Murcia consuma su rectificaci¨®n y ya no enviar¨¢ a las mujeres a abortar fuera

Despu¨¦s de multitud de llamadas de atenci¨®n, Murcia ha decidido ahora comenzar a aplicar la ley del aborto. La regi¨®n donde se da la mayor tasa de interrupciones voluntarias del embarazo de Espa?a (16,6% por cada 1.000 mujeres frente al 15,8% de Madrid) ya no derivar¨¢ a otras comunidades a sus mujeres a interrumpir su embarazo, como era su intenci¨®n. Ayer, las cl¨ªnicas comenzaron a recibir, adem¨¢s, los sobres con la documentaci¨®n sobre la intervenci¨®n y las ayudas a la maternidad que, obligatoriamente, debe recibir la mujer para poder acceder a la prestaci¨®n.

La consejera de Sanidad murciana, Mar¨ªa ?ngeles Palacios, se reuni¨® ayer con representantes de las cinco cl¨ªnicas de abortos que hay en la regi¨®n. Palacios sosten¨ªa que su comunidad no hab¨ªa tenido tiempo suficiente para prepararse para la entrada en vigor de la nueva ley. Y explicaba que uno de los impedimentos era que las cl¨ªnicas de la regi¨®n no estaban acreditadas para aplicar la nueva norma. Argumento en el que se escudaba para enviar a las mujeres murcianas a abortar fuera. Un razonamiento que le refut¨® el Ministerio de Sanidad.

Ayer, un portavoz de la consejer¨ªa de Sanidad murciana confirm¨® que las mujeres podr¨¢n acudir a interrumpir su embarazo a las cinco cl¨ªnicas acreditadas para ello en la regi¨®n. Estas har¨¢n sobre todo las intervenciones hasta la semana 14, el plazo libre que marca la ley y en el que, adem¨¢s, se producen el grueso de los abortos. "Los casos que no puedan ser atendidos en estos centros privados porque requieran otro tipo de atenci¨®n s¨ª ser¨¢n derivados a otras comunidades", dijo. Y es que, en los hospitales p¨²blicos de Murcia no se realizan abortos. La consejer¨ªa de Sanidad asegura que todos los m¨¦dicos de la p¨²blica son objetores.

Un tema pol¨¦mico, el de los objetores, que tiene su r¨¦plica en la mayor¨ªa de las comunidades. La nueva ley obliga a las autonom¨ªas a determinar cu¨¢ntos m¨¦dicos de la sanidad p¨²blica est¨¢n disponibles para hacer estas intervenciones, lo que obliga a los objetores a pronunciarse. Algunas regiones, como Castilla-La Mancha ya ha creado un registro para cuantificar los profesionales que objetan.

Sin embargo, las asociaciones de m¨¦dicos objetores tachan estos registros de "listas negras". Ayer, la Asociaci¨®n Nacional para el Derecho a la Objeci¨®n de Conciencia declar¨® que se est¨¢ "presionando" a los m¨¦dicos de la p¨²blica para que "no ejerzan ese derecho". S¨®lo el 2% de los abortos se realiza en centros p¨²blicos.