Maniobras para librarse del 'caso Millet'
El l¨ªder de la oposici¨®n al Gobierno catal¨¢n, Artur Mas, presidente de Converg¨¨ncia i Uni¨® (CiU), intent¨® el s¨¢bado pasado convertir la ag¨®nica gestaci¨®n de la sentencia del Tribunal Constitucional sobre el Estatuto de Catalu?a en una de aquellas situaciones en las que un cazador mata dos p¨¢jaros de un tiro. Lo hizo de forma que el beneficiario de la caza fuera, tambi¨¦n, la propia federaci¨®n nacionalista catalana, aunque, en este caso no era el cazador. Mas propuso que si el tribunal recortase el Estatuto, como daba por seguro que iba a ocurrir, el presidente de la Generalitat, Jos¨¦ Montilla, convocara elecciones auton¨®micas. Es decir, disolviera el Parlament y llamara a los ciudadanos a las urnas para la fecha m¨¢s pr¨®xima posible, que deber¨ªa ser a la vuelta de las vacaciones de verano. El adelanto electoral estar¨ªa justificado, a juicio de Mas, porque con ¨¦l dar¨ªa al electorado catal¨¢n la oportunidad de manifestar su rechazo o su apoyo a la sentencia dando o negando su voto a los partidos que han defendido el Estatuto.
El adelanto electoral pedido por Mas abortar¨ªa la investigaci¨®n parlamentaria del 'caso Millet' que afecta a CiU
La petici¨®n de Mas, que en anteriores ocasiones hab¨ªa sido tambi¨¦n formulada por el secretario general de CiU, Josep Antoni Duran Lleida, ten¨ªa la virtud de dar todav¨ªa m¨¢s trascendencia a una sentencia ya de por s¨ª pol¨ªticamente muy relevante. El tribunal pasaba a tener no solo la responsabilidad que le corresponde, la de pronunciarse sobre las leyes, sino tambi¨¦n la de cargarse de rebote al Gobierno catal¨¢n de turno.
La toma de posici¨®n de Mas ha sido, sin embargo, interpretada por los tres partidos que forman el Gobierno de la Generalitat, en otra clave pol¨ªtica, muy distinta y alejada del Estatuto y su constitucionalidad. La han recibido como un nuevo intento de CiU de poner fin a la investigaci¨®n parlamentaria en curso estos d¨ªas sobre el caso Palau, el otro gran asunto que en las ¨²ltimas semanas monopoliza la atenci¨®n pol¨ªtica en Catalu?a.
A medida que estas investigaciones avanzan, van apareciendo datos, documentos, declaraciones y silencios que comprometen m¨¢s y m¨¢s a CiU en el traj¨ªn de importantes cantidades de dinero entre el fact¨®tum del Palau de la M¨²sica y el Orfe¨® Catal¨¤, F¨¨lix Millet, y determinadas empresas constructoras que trabajaban para la Generalitat en la etapa de los gobiernos de CiU presididos por Jordi Pujol. Un tri¨¢ngulo, el formado por Millet, CiU y ciertas empresas que, m¨¢s all¨¢ de los beneficios particulares que el propio Millet confes¨® haber obtenido, se revela cada d¨ªa un poco m¨¢s como un nuevo caso de financiaci¨®n irregular de un partido pol¨ªtico.
Tras el desconcierto inicial provocado por el inesperado estallido del caso Millet, la respuesta de CiU se orient¨® a desactivarlo intentando poner el foco sobre un aspecto lateral que afectaba al Ayuntamiento de Barcelona y al Gobierno catal¨¢n, el proyecto de construcci¨®n de un hotel junto al Palau de la M¨²sica, cuya conveniencia y tramitaci¨®n ha sido muy controvertida. Hasta el extremo de que, finalmente, ha sido desechada. En s¨ªntesis, CiU intent¨®, primero, descalificar la investigaci¨®n parlamentaria afirmando que se trata de una persecuci¨®n pol¨ªtica del primer partido de la oposici¨®n orquestada por el Gobierno de izquierdas. Despu¨¦s, intent¨® convertir el caso Millet, en el caso del hotel, como si unas decisiones urban¨ªsticas y administrativas pol¨¦micas adoptadas por dos instituciones gobernadas tambi¨¦n por la izquierda tuvieran el mismo significado y alcance que la presunta financiaci¨®n ilegal de un partido. Los partidos de la izquierda han interpretado que la propuesta de adelanto electoral con la excusa de la sentencia sobre el Estatuto lanzada por Mas es, en realidad, una maniobra, la tercera l¨ªnea defensiva levantada por CiU para librarse del caso Millet m¨¢s que una respuesta a la decisi¨®n del Tribunal Constitucional. Y la han rechazado.
La sospecha de que se trataba de una excusa se basa tambi¨¦n en que, a estas alturas de la legislatura, que finaliza el 1 de noviembre, un eventual anticipo de las elecciones s¨®lo ser¨ªa, en la pr¨¢ctica, un adelanto de dos o tres meses, con lo que, en realidad, la respuesta de los electores al Constitucional que Mas afirmaba perseguir con ¨¦l podr¨¢ producirse igualmente.
La sentencia del Tribunal Constitucional sobre el Estatuto est¨¢ destinada a tener un fuerte impacto sobre el debate pol¨ªtico catal¨¢n, de manera que, probablemente, relegar¨¢ el caso Millet a un segundo plano. Aunque no tanto como para cerrar la investigaci¨®n parlamentaria. Habr¨¢ que ver qu¨¦ sale finalmente de ella.
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