Rebajas en el medio ambiente

Los indicios son ya concluyentes; o mejor dicho, han dejado de serlo para convertirse en la constataci¨®n que nos tem¨ªamos. En tiempos de crisis siempre hay derechos especialmente damnificados; derechos que van a ser restringidos sin demasiados escr¨²pulos por unos poderes p¨²blicos sometidos a la tiran¨ªa de una crisis indomable.

Sin duda el derecho al medio ambiente es uno de los m¨¢s afectados, junto a otros derechos sociales y laborales que parec¨ªan haber encontrado gracias a la Constituci¨®n y el Estatuto de Autonom¨ªa un nivel de protecci¨®n seguro y sin marcha atr¨¢s posible. Pero las ¨²ltimas reformas de aquellas leyes y normas que intentaban fijar una frontera infranqueable contra la especulaci¨®n urban¨ªstica y el desarrollo irracional demuestran lo contrario. Nuestros representantes pol¨ªticos y los Gobiernos que sustentan han cedido claramente al argumento f¨¢cil de que la crisis econ¨®mica requiere sacrificios en la conservaci¨®n de nuestro entorno natural.

La lista empieza a ser excesivamente larga como para no pensar que se trata de una vulgar coartada para asegurar posiciones en pr¨®ximos comicios electorales, municipales, auton¨®micos e incluso generales. Hablemos, por ejemplo, de la anunciada modificaci¨®n de la Ley de Costas para "legalizar" esa, al parecer, instituci¨®n fundamental de nuestra cultura como son los chiringuitos de playa. Podemos mencionar tambi¨¦n la disminuci¨®n de los niveles de exigencia en las construcciones de los espacios naturales de Andaluc¨ªa. Hay que a?adir sin duda al cat¨¢logo de rebajas medioambientales la reforma del decreto que regula los campos de golf, que permitir¨¢ aceptar m¨¢s f¨¢cilmente construir unas instalaciones siempre dif¨ªciles de compaginar con la conservaci¨®n de recursos h¨ªdricos y naturales, con la excusa de su te¨®rico "inter¨¦s general"; la filosof¨ªa en fin del apartamento en primera l¨ªnea de campo de golf.

Lo peor de esta serie de iniciativas de los Gobiernos central y andaluz es que tienen lugar con unos marcos legislativos y estatutarios que se?alan una orientaci¨®n -deber¨ªa ser vinculante- completamente opuesta. V¨¦ase como pruebas irrefutables, la flamantemente ret¨®rica, si no demuestra lo contrario, Ley de Desarrollo Sostenible del Gobierno del Estado; y por supuesto, la aprobaci¨®n de un Estatuto de Autonom¨ªa especialmente sensible con estos temas, propuesto en su d¨ªa por el Gobierno andaluz. Si de verdad se quiere hacer una pol¨ªtica ambiental coherente con el derecho que nos reconoce la Constituci¨®n y la norma institucional b¨¢sica de Andaluc¨ªa, es necesario cambiar el rumbo. Esta hab¨ªa sido por lo dem¨¢s una de las se?as pol¨ªticas de identidad que marcaban la diferencia con el Partido Popular.

Esta historia tiene un final predecible. Sobre todo si no se pone coto, desde las instancias que representan al conjunto de la ciudadan¨ªa, a aquellos intereses que, quiz¨¢s siendo leg¨ªtimos, est¨¢n propugnando el mismo modelo econ¨®mico que hace a?os convirti¨® a nuestra comunidad en una interminable muralla de cemento a lo largo de sus costas y playas, que permiti¨® similares barbaridades urban¨ªsticas dentro de los mejores espacios naturales de esta tierra, que convirti¨® a Andaluc¨ªa en el se?uelo f¨¢cil de una segunda residencia al borde de un bonito paisaje, tras el cual no se escond¨ªa sino la desidia y el oportunismo del poder pol¨ªtico.

Gerardo Ruiz-Rico es catedr¨¢tico de Derecho Constitucional de la Universidad de Ja¨¦n.