Divanes en los juzgados
La contribuci¨®n jur¨ªdica de Baltasar Garz¨®n a la causa de los derechos humanos no ha tomado cuerpo a trav¨¦s de sentencias dictadas por tribunales colegiados, sino mediante un solitario trabajo como instructor durante m¨¢s de 20 a?os en la Audiencia Nacional. Sin duda, la experiencia aconseja la peri¨®dica revalidaci¨®n de los nombramientos para el desempe?o de cargos -electorales o administrativos- dotados de poder y margen de discrecionalidad, as¨ª como la limitaci¨®n de sus mandatos; pero en este caso el car¨¢cter casi vitalicio del destino judicial es obra del legislador. En cualquier caso, la ejecutoria de Garz¨®n es impresionante: los cr¨ªmenes de Pinochet y de la Junta argentina, la investigaci¨®n sobre los GAL, el desmantelamiento de ETA, las redadas de Al Qaeda, el narcotr¨¢fico, el crimen organizado, la corrupci¨®n pol¨ªtica y la delincuencia financiera de cuello blanco dan t¨ªtulo a sus sumarios.
Los procedimientos contra el juez Garz¨®n est¨¢n impulsados por motivaciones diversas
Las polarizadas opiniones -laudatorias o difamatorias- sobre Garz¨®n han pasado demasiadas veces de la idolatr¨ªa a la fobia (y viceversa) a lo largo de estas dos d¨¦cadas. En 1993 su popularidad como juez le convirti¨® en objeto del deseo electoral de los socialistas, que le incluyeron como n¨²mero 2 por Madrid -casi como ¨¢lter ego de Felipe Gonz¨¢lez- en un gesto de oportunismo pol¨ªtico que les saldr¨ªa caro. La furiosa campa?a de la derecha contra el magistrado convertido en diputado del PSOE se transform¨® en empalagosa adulaci¨®n cuando Garz¨®n -humillado por la encerrona de una carrera pol¨ªtica sin horizontes- regres¨® a la judicatura a mediados de 1994 y reanud¨® la instrucci¨®n del caso Marey, que desembocar¨ªa en la condena por el Supremo del ex ministro Barrionuevo y del ex secretario de Estado Vera. El n¨²cleo duro del Ministerio socialista de Justicia e Interior encabezado por el juez Juan Alberto Belloch (donde figuraban como viceministra Margarita Robles, vocal del CGPJ que ha suspendido en sus funciones a Garz¨®n, y como asesor Luciano Varela, que acaba de abrir su juicio oral en el Supremo) nunca olvidar¨ªa ese episodio. Pero el PP, que aplaudi¨® hasta con las orejas la instrucci¨®n del caso Marey, tampoco le perdona ahora la instrucci¨®n del caso G¨¹rtel.
?Cu¨¢les son los motivos del chaparr¨®n de querellas (nada menos que tres imputaciones de prevaricaci¨®n inexistentes) admitidas por el Supremo en menos de 10 meses? El hecho de que la primera querella est¨¦ relacionada con el debate sobre las competencias -m¨¢s que dudosas- de la Audiencia Nacional para exhumar los restos de los paseados en la zona rebelde durante la Guerra Civil, enterrados clandestinamente en cunetas y descampados, ha sido considerado como una prueba irrefutable de que las actuaciones del Supremo y del CGPJ (presididos ambos por un ineficaz y p¨ªo templa gaitas -ex presidente de la Audiencia Nacional- designado por Zapatero) contra Garz¨®n tienen como ¨²nico objetivo impedir el castigo de los cr¨ªmenes franquistas.
Pero esa tesis ofrece demasiados flancos a la cr¨ªtica, adem¨¢s de reservar a Garz¨®n el inc¨®modo papel del tribuno salvador tomado a chacota por La Internacional. La materia de las otras dos querellas (la financiaci¨®n de un curso acad¨¦mico y el caso G¨¹rtel) son ajenas al franquismo. De a?adidura, el principio de legalidad penal, la prescripci¨®n de los delitos y el fallecimiento de sus presuntos autores, la irretroactividad de las leyes penales desfavorables, la equivocada traslaci¨®n a la Espa?a republicana de la figura de los desaparecidos en el Cono Sur, la Ley de Amnist¨ªa de 1977 y la doctrina predominante en el Derecho Internacional Penal sobre los delitos contra la Humanidad cierran cualquier posibilidad razonable a la perseguibilidad penal de los cr¨ªmenes de los militares sublevados en 1936. Sin embargo, no s¨®lo contin¨²an abiertas las investigaciones hist¨®ricas sobre aquellas horribles matanzas, sino que adem¨¢s existe una v¨ªa jur¨ªdico-administrativa de la llamada Ley de Memoria Hist¨®rica para exhumar los restos de las v¨ªctimas y rendir homenaje a su memoria.
Seguramente las ruindades, miserias y envidias corporativistas dentro de la magistratura juegan un papel significativo en la campa?a contra Garz¨®n. La atracci¨®n irreprimible por los escenarios iluminados, la necesidad compulsiva de adulaci¨®n period¨ªstica, el apetito insaciable de gloria y los celos rencorosos por los ¨¦xitos ajenos son frecuentes no s¨®lo en la pol¨ªtica sino tambi¨¦n en la judicatura. Pero el Estado no podr¨ªa -sobre todo en tiempos de crisis- instalar divanes en todos los juzgados para que un cuerpo de psicoanalistas de plantilla diesen terapia y alivio a las pulsiones irracionales de los magistrados que lo solicitaran.
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