Los toros, con el Constitucional al fondo
La votaci¨®n del Parlament, ma?ana por la ma?ana, sobre la prohibici¨®n de las corridas de toros que incluyan la muerte del animal va a dejar probablemente en segundo plano otros tres asuntos de gran importancia pol¨ªtica que la C¨¢mara aborda en el ¨²ltimo pleno del curso y, probablemente, de la legislatura: la creaci¨®n del ?rea Metropolitana de Barcelona, la de las veguer¨ªas y la votaci¨®n del dictamen de la comisi¨®n de investigaci¨®n sobre el caso Palau.
Es un fin de curso bastante significativo. La votaci¨®n sobre las corridas de toros es un asunto de sensibilidad social al que algunos sectores de opini¨®n intentan dar un plus de carga pol¨ªtica por la v¨ªa de identificar las corridas de toros con la idea de espa?olidad m¨¢s castiza, folcl¨®rica y tradicionalista, cuando no reaccionaria. Esta interpretaci¨®n es, obviamente, un abuso, y adem¨¢s no se corresponde con el objetivo de los promotores de la ley, que son las asociaciones que combaten la crueldad y el maltrato de los animales. Pero lo cierto es que, en un ambiente pol¨ªtico recalentado por el recorte del Estatuto de Autonom¨ªa sentenciado por el Tribunal Constitucional, se ofrece a los diputados catalanes como una tentaci¨®n muy dif¨ªcil de esquivar. ?C¨®mo resistirse a votar a favor de una fiesta de los toros sin crueldad solo tres meses despu¨¦s de la magn¨ªfica fotograf¨ªa de tres de los magistrados del tribunal contrarios al Estatuto fum¨¢ndose un puro mientras esperaban la muerte de los toros en la Maestranza de Sevilla? Cosas de la vida: puede que ma?ana don Pedro Bala?¨¢, el empresario taurino por excelencia, pueda contarse entre las v¨ªctimas del Tribunal Constitucional. Como el Estatuto, pensar¨¢ m¨¢s de un diputado.
enric Company La recuperaci¨®n del ?rea Metropolitana de Barcelona y la creaci¨®n de siete veguer¨ªas, en el ¨²ltimo aliento del tripartito
La recuperaci¨®n de una instituci¨®n de gobierno local para el ¨¢rea metropolitana de Barcelona, una zona que comprende 36 municipios en los que residen m¨¢s de tres millones de habitantes, la mitad de la poblaci¨®n de Catalu?a, era uno de los grandes objetivos del presidente Pasqual Maragall. Con este solo dato ya queda claro que llega tarde y mal. Han tenido que pasar siete a?os desde la llegada de la izquierda al gobierno de la Generalitat para deshacer uno de los entuertos de la etapa del pujolismo, que en 1987 suprimi¨® la entonces denominada Corporaci¨®n Metropolitana de Barcelona para evitar que se le convirtiera en un contrapoder del Gobierno de la Generalitat. Lo que consigui¨® fue empeque?ecer Barcelona, la capital de Catalu?a, justo en el momento en el que Madrid aceleraba su despegue. Ahora, ¨¦chale un galgo.
Este llegar tarde y mal es lo mismo que ocurre con la creaci¨®n de las veguer¨ªas, la otra ley que se aprobar¨¢ en este ¨²ltimo pleno parlamentario de la legislatura. Las futuras veguer¨ªas del Alt Pirineu, Barcelona, Catalunya Central, Girona, Lleida, Tarragona y Terres de l'Ebre llegan recortadas por el Tribunal Constitucional y su creaci¨®n queda, adem¨¢s, pendiente de sendas modificaciones por las Cortes de leyes org¨¢nicas como la que fija los reg¨ªmenes provinciales y la ley electoral general. Es decir, est¨¢n a expensas de lograr unas mayor¨ªas en las Cortes sobre las que no hay garant¨ªas. El proyecto tiene, adem¨¢s, varios avisos de inconstitucionalidad, por lo que es f¨¢cil prever que ser¨¢ fuente de contradicciones y disgustos antes de convertirse en el esquema administrativo sustitutorio de las provincias, que era el sue?o de sus primitivos promotores. Si es que eso llega alg¨²n d¨ªa.
Que estas dos leyes se aprueben, como quien dice, en el ¨²ltimo aliento del tripartito de las izquierdas es una muestra muy expl¨ªcita de las dificultades y contradicciones de todo tipo con que este ha tropezado para aplicar su programa. Pueden quedar en papel mojado seg¨²n cu¨¢l sea la mayor¨ªa que surja de las urnas en las elecciones al Parlament que van a celebrarse en oto?o. Pero tambi¨¦n de las que se formen en los ayuntamientos en las elecciones municipales de 2011.
La otra gran cuesti¨®n que aborda el Parlament en su ¨²ltimo pleno del curso, el dictamen sobre el caso Palau, lleva camino de ser la versi¨®n CiU del caso G¨¹rtel y el caso Fabra, que afectan al PP. Se constata la existencia de pr¨¢cticas en las que se mezcla la obtenci¨®n de beneficios privados ileg¨ªtimos, gracias al disfrute del poder pol¨ªtico, con la financiaci¨®n de los respectivos partidos. El comportamiento deshonesto e inmoral de los pol¨ªticos implicados no afecta para nada, sin embargo, a las expectativas electorales de la casa madre. Se trata de una derrota de la idea de moral p¨²blica a manos, precisamente, de los m¨¢s dados a predicar sobre moral.
Tu suscripci¨®n se est¨¢ usando en otro dispositivo
?Quieres a?adir otro usuario a tu suscripci¨®n?
Si contin¨²as leyendo en este dispositivo, no se podr¨¢ leer en el otro.
FlechaTu suscripci¨®n se est¨¢ usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PA?S desde un dispositivo a la vez.
Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripci¨®n a la modalidad Premium, as¨ª podr¨¢s a?adir otro usuario. Cada uno acceder¨¢ con su propia cuenta de email, lo que os permitir¨¢ personalizar vuestra experiencia en EL PA?S.
En el caso de no saber qui¨¦n est¨¢ usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contrase?a aqu¨ª.
Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrar¨¢ en tu dispositivo y en el de la otra persona que est¨¢ usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aqu¨ª los t¨¦rminos y condiciones de la suscripci¨®n digital.
Archivado En
- Movimiento antitaurino
- Miembros tribunal
- Pedro Bala?¨¢
- Tribunal Constitucional
- Opini¨®n
- Barcelona
- Estatutos Autonom¨ªa
- Tribunales
- Catalu?a
- Corrupci¨®n pol¨ªtica
- Estatutos
- Poder judicial
- Corrupci¨®n
- Casos judiciales
- Toros
- Ayuntamientos
- Comunidades aut¨®nomas
- Pol¨ªtica auton¨®mica
- Administraci¨®n auton¨®mica
- Normativa jur¨ªdica
- Espect¨¢culos
- Administraci¨®n local
- Cultura
- Legislaci¨®n
- Caso Palau