Tras la sentencia y desde Catalu?a

Con desconcierto, suspicacia y escepticismo, los abajo firmantes hemos aguardado durante a?os la sentencia del Tribunal Constitucional. Hace escasos d¨ªas hemos conocido el fallo. Las reacciones registradas en Catalu?a y en Espa?a indican que no solo no ser¨¢ la soluci¨®n, sino que enconar¨¢ el ¨²ltimo problema que Espa?a todav¨ªa tiene pendiente de entre los planteados a comienzos del siglo XX: a saber, la articulaci¨®n constitucional de un Estado capaz de integrar c¨®modamente y reconocer francamente su car¨¢cter plurinacional. Esta ha sido siempre la cuesti¨®n m¨¢s candente y conflictiva en aquellos momentos de la historia contempor¨¢nea en los que Espa?a ha recuperado la libertad pol¨ªtica: la Segunda Rep¨²blica en 1931 y la transici¨®n a la democracia en 1977.

Se impone una reforma de car¨¢cter federal. El modelo de Estado de las autonom¨ªas est¨¢ agotado

Espa?a no es solo un Estado, es una vieja naci¨®n. Y Catalu?a tiene su conciencia de naci¨®n

A la espera de este fallo, hemos asistido al creciente desencuentro entre amplios sectores de la opini¨®n catalana y un no menos amplio sector de la opini¨®n p¨²blica espa?ola. Preocupados por esta deriva, como meros ciudadanos y sin ostentar ni arrogarnos representaci¨®n alguna, queremos dejar constancia de nuestro punto de vista.

La Constituci¨®n de 1978, fruto del pacto de la transici¨®n, intent¨® resolver aquel problema mediante la creaci¨®n del llamado Estado de las autonom¨ªas. Este modelo parec¨ªa constituir el embri¨®n de un proyecto que integrara mejor las aspiraciones catalanas y contuviera algunos aspectos claramente federales.

El modelo intuido se corrigi¨® de manera radical tras el refer¨¦ndum andaluz de 1980 y el fallido golpe de estado de 1981. Se consagr¨® la pol¨ªtica del "caf¨¦ para todos" al equiparar a todos los reg¨ªmenes auton¨®micos, con las notables excepciones del Pa¨ªs Vasco y de Navarra. No censuramos aquella generalizaci¨®n. Pero no aceptamos que sea utilizada ahora como pretexto para oponerse a un desarrollo plurinacional y federalizante del Estado de las autonom¨ªas.

Porque, a un cuarto de siglo de su vigencia y a la vista de la experiencia, parec¨ªa necesaria una reforma de la constituci¨®n. Se hab¨ªa propuesto la conversi¨®n del Senado en una aut¨¦ntica c¨¢mara territorial, la consolidaci¨®n efectiva de ¨®rganos verticales y horizontales de colaboraci¨®n, el establecimiento de un sistema de financiaci¨®n que evitase un desorbitado drenaje de recursos de las comunidades m¨¢s desarrolladas y la demarcaci¨®n n¨ªtida de las respectivas competencias entre Estado y Comunidades Aut¨®nomas.

Esta posible reforma constitucional choc¨® -gobernando el Partido Popular- con una voluntad involucionista sedicentemente liberal, neocentralista y fuertemente impregnada de nacionalismo espa?ol. Ello provoc¨®, en Catalu?a, la b¨²squeda de una salida alternativa mediante una reforma estatutaria que evitase la continuada erosi¨®n competencial, obtuviera un mayor reconocimiento simb¨®lico y perfilase un sistema de financiaci¨®n m¨¢s equitativo, equiparable al vigente en los Estados federales de referencia.

Esta reforma del Estatuto catal¨¢n -cuyo proceso se desarroll¨® con arreglo a todos los formalismos prescritos por la Constituci¨®n- sorte¨® a trancas y barrancas todo tipo de obst¨¢culos, errores y emboscadas. Pero se desgast¨® a los ojos de la opini¨®n catalana e irrit¨® a la opini¨®n p¨²blica espa?ola. Expresi¨®n de un problema pol¨ªtico de mayor alcance, acab¨® en manos de un Tribunal Constitucional poco dotado o poco dispuesto para encontrar una salida pacificadora al conflicto. Al contrario, consigui¨® exacerbarlo con sus maniobras y dilaciones.

Una grave crisis econ¨®mica (anterior en el tiempo y distinta en las causas a la crisis financiera internacional, aunque agudizada por esta) se encabalga ahora sobre una crisis pol¨ªtica no menos profunda ante la que ni el Gobierno del Estado ni la oposici¨®n han reaccionado con suficiente altura de miras.

Todo ello ha hecho crecer en Catalu?a la desafecci¨®n por la pol¨ªtica. Pero tambi¨¦n respecto de una idea de Espa?a que provoca a menudo la indiferencia de unos y el rechazo de otros. Habida cuenta de la l¨®gica reciprocidad de afectos y desafectos, ha aumentado tambi¨¦n en Espa?a el sentimiento de hast¨ªo respecto a lo que se considera una permanente insatisfacci¨®n catalana, generadora -seg¨²n suele afirmarse- de una demanda interminable que se concibe como una obsesiva historia de nunca acabar. No escapan a estas reacciones de desafecci¨®n y de hast¨ªo algunos n¨²cleos intelectuales catalanes y espa?oles, anta?o unidos por un voluntarista y formalmente cordial deseo de concordia compartida y hoy m¨¢s alejados por la incomprensi¨®n o el recelo.

Parece excesivo confiar en que el fallo del Tribunal ponga fin al largo debate sobre el Estatuto. M¨¢s excesivo todav¨ªa es creer que vaya a "cerrar el modelo de estado" inspirado en la Constituci¨®n, como se ha dicho a veces y ha repetido ahora el presidente del Gobierno espa?ol. Y pr¨¢cticamente inimaginable es que el fallo vaya a terminar con la cuesti¨®n hist¨®rica planteada entre Espa?a y Catalu?a. Porque se trata de un problema constitutivo profundo. No ser¨¢ posible dar respuesta duradera al problema sin un planteamiento franco y directo. Porque la llamada "conllevancia" no es m¨¢s que una forma de escapismo.

Por todo ello, hay que hacer acopio de coraje y reconocer que el acuerdo pol¨ªtico de 1978 se ha desgastado de manera muy notable. El texto constitucional que lo formalizaba ha perdido legitimidad al no integrar los cambios sociales y pol¨ªticos acaecidos desde entonces. La salida l¨®gica consistir¨ªa en acometer una revisi¨®n constitucional. De otro modo aumentar¨¢ aquella p¨¦rdida de legitimidad.

Si esta reforma se pusiera en marcha, ser¨ªa inevitable admitir los hechos que la historia reitera. Los espa?oles deber¨ªan aceptar, en su caso, que Catalu?a es una naci¨®n, es decir, una comunidad con conciencia clara de poseer una identidad hist¨®rica, una lengua propia y una voluntad de seguir reforzando su personalidad pol¨ªtica. Los catalanes deber¨ªan reconocer, si llega el momento, que Espa?a no es solo un Estado, sino una muy vieja naci¨®n de Occidente de matriz cultural castellana con la que -pese a todas las vicisitudes del pasado- ser¨ªa conveniente para unos y otros mantener una relaci¨®n privilegiada.

Por encima de las reacciones emocionales -que tambi¨¦n forman parte esencial de la pol¨ªtica-, se trata de plantear el problema -no en t¨¦rminos estrictamente jur¨ªdicos- sino en sus t¨¦rminos pol¨ªticos: el dif¨ªcil encaje entre una idea nacional de Espa?a sin capacidad suficiente para absorber y diluir una idea nacional de Catalu?a que, a su vez, no ha pose¨ªdo la fuerza necesaria para emanciparse plenamente de la espa?ola.

?Cu¨¢l ser¨¢ el desenlace? Es imposible saberlo. No depender¨¢ ¨²nicamente de las ex¨¦gesis interpretativas de la sentencia o de las movilizaciones ciudadanas, por h¨¢biles o torpes que sean las primeras y amplias o d¨¦biles las segundas. En todo caso, hay que atender a los datos permanentes que condicionan, pero no determinan el curso de la pol¨ªtica. A la pol¨ªtica corresponde gestionar aquellos datos. Deber¨ªa hacerlo seg¨²n los dictados de la ¨¦tica de la responsabilidad y con la voluntad de arreglo que produce soluciones in¨¦ditas y libres de las hipotecas formales del pasado. ?Cabe explorar nuevos caminos y producir un modelo de convivencia que integre reconocimiento de la plurinacionalidad y din¨¢mica federal? En su momento y con todas sus imperfecciones, el Estado de las autonom¨ªas signific¨® un hallazgo imprevisto. Agotadas hoy sus virtualidades, ?hay qui¨¦n est¨¦ dispuesto a trabajar por una alternativa innovadora?

Josep Maria Bricall es pol¨ªtico y economista; Josep Maria Castellet es cr¨ªtico literario y ensayista; Salvador Giner es presidente del Instituto de Estudios Catalanes; Jordi Nadal es catedr¨¢tico em¨¦rito de Historia Econ¨®mica de la Universidad de Barcelona; Antoni Serra Ramoneda es catedr¨¢tico de Econom¨ªa de la Empresa y Josep Maria Vall¨¨s es ex consejero de Justicia y catedr¨¢tico de Ciencia Pol¨ªtica.