Un juez de C¨¢diz imputa a dos ex delegados de la Zona Franca

El caso Rilco, una de las investigaciones abiertas en torno a la supuesta corrupci¨®n en la Zona Franca de C¨¢diz durante la etapa de gesti¨®n del PP, comienza a despejarse. El Juzgado de Instrucci¨®n 4 de C¨¢diz ha emitido un auto, adelantado ayer por Diario de C¨¢diz, en el que imputa a Manuel Rodr¨ªguez de Castro y Miguel Osuna, ex delegados del PP en este organismo, adem¨¢s de a otras cuatro personas, por prevaricaci¨®n, fraude, exacciones ilegales, malversaci¨®n y delito societario, falsedad documental, y omisi¨®n del deber de perseguir delitos.

Seg¨²n el documento, la creaci¨®n de Rilco -un portal de comercio electr¨®nico destinado a promocionar la Zona Franca- fue una estrategia de Rodr¨ªguez de Castro para enriquecerse con dinero p¨²blico. Actu¨®, dice el auto, "guiado por el ¨¢nimo de lucro" y "consciente de las dificultades que ten¨ªa en la continuidad del ejercicio de su cargo". El juez acusa a Osuna, su sucesor y ex delegado del Gobierno con el PP, de no actuar ante la sospecha de que este negocio era un fraude.

La investigaci¨®n del 'caso Rilco' acusa a Miguel Osuna de ignorar el fraude

En la trama participaron tambi¨¦n, seg¨²n el documento, los empresarios americanos Germ¨¢n y Carmen Leiva. Este matrimonio, "concertado con el se?or Rodr¨ªguez, creo una sociedad ad hoc", Miami Free Zone Services, para hacerse con la adjudicaci¨®n del desarrollo del portal inform¨¢tico. Seg¨²n la investigaci¨®n, la Zona Franca acab¨® pagando por Rilco 6,7 millones de euros. El valor del trabajo de Miami Free Zone nunca superar¨ªa los 530.000 euros.

El informe que determin¨® su elecci¨®n lo elaboraron tres becarios que "no hab¨ªan o¨ªdo nunca el nombre de la empresa". Quien "orient¨® y dirigi¨®" su trabajo, junto a Manuel Rodr¨ªguez de Castro, fue Jos¨¦ David S¨¢nchez, entonces jefe del servicio de inform¨¢tica del Consorcio de la Zona Franca y tambi¨¦n imputado. La empresa se llev¨® el contrato por 4,2 millones de euros en diciembre de 2000. Dos meses despu¨¦s, sin que la firma hubiera ejecutado ning¨²n trabajo, el ex delegado orden¨® el pago de 1,4 millones.

El ¨²ltimo imputado es Rafael Ortiz, descrito por el juez como "amigo personal" de Rodr¨ªguez de Castro y "persona que carec¨ªa de experiencia en el campo de las tecnolog¨ªas". El entonces delegado de la Zona Franca lo nombr¨® director de Rilco un mes antes de dejar su cargo.

El Ayuntamiento de C¨¢diz -cuya alcaldesa, Te¨®fila Mart¨ªnez (PP), preside el Consorcio de la Zona Franca- mostr¨® ayer en un comunicado su "sorpresa" por el auto. El gobierno local defiende la inocencia de Osuna, del que dice que ha demostrado ser "un magn¨ªfico gestor" y que goza de la confianza de la alcaldesa y del PP. Resta importancia a las imputaciones porque, seg¨²n el comunicado "el auto es lo que el juez de instrucci¨®n estima. "Las acusaciones", aventura, "no tienen ning¨²n fundamento y quedar¨¢ perfectamente demostrado que no tiene responsabilidad alguna cuando se celebre el juicio". Menos condescendiente se muestra con Rodr¨ªguez de Castro: "Si quedan probados los hechos, deber¨¢ responder ante la justicia".