El juez rechaza los recursos sobre la presunta compra de partidos

El titular del Juzgado de Instrucci¨®n n¨²mero 7 de Alicante, Jos¨¦ Luis de la Fuente, rechaz¨® los recursos del fiscal y el abogado del Estado y confirm¨® su negativa a dar traslado de las transcripciones de las conversaciones grabadas al due?o del H¨¦rcules, Enrique Ortiz, sobre la presunta compra de partidos -para asegurar el ascenso del equipo a la Primera Divisi¨®n- al Consejo Superior de Deportes (CSD) y a la Federaci¨®n Espa?ola de F¨²tbol (RFEF).

El magistrado reitera su postura de que "en ning¨²n caso procede el sacrificio de los derechos fundamentales a la intimidad y al secreto de las comunicaciones para la imposici¨®n de sanciones administrativas", que ser¨ªan las que podr¨ªan acordar el CSD y la RFEF. Al tiempo, lanza la pelota al campo contrario al se?alar que "nada impide a los organismos competentes desarrollar sus propias actuaciones dirigidas a sancionar las conductas irregulares que se hubieran producido". El problema es que, sin esas transcripciones -en las que se detallan los presuntos sobornos- avaladas judicialmente, es casi imposible probar la compra de los partidos.

El CSD y la federaci¨®n pueden abrir sus propias actuaciones, sostiene el magistrado

El propio instructor lo insin¨²a al a?adir que "si se reclama de este juzgado la expedici¨®n del testimonio [de las conversaciones] no es porque no se pueda acceder materialmente a la transcripci¨®n de las conversaciones, sino porque se sabe o se intuye que se trata de un material probatorio sujeto a un r¨¦gimen especial".

Para el juez, resulta "obvio" que el fiscal y el abogado del Estado no buscan la copia de las transcripciones. "Copias de las transcripciones de las conversaciones existen otras. Al menos, dispone de una el Ministerio Fiscal, ha de existir otra en el procedimiento matriz seguido en el Juzgado n¨²mero 3 de Orihuela [que lleva el caso Brugal, en el que se captaron las conversaciones sobre presuntos sobornos del H¨¦rcules] y la unidad policial actuante conservar¨¢ en sus archivos sus propios informes", arguye.

Lo que buscan los recurrentes, seg¨²n el juez, es ese "material probatorio" especial, obtenido "con afectaci¨®n de derechos fundamentales" y en el marco de "un proceso penal que persigue la comisi¨®n de delitos graves". Es decir, unas pruebas que aparecieron en la investigaci¨®n de delitos de cohecho, fraude, tr¨¢fico de influencias..., durante la investigaci¨®n del caso Brugal, la trama de corrupci¨®n vinculada a la recogida de basuras en la que parece implicado Ortiz, m¨¢ximo accionista del H¨¦rcules. El uso de ese material para otros fines tan solo puede ser valorada de nuevo por "el ¨®rgano judicial competente para ello", en aparente referencia del instructor de Alicante al juez de Orihuela.

La corrupci¨®n en el deporte estar¨¢ penalizada a la entrada en vigor de la reforma del C¨®digo Penal, el pr¨®ximo 22 de diciembre, pero mientras tanto el juez no comparte que las pruebas obtenidas en el proceso penal puedan ponerse a disposici¨®n de las autoridades administrativas y explica sus razones: "El sentido ¨²ltimo de las garant¨ªas formales del secreto de las comunicaciones (...) es excluir de ra¨ªz cualquier intromisi¨®n gubernativa o administrativa en tales derechos".

Para el juez, se trata de derechos fundamentales respecto de los cuales existe "un elevado riesgo de arbitrariedad por parte de la autoridad". Y la finalidad buscada con la ilicitud de la prueba, expone, es "producir un efecto disuasorio de alcance general que neutralice posibles tentaciones de exceso de celo".

No obstante, fuentes de los recurrentes insisten es que se trata de un problema de "poca razonabilidad" por parte del magistrado, ya que una prueba obtenida con garant¨ªas judiciales no tiene porqu¨¦ estar afectada solo a un proceso concreto.

Rechazados los recursos, la decisi¨®n corresponde ahora a la Audiencia de Alicante, que, seg¨²n fuentes judiciales, se pronunciar¨¢ en breve, tal vez a finales de esta semana o principios de la pr¨®xima. Mientras tanto, el juez rechaz¨® tambi¨¦n la petici¨®n del H¨¦rcules para personarse en la causa.

Por otra parte, la Liga Profesional se reunir¨¢ ma?ana para estudiar su actuaci¨®n de ser requerida sobre el asunto por el CSD.