El gobierno de los jueces

El Consejo General del Poder Judicial nombra, entre otros, a los presidentes de los tribunales y a los magistrados del Tribunal Supremo y de las salas penales de los Tribunales Superiores de Justicia que tienen, por ejemplo, que enjuiciar a los pol¨ªticos y jueces aforados. Los presidentes son esenciales para el buen funcionamiento de los tribunales; los altos magistrados, para el mantenimiento del consenso social en torno a la justa aplicaci¨®n de la ley.

En el actual debate sobre la crisis institucional y la politizaci¨®n de la justicia hay que incluir la de su c¨²pula de presidentes y magistrados, que viene de la inmemorial crisis del Consejo. Muchos de los nombramientos han sido hechos desde hace a?os con criterios de afinidad pol¨ªtica y clientelismo asociativo. No puede extra?ar, entonces, que con frecuencia se resienta la gesti¨®n de los tribunales y aflore la pol¨ªtica en la aplicaci¨®n de la ley.

Aunque las asociaciones no pueden tener v¨ªnculos con partidos y sindicatos, obran como ambos a la vez

Cuando la crisis institucional de la justicia obedece a causas profundas, la labor de gobernar, no solo la de gobernar a los jueces, consiste en solucionar la crisis institucional, y no solo en reiterar las llamadas al respeto a las instituciones. El respeto tiene que asentarse en la simult¨¢nea voluntad de regenerar las instituciones en crisis.

Conviene aclarar que los nombramientos por afinidad pol¨ªtica y clientelismo se producen fundamentalmente por la influencia de las asociaciones de jueces que siempre han estado m¨¢s representadas en el Consejo del Poder Judicial, es decir, la Asociaci¨®n Profesional de la Magistratura y Jueces para la Democracia y, singularmente, de la mayoritaria APM, cuya sinton¨ªa con el Partido Popular es evidente.

Es ¨²til recordar que los grupos parlamentarios seleccionaron a los vocales judiciales del Consejo de entre aquellos jueces que previamente hab¨ªan sido elegidos por sus propias asociaciones, y que todos los candidatos elegidos por los jueces no asociados fueron ignorados por el Parlamento. El resultado es que 11 de los 12 vocales judiciales pertenecen a las dos asociaciones mencionadas. La politizaci¨®n del Consejo es, por tanto, ante todo corporativa. La responsabilidad del Parlamento fue preterir a los jueces no asociados y fortalecer hasta l¨ªmites incomprensibles en un Estado moderno el poder de dos asociaciones de jueces en el Consejo del Poder Judicial.

Aunque las asociaciones de jueces tienen prohibido tener vinculaciones con partidos y sindicatos, la realidad es que se comportan como ambos a la vez. Como sindicato, la APM ha llegado a convocar una huelga de jueces al pretendido amparo de la legislaci¨®n laboral. Como partido, las asociaciones m¨¢s representadas en el Consejo condicionan todas las medidas trascendentes de la pol¨ªtica judicial, incluso aquellas que no forman parte de sus fines l¨ªcitos, como los nombramientos de la c¨²pula judicial, y, en concreto, dirigen desde hace a?os, con la connivencia c¨®mplice de algunos vocales no judiciales, los pactos para el reparto de las presidencias y altas magistraturas.

A trav¨¦s de aquellos de sus representantes en el Consejo que asumen la funci¨®n de delegados de la asociaci¨®n que los eligi¨® o de alguna de sus corrientes internas, los comit¨¦s directivos de estas asociaciones gobiernan, en realidad, a los jueces. De hecho, la mayor parte de los vocales judiciales del Consejo siguen interviniendo en las reuniones de sus asociaciones, aunque no son asociados, porque no son jueces en activo.

El resultado de este dominio corporativo sobre el gobierno de los jueces es que los, aproximadamente, 4.700 jueces, la mayor parte de ellos no asociados, son gobernados como si fueran un gremio medieval dentro de un Estado moderno. Los dirigentes de las asociaciones que gobiernan realmente a los jueces son, en efecto, elegidos por sus asociados y, a diferencia de los partidos pol¨ªticos, no tienen la obligaci¨®n de someter su pol¨ªtica a la legitimaci¨®n peri¨®dica de los votos de los ciudadanos.

Es urgente terminar con este estado de cosas. Gobernar exige resolver los problemas de la sociedad, y el mal funcionamiento del servicio p¨²blico de la justicia es, sin duda, un problema. El consenso social en torno a las instituciones depende de que sean percibidas por los ciudadanos como leales cumplidoras de sus obligaciones. Tras la esperanza por el nombramiento del presidente del Tribunal Superior de Justicia del Pa¨ªs Vasco, la realidad perversa vuelve a imponerse en el Consejo. Vista la persistencia de los delegados de sus asociaciones o de alguna de sus corrientes en seguir jugando al reparto de las presidencias, incluso las de las salas del Tribunal Supremo, el manifiesto de los jueces que han constituido la Plataforma por la Despolitizaci¨®n de la Justicia tiene raz¨®n cuando reclama la elecci¨®n democr¨¢tica por los jueces de los ¨®rganos de gobierno interno de los tribunales.

Hay muchas formas de garantizar la limpieza de esas elecciones y de incentivar la presencia de jueces no asociados en la c¨²pula judicial. Hoy por hoy, estos son esenciales para su despolitizaci¨®n. A ello deber¨ªa seguir la reforma del sistema de selecci¨®n de los magistrados del Tribunal Supremo y de las salas penales de los Tribunales Superiores de Justicia, as¨ª como del sistema parlamentario de elecci¨®n de los vocales judiciales del Consejo, para que estuviera garantizada la presencia proporcional de jueces no asociados en ¨¦l.

Introducir democracia y aire fresco en el rancio sistema de nombramientos de la c¨²pula judicial es el punto de partida ineludible para hacer la transici¨®n desde un sistema gremial de gobierno de los jueces al de un Estado moderno y para avanzar hacia la despolitizaci¨®n de las altas magistraturas.

Jos¨¦ Manuel G¨®mez-Ben¨ªtez es vocal del Consejo General del Poder Judicial.