La insumisi¨®n se instala en el poder

La oposici¨®n al Gobierno se hace cada vez m¨¢s desde las comunidades aut¨®nomas. Los l¨ªderes auton¨®micos han asumido como forma habitual de hacer pol¨ªtica el enfrentamiento al Gobierno central. Unas veces lo hacen con la reivindicaci¨®n p¨²blica de posiciones contrarias a las del Gobierno y otras extremas, como ha ocurrido con la ley del aborto, planteando la insumisi¨®n a una norma aprobada en las Cortes. Para esta ¨²ltima opci¨®n, obviamente, no existe la m¨¢s m¨ªnima base legal.

"Algunos presidentes auton¨®micos quieren mantener a la vez la irresponsabilidad de estar en la oposici¨®n y la repercusi¨®n pol¨ªtica y p¨²blica de ostentar su cargo. Se ha perdido la vieja idea del inter¨¦s general", asegura Jordi Sevilla, ex ministro de Administraciones P¨²blicas. La ley del aborto es el caso m¨¢s claro de esa estrategia, porque varias comunidades del PP, encabezadas por Murcia, han pasado de la resistencia pasiva o el entorpecimiento de su aplicaci¨®n a la oposici¨®n activa a la ley, seg¨²n explica la portavoz de Igualdad del PSOE, Carmen Mont¨®n. Se han declarado insumisos, aunque la ley haya sido aprobada con votos de todos los grupos parlamentarios del Congreso, salvo el PP.

Jordi Sevilla: "Hay m¨¢s confrontaci¨®n que cooperaci¨®n. No tiene sentido"

Elorriaga: "Los l¨ªderes auton¨®micos logran as¨ª proyecci¨®n nacional"

PSOE y PP han tratado en vano de aprobar leyes de colaboraci¨®n

El art¨ªculo 155 permitir¨ªa al Estado excepcionalmente etirar competencias

Viene a ser como si el Gobierno espa?ol incumpliera una directiva europea y, adem¨¢s, hiciera p¨²blico su prop¨®sito de hacer caso omiso de su contenido. Todo porque se ha convertido en rentable pol¨ªtica y electoralmente gobernar en las comunidades aut¨®nomas haciendo oposici¨®n al Estado. No es solo la defensa de los intereses particulares de la comunidad cuando no coinciden con los del resto, sino tambi¨¦n el explotar esa actuaci¨®n pol¨ªtica, que se sepa que se discrepa.

No importa que quien gobierne tenga el mismo color pol¨ªtico.Porque hay ejemplos en los dos grandes partidos y, desde luego, entre las formaciones nacionalistas. As¨ª, Jos¨¦ Bono, cuando era presidente auton¨®mico de Castilla-La Mancha y gobernaba Felipe Gonz¨¢lez, se opuso al campo de tiro de Caba?eros y al paso de la autov¨ªa por las Hoces del Cabriel. Y su sucesor, Jos¨¦ Mar¨ªa Barreda, ha seguido la misma senda con el rechazo al trasvase Tajo-Segura cada vez que se aprueba un nuevo caudal para esa obra hidr¨¢ulica en el Consejo de Ministros.

Otro caso llamativo fue la insumisi¨®n de los gobiernos de Madrid y Valencia sobre la asignatura Educaci¨®n para la Ciudadan¨ªa. En Valencia, incluso, el Gobierno auton¨®mico llev¨® al extremo su decisi¨®n de poner palos a las ruedas de la norma estatal al imponer que la materia se impartiera en ingl¨¦s.

Joan Lerma, senador del PSOE, ex presidente valenciano, ex poderoso bar¨®n regional de los socialistas y ex ministro de Administraciones P¨²blicas, sostiene que para encontrar explicaci¨®n "hay que remitirse a lo que fue el origen del Estado de las autonom¨ªas", cuando las comunidades "nacieron desde la reivindicaci¨®n contra el Estado, especialmente desde Catalu?a y el Pa¨ªs Vasco".

Desde entonces, asegura Lerma, los presidentes auton¨®micos prefieren actuar desde el enfrentamiento a Madrid, y ah¨ª encuentran un punto de apoyo para hacer pol¨ªtica.

En su opini¨®n, esta interpretaci¨®n ya no tiene sentido, lo deseable ser¨ªa dejar de actuar desde el enfrentamiento y situar en el primer plano la cooperaci¨®n.

El t¨¦rmino cooperaci¨®n, curiosamente, es utilizado tambi¨¦n por Jordi Sevilla como el que deber¨ªa definir el funcionamiento del Estado auton¨®mico. "Hay m¨¢s confrontaci¨®n que cooperaci¨®n y eso no tiene sentido", asegura Sevilla.

"Hay que recuperar la agenda de la Espa?a plural, porque tenemos un Estado a medio hacer que alienta el 17 m¨¢s uno y no la idea de trabajar juntos en la cooperaci¨®n", asegura. En su mandato como ministro se puso en marcha la Conferencia de Presidentes, aunque no han terminado de cuajar como foro de cooperaci¨®n entre las distintas administraciones.

Curiosamente, los gobiernos del PP y del PSOE han intentado en sus momentos la aprobaci¨®n de leyes de cooperaci¨®n para "ordenar" el Estado auton¨®mico en ese sentido. Y en los dos casos, los proyectos de ley han sido depositados en cajones de los que nunca han vuelto a salir, despu¨¦s de airearse la intenci¨®n de aprobarlos en las Cortes.

Gabriel Elorriaga, diputado del PP, fue como secretario de Estado de Organizaci¨®n Territorial del Estado en el ¨²ltimo Gobierno de Jos¨¦ Mar¨ªa Aznar, el impulsor de la norma que no pas¨® ni siquiera el tr¨¢mite del debate de totalidad por la resistencia de los partidos nacionalistas.

Seg¨²n Elorriaga, "a los presidentes auton¨®micos la confrontaci¨®n les permite encontrar un espacio informativo en el ¨¢mbito nacional, es decir, les proyecta a la pol¨ªtica nacional y por eso es rentable pol¨ªticamente".

A?ade que eso produce un fen¨®meno peculiar de enfrentamiento entre dirigentes de un mismo partido". El caso m¨¢s extremo y singular ser¨ªa el del PSC, que formalmente es un partido distinto del PSOE, pero est¨¢ presente en su Ejecutiva y en el Gobierno.

Las modalidades de insumisi¨®n legal o resistencia a la aplicaci¨®n de leyes estatales tienen distintos grados y van desde la falta de diligencia para aplicar la norma estatal, la aprobaci¨®n de reglamentos de rango inferior que dificultan su desarrollo y, solo en casos muy limitados, el anuncio de no aplicaci¨®n de la norma, como hizo Murcia con la del aborto.

Obviamente, queda la v¨ªa legal e institucional del recurso al Tribunal Constitucional o el conflicto de competencias, pero que no lleva aparejada la suspensi¨®n de la aplicaci¨®n de la ley si el recurrente es el Gobierno auton¨®mico. Solo tiene efectos necesariamente suspensorios si es el Estado quien recurre. Por ejemplo, los parlamentos de La Rioja y Castilla y Le¨®n tienen impugnada la ley que permite recurrir el concierto vasco solo ante el Tribunal Constitucional, pero la norma est¨¢ plenamente en vigor.

Ejemplo de falta de diligencia en la aplicaci¨®n de la norma hasta desvirtuarla es la ley de Dependencia, que fue aprobada por el Congreso y el Senado, pero que deja en manos de las comunidades su aplicaci¨®n y algunas, por falta de recursos o por posici¨®n pol¨ªtica, se resisten a ponerla en marcha. Madrid y Valencia regularon una especie de silencio negativo, seg¨²n el cual si el dependiente no recib¨ªa respuesta quedaba en un limbo administrativo que le dificultaba volver a solicitar su ayuda desde cero.

En la ley del aborto anterior, la Comunidad de Madrid aplic¨® una norma sobre residuos sanitarios para que interviniera el Seprona, la unidad de la Guardia Civil encargada del medioambiente. Y en Navarra, el Gobierno foral logr¨® que no hubiera abortos legales en su comunidad derivando los casos a los hospitales de Arag¨®n, con un convenio entre ambas comunidades que, en la pr¨¢ctica, extend¨ªa la objeci¨®n de conciencia individual hasta hacerla aplicable a todo el colectivo sanitario.

Otra f¨®rmula es la de sortear las decisiones del Gobierno central o las leyes estatales aprobando normas auton¨®micas de inferior rango para sortearlas. Por ejemplo, en 1988 el Gobierno castellanomanchego declar¨® Caba?eros parque natural para frenar la decisi¨®n de Defensa de convertirlo en un campo de tiro. Y Esperanza Aguirre utiliz¨® un decreto auton¨®mico para mitigar la aplicaci¨®n de la ley antitabaco y ahora hay comunidades como Madrid y Valencia que han anunciado leyes de apoyo a la maternidad para interferir en la aplicaci¨®n de la nueva ley del aborto.

En alguno de esos casos, como el de la ley antitabaco en Madrid, la Justicia termin¨® por anular la norma auton¨®mica, por ser contraria a la estatal, abortando el intento de boicot auton¨®mico. En el caso del aborto, a instancias de Nafarroa Bai se incluy¨® una enmienda para garantizar la atenci¨®n dentro de la comunidad aut¨®noma.

Jordi Sevilla sostiene que ese funcionamiento del Estado "fomenta el sentido de la irresponsabilidad, porque sus dirigentes no act¨²an en su papel institucional, sino en el de l¨ªderes pol¨ªticos. Se sienten siempre en la oposici¨®n, en la que se puede ser irresponsable". En su opini¨®n, ese es "un agujero negro de nuestro modelo auton¨®mico" y "el di¨¢logo institucional deber¨ªa hacer que se sientan parte del Estado y abandonen la confrontaci¨®n, para recuperar la vieja idea del inter¨¦s general".

Ese funcionamiento del Estado ha convertido a los presidentes auton¨®micos en contrapoderes del Gobierno central. Y en los partidos los barones regionales han terminado por desempe?ar un papel fundamental. En el PSOE la influencia interna de los barones ha sido siempre un hecho, mientras que en el PP es mucho m¨¢s reciente, hasta el punto de que gran parte de la labor de oposici¨®n la desempe?an en la pr¨¢ctica desde los respectivos gobiernos auton¨®micos. Su poder y capacidad de influencia llenan de hecho el vac¨ªo en la labor de oposici¨®n del PP, hasta liderar la confrontaci¨®n por la subida del IVA, las cajas de ahorros, la educaci¨®n y hasta el aborto.

?Qu¨¦ se puede hacer legalmente si una comunidad incumple una ley de las Cortes o impide su aplicaci¨®n? Joan Lerma asegura que el ¨²nico mecanismo posible es la aplicaci¨®n del art¨ªculo 155 de la Constituci¨®n, seg¨²n el cual una comunidad puede ser requerida para que cumpla la norma y hasta le puede ser retirada la competencia. El art¨ªculo, no obstante, tiene efectos tan devastadores que nunca ha sido aplicado.

"Si una comunidad aut¨®noma no cumpliere las obligaciones que la Constituci¨®n u otras leyes le impongan, o actuare de forma que atente gravemente al inter¨¦s general de Espa?a, el Gobierno, previo requerimiento al presidente de la Comunidad Aut¨®noma y, en el caso de no ser atendido, con la aprobaci¨®n por mayor¨ªa absoluta del Senado, podr¨¢ adoptar las medidas necesarias para obligar a aquella al cumplimiento forzoso de dichas obligaciones o para la protecci¨®n del mencionado inter¨¦s general", asegura este art¨ªculo.

Mariano Bacigalupo Sagesse, profesor de Derecho Administrativo de la UNED, asegura en el an¨¢lisis de la Constituci¨®n de la web del Congreso, que ese art¨ªculo supone "un mecanismo de control subsidiario, de car¨¢cter excepcional o extremo (y alcance incluso coercitivo), para situaciones igualmente excepcionales o extremas, consistentes en el incumplimiento por aquellas de obligaciones impuestas por la Constituci¨®n o las leyes o en actuaciones de las mismas que atenten gravemente al inter¨¦s general de Espa?a". Ese art¨ªculo es casi id¨¦ntico al art¨ªculo 37 de la Ley Fundamental de Bonn, la Constituci¨®n de la Rep¨²blica Federal de Alemania. Seg¨²n Bacigalupo, "el car¨¢cter altamente excepcional del mecanismo previsto en ese art¨ªculo se manifiesta en su, hasta la fecha, inexistente proyecci¨®n pr¨¢ctica o aplicativa".