etc¨¦tera, hasta dos tercios de la inversi¨®n, lo que garantiza la viabilidad del SAAD.

La sostenibilidad del sistema est¨¢, pues, plenamente garantizada por la propia ley, que establece que los beneficiarios participar¨¢n en la financiaci¨®n del mismo en funci¨®n de su renta y patrimonio, de manera por tanto justa y equilibrada. Ning¨²n beneficiario dejar¨¢ de recibir atenci¨®n por falta de recursos.

La Ley de Dependencia est¨¢ poniendo as¨ª a prueba la madurez del Estado descentralizado que nos dimos en la Constituci¨®n de 1978, pues el sistema s¨®lo es posible gracias a la cooperaci¨®n del Estado con la Administraci¨®n regional y local, titulares de las competencias de servicios sociales.

El esfuerzo de todos ha merecido la pena. Hoy en d¨ªa, 546.610 personas dependientes ya disfrutan de alguna de las prestaciones del cat¨¢logo (atenci¨®n en residencia, centros de d¨ªa, teleasistencia, ayuda a domicilio, etc¨¦tera) y otras 250.376 tienen reconocido el derecho a recibirla a medida que se vaya implantando el sistema.

Jes¨²s Caldera es vicepresidente de la Fundaci¨®n IDEAS.