Una relaci¨®n enconada

"Esto se arreglaba en una mesa", resume Fernando Hiraldo, director de la Estaci¨®n Biol¨®gica de Do?ana, del CSIC. "No le veo el sentido a estar en los peri¨®dicos cuando no hay un problema en Do?ana", a?ade en referencia a la publicaci¨®n esta semana en el Bolet¨ªn Oficial del Estado (BOE) del primer deslinde que se har¨¢ en los 36,8 kil¨®metros de playa del parque. El enfrentamiento entre el Ministerio de Medio Ambiente -que ha aprobado la expropiaci¨®n en aplicaci¨®n de la Ley de Costas- y la Junta de Andaluc¨ªa -que quiere que el deslinde sea menor del que pretende el Gobierno central- posiblemente acabe en un recurso, que la Administraci¨®n auton¨®mica est¨¢ preparando ya. Este es el ¨²ltimo enfrentamiento, pero no es el primero que mantienen ambas Administraciones.

La agricultura tambi¨¦n ha provocado roces entre los Gobiernos

Cristina Narbona se opuso a la transferencia del Guadalquivir

El anterior encontronazo, que todav¨ªa colea, tambi¨¦n tuvo como protagonista a la Direcci¨®n General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar del Ministerio de Medio Ambiente. Fue por los chiringuitos. El Gobierno central anunci¨® en 2009 que, en aplicaci¨®n de la ley de Costas, se revisar¨ªan las concesiones y autorizaciones a este tipo de establecimientos. Y alguna de estas instalaciones acabar¨ªa desapareciendo al incumplir esta norma. El propio presidente andaluz, Jos¨¦ Antonio Gri?¨¢n, fue el que reclam¨® en junio de 2009 que las competencias de gesti¨®n del litoral fueran transferidas en aplicaci¨®n del Estatuto.

Gaspar Zarr¨ªas, secretario de Estado de Cooperaci¨®n Territorial, ha anunciado esta semana que el traspaso se cerrar¨¢ en enero de 2011, con lo que la gesti¨®n de autorizaciones de los chiringuitos estar¨¢ en manos de la Administraci¨®n andaluza, mucho m¨¢s receptiva a las demandas de este sector hostelero. Costas contaba con tener esa pelea en la Comunidad Valenciana, pero no en Andaluc¨ªa con un gobierno del mismo partido.

Gri?¨¢n ha sido el que, en el caso de Do?ana, tambi¨¦n ha llevado la voz cantante. El presidente andaluz ha insistido esta semana en que se trata de un problema de forma y no de fondo. Pero ha calificado de "irrelevante" expropiar las dunas continentales del parque al considerar que ya est¨¢n protegidas. En el ministerio hay t¨¦cnicos dolidos con la actitud de la Junta en el parque nacional, al considerar que durante la celebraci¨®n del 50 aniversario y en su gesti¨®n diaria ningunea las d¨¦cadas de gesti¨®n del Gobierno.

Los roces entre la Junta de Andaluc¨ªa y el ministerio no se han limitado a asuntos de protecci¨®n ambiental. Clara Aguilera, consejera andaluza de Agricultura y Pesca, ha cargado en varias ocasiones contra Elena Espinosa. Aguilera se ha puesto del lado de los productores y las organizaciones agrarias en varias ocasiones y ha criticado la actitud del Gobierno central. Por ejemplo, por la importaci¨®n de tomates marroqu¨ªes -Aguilera lleg¨® a reclamar una pol¨ªtica aduanera "mucho m¨¢s agresiva" para proteger a los agricultores andaluces- o por la cuota de captura de at¨²n rojo en las almadrabas de C¨¢diz, que el ministerio compagina con la de los cerqueros de Tarragona.

Las discrepancias entre las dos Administraciones tampoco son nuevas. Durante la etapa de la anterior ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, tambi¨¦n hubo encontronazos con la Junta. Narbona lleg¨® a criticar en 2006 que en Andaluc¨ªa se hubiera urbanizado "sin control". Tras un enfrentamiento p¨²blico con los dirigentes del Gobierno andaluz, la ministra matiz¨® algo esta apreciaci¨®n.

Otro de los asuntos que provoc¨® tensiones fue el hotel del Algarrobico en el parque natural de Cabo de Gata (Almer¨ªa). Fue el ministerio el que se puso al frente de las acciones para frenar la construcci¨®n del edificio, que todav¨ªa hoy est¨¢ pendiente de ser demolido y cuya legalidad defendi¨® la Junta durante a?os.

La gesti¨®n del Guadalquivir tambi¨¦n ha sido motivo de disputa. Narbona se opuso en 2005 a que se transfirieran las competencias del r¨ªo a Andaluc¨ªa, entre otros asuntos, porque parte de la cuenca discurre por Extremadura. Finalmente, el ministerio cedi¨® y el Congreso de los Diputados aprob¨® el nuevo Estatuto de Autonom¨ªa andaluz, en el que se recoge competencias exclusivas sobre el Guadalquivir. Este asunto no se ha cerrado todav¨ªa. Extremadura, tambi¨¦n gobernada por los socialistas, ha llevado el caso hasta el Tribunal Constitucional, que admiti¨® a tr¨¢mite la demanda.

En una cosa en la que s¨ª que estuvieron ambas Administraciones de acuerdo, resulta que se lo tumb¨® la justicia. En octubre de 2009, el Tribunal Supremo ech¨® para atr¨¢s -apoyando sus argumentos en la Ley de Costas- el acuerdo de un Consejo de Ministros que aprob¨®, en abril de 2007, la reserva de 287 hect¨¢reas de dominio p¨²blico mar¨ªtimo-terrestre dentro de las 527 necesarias para construir el parque industrial de las Aletas en C¨¢diz. Aquello se justific¨® en que los usos tendr¨ªan un "efecto tractor" en la econom¨ªa y que no se pod¨ªa ubicar enen ning¨²n otro lugar.