La sentencia abre dudas sobre el modelo ling¨¹¨ªstico educativo

El Tribunal Constitucional no anula el art¨ªculo 35 del Estatuto catal¨¢n, referido a los derechos ling¨¹¨ªsticos en la ense?anza, pero su interpretaci¨®n abre dudas sobre el modelo vigente en las escuelas de Catalu?a. Ese art¨ªculo establece que "el catal¨¢n debe utilizarse normalmente como lengua vehicular y de aprendizaje en la ense?anza", y fija que tanto este como el castellano deben tener "una presencia adecuada en los planes de estudios".

El tribunal aclara que "no cabe pretender leg¨ªtimamente" que la ense?anza se imparta "¨²nica y exclusivamente en una de las dos lenguas cooficiales". "Es constitucionalmente obligado que las dos lenguas cooficiales sean reconocidas (...) como vehiculares", a?ade. Ve leg¨ªtimo eso s¨ª que el catal¨¢n sea el "centro de gravedad de este modelo", pero sin excluir al castellano como lengua docente.

Para el tribunal, el hecho de que el Estatuto solo mencione el catal¨¢n no debe entenderse que obedezca a un "prop¨®sito deliberado de exclusi¨®n" del castellano. El profesor y socioling¨¹ista Albert Branchadell considera que esta sentencia permite, si alguien lo desea, reabrir el debate sobre el modelo ling¨¹¨ªstico educativo. "No legitima totalmente el modelo y permite que sea cuestionado", explica Branchadell, que duda de que el redactado comprometa el texto de la ley educativa catalana pero s¨ª cree que no la blinda.

Otras fuentes educativas interpretan que el tribunal afirma que no puede excluirse el castellano como lengua vehicular "de forma que quede garantizado su conocimiento y uso en el territorio", pero que si se asegura este objetivo no se cuestiona el modelo actual de inmersi¨®n.

S¨ª resulta anulado el art¨ªculo 6.1, que establece el catal¨¢n como lengua de uso normal "preferente de las administraciones p¨²blicas y de los medios de comunicaci¨®n p¨²blicos". El tribunal no discute el concepto de "lengua propia", pero asegura que ello no debe suponer un desequilibrio en el r¨¦gimen de cooficialidad. Declarar preferencias "implica la primac¨ªa de una lengua sobre otra". Los magistrados interpretan que "el deber de conocer el catal¨¢n" que fija ese mismo art¨ªculo no es nulo porque, entienden, no es equiparable al que establece la Constituci¨®n sobre el castellano. No se trata de un deber generalizable, sino exigible individualmente. El hecho de que el art¨ªculo 33, que dibuja los derechos ling¨¹¨ªsticos del ciudadano ante las administraciones p¨²blicas, remita a "lo que establezcan las leyes" permite al tribunal entender que ello supone "la intervenci¨®n, inexcusable y excluyente, del legislador estatal" o del Poder Judicial, por lo que rechaza su anulaci¨®n.

Sobre la "disponibilidad ling¨¹¨ªstica", que el art¨ªculo 34 define como el derecho a ser atendido oralmente y por escrito en la lengua oficial que se escoja, el Constitucional interpreta que este deber de las entidades privadas, empresas o establecimientos abiertos al p¨²blico "no puede significar la imposici¨®n a estas, a su titular o a su personal de obligaciones individuales".