El Gobierno busca m¨¢s ingresos en el sistema portuario
La ley deja la carga en manos de sociedades mercantiles
Dentro de las reforma estructurales que llevan a?os reclamando los empresarios figura la liberalizaci¨®n de los puertos y su potencial negocio. Y es que los puertos de titularidad estatal mueven ni m¨¢s ni menos que el 85% de las importaciones espa?olas y el 50% de las exportaciones, da trabajo de forma directa a m¨¢s de 35.000 personas y su actividad representa el 1,1% del producto interior bruto (PIB) espa?ol.
Esta semana, el Congreso de los Diputados ha sacado adelante con el apoyo del PSOE y del PP el dictamen del proyecto de ley de servicios portuarios, que da una vuelta al sistema: liberaliza los servicios de carga y descarga y flexibiliza -aunque de forma limitada- las tarifas.
El dogma que aseguran haber asumido las administraciones en este periodo de estrecheces presupuestarias es la b¨²squeda de la eficiencia. Y la nueva ley de Puertos, que se debe tramitar ahora en el Senado, se atreve a incorporar el compromiso econ¨®mico de alcanzar una rentabilidad anual del 2,5% para todo el sistema portuario y deben contribuir a ellos todas las autoridades portuarias, explica el Ministerio de Fomento.
Este proceso ha afrontado todo un reguero de huelgas y protestas de los estibadores, aunque los socialistas se hayan comprometido al mantenimiento del empleo. El modelo de gesti¨®n de la estiba ser¨¢ ¨²nico y articulado a trav¨¦s de sociedades mercantiles privadas, pero con capacidad de supervisi¨®n de las Autoridades Portuarias para evitar distorsiones en el funcionamiento y competencia leal.
La ley tambi¨¦n mantiene una estructura ¨²nica para las tasas portuarias con bonificaciones regladas y un coeficiente corrector para cada puerto. El ministro de Fomento, Jos¨¦ Blanco, lo ha traducido como un paso apara que los puertos sean "m¨¢s competitivos para la iniciativa privada" y "m¨¢s competitivos en una econom¨ªa global".
Sin embargo, la normativa ha disgustado a los partidos nacionalistas, que, con menos ruido que en la batalla por la gesti¨®n de los aeropuertos, acusan a los partidos mayoritarios de mantener un modelo centralista de gesti¨®n.
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