Valencia mostrar¨¢ im¨¢genes de fetos a la mujer que quiera abortar

El Gobierno valenciano, que preside el popular Francisco Camps, har¨¢ pasar a las mujeres que quieran abortar por un trance de "informaci¨®n visual" con el objetivo de disuadirlas. Aprovechar¨¢ para ello el mecanismo de asesoramiento de la nueva Ley de Salud Sexual y Reproductiva previsto en el art¨ªculo 17.4. Pero adem¨¢s de la informaci¨®n escrita sobre las implicaciones m¨¦dicas que marca la norma, las mujeres valencianas ser¨¢n sometidas a un asesoramiento "¨¦tico" que emplear¨¢ "cualquier formato gr¨¢fico", como v¨ªdeos, fotograf¨ªas de abortos y hasta ecograf¨ªas en tres dimensiones "sobre la formaci¨®n de la vida", explic¨® la consejera portavoz de la Generalitat Valenciana, Paula S¨¢nchez de Le¨®n. Posteriormente su departamento matiz¨® que las im¨¢genes proceder¨¢n de fondos p¨²blicos y se centrar¨¢n en "el proceso de gestaci¨®n".

La norma exige una informaci¨®n "sencilla, clara y objetiva"

"Si la medida vulnera la norma la impugnaremos", dice Olmos

La secretaria general de Pol¨ªticas de Igualdad, Isabel Mart¨ªnez, tild¨® la medida de "coercitiva" y asegur¨® que su departamento vigilar¨¢ el procedimiento valenciano. Lo mismo har¨¢ Sanidad, que aguarda m¨¢s detalles sobre c¨®mo se har¨¢. "Si se da cuando la mujer pida informaci¨®n sobre un aborto, vulnerar¨ªa claramente la ley", dijo Jos¨¦ Mart¨ªnez Olmos, secretario general de Sanidad. "En tal caso, impugnar¨ªamos la medida", a?adi¨®.

La nueva ley del aborto marca que la mujer que solicite informaci¨®n debe recibir un sobre cerrado con datos sobre la prestaci¨®n. La documentaci¨®n incluye una parte com¨²n para toda Espa?a con informaci¨®n sobre ayudas a la maternidad, redactada por el ministerio de Igualdad; y otra que elabora cada comunidad aut¨®noma. Sin embargo, aunque en el marco de sus competencias la parte que cada regi¨®n confecciona es libre, la nueva ley marca que debe ser "sencilla, objetiva y comprensible". Y, sobre todo, que debe ofrecerse "de un modo exento de presi¨®n para la mujer". Algo dudoso en el caso valenciano.

S¨¢nchez de Le¨®n justific¨® ayer la medida con el argumento de que, adem¨¢s del mero asesoramiento m¨¦dico, hay que aportar informaci¨®n "sobre la trascendencia ¨¦tica de la decisi¨®n de abortar". Preguntada acerca de la pretensi¨®n disuasoria de la iniciativa, reconoci¨®: "El Consell trabajar¨¢, en la medida en la que la ley lo permita, para que las personas puedan proteger el derecho a la vida". A nadie se le escapa que el "material gr¨¢fico" anunciado es muy similar al que esgrimen tradicionalmente los grupos antiabortistas en sus protestas contra las cl¨ªnicas autorizadas para practicar la interrupci¨®n voluntaria del embarazo.

La secretaria general de Pol¨ªticas de Igualdad recuerda a Valencia que no puede traspasar los l¨ªmites de la ley ofreciendo informaci¨®n intimidatoria. "No se puede utilizar la ley para coaccionar o tratar de disuadir a las mujeres. Ni hacia un lado ni hacia el otro", dice.

Sanidad estudia la medida valenciana, pero recuerda que, como ha hecho en el caso de Murcia, que en un principio se neg¨® a acatar la ley e incluso aleg¨® problemas t¨¦cnicos, instar¨¢ a cumplirla. "Si no lo hacen, tendr¨ªamos que acudir a los tribunales", dice Mart¨ªnez Olmos, que critic¨® actitudes como la murciana y la valenciana. "Parece que buscan resquicios para tratar de no aplicar la ley de manera correcta", dijo.

Y es que, en el Gobierno valenciano, la nueva ley del aborto no gusta. Su portavoz lament¨® que el Tribunal Constitucional, al aceptar a tr¨¢mite el recurso del PP contra la normativa, no la haya paralizado cautelarmente. Adem¨¢s, anunci¨® que la Generalitat crear¨¢ un "comit¨¦ de expertos" que analizar¨¢ las posibilidades de la normativa para que pueda ampliarse el derecho a la objeci¨®n de conciencia frente al aborto a los "empleados p¨²blicos no sanitarios". No se refiri¨® expl¨ªcitamente a ellos, pero esa objeci¨®n va dirigida a los trabajadores sociales, encargados de informar a las mujeres, algo que dificultar¨ªa enormemente la intervenci¨®n en centros no especializados.

"Si logran hacerlo, muchas mujeres van a sufrir las consecuencias", opin¨® Justa Montero, de la Plataforma de Mujeres en el Congreso. "Abortar no es un plato de gusto y, menos a¨²n, si hay que sortear medidas disuasorias como estas", dijo.

Pero la Comunidad Valenciana ha creado todo un paquete de disposiciones para hacerlo. As¨ª, el Gobierno de Camps crear¨¢ un servicio espec¨ªfico, "no s¨®lo para aplicar el programa M¨¢s Vida (vinculado a organizaciones antiabortistas), sino para contrarrestar o crear alternativas a la ley del aborto". Ese servicio, seg¨²n S¨¢nchez de Le¨®n, tratar¨¢ de "regular y dar respuesta a los conflictos y controversias" que suscite la aplicaci¨®n de la ley. La portavoz de la Generalitat puso como ejemplo un caso en el que una menor de 16 que decida abortar s¨®lo cuente con la autorizaci¨®n de uno de sus progenitores.

Pero la postura del Gobierno de Camps se viene a sumar al de otras comunidades del PP que, desde la entrada en vigor de la nueva ley el lunes, se han dedicado a tratar de boicotearla. El primer d¨ªa, el anuncio de rebeli¨®n fue claro. Al siguiente, la direcci¨®n del PP llam¨® al orden. "La ley del aborto ha entrado en vigor y hay que aplicarla", asegur¨® la portavoz del PP en el Congreso, Soraya S¨¢enz de Santamar¨ªa.