Sinrazones pol¨ªticas

El Gobierno est¨¢ a punto de decidir la localidad donde se instalar¨¢ el Almac¨¦n Temporal Centralizado (ATC) de residuos nucleares, una instalaci¨®n donde se unificar¨¢ el almacenamiento de residuos nucleares de alta actividad que generan las centrales nucleares. El Consejo de Ministros estudi¨® ayer el informe de la comisi¨®n encargada de recomendar dicha localizaci¨®n; la terna mejor situada est¨¢ formada por Zarra en Valencia, Asc¨® en Tarragona y Yebra en Guadalajara.

La informaci¨®n facilitada a las autoridades valencianas por el secretario de Estado de Energ¨ªa y confirmada por el ministro Sebasti¨¢n de que Zarra, pueblo de unos 600 habitantes, era la ubicaci¨®n definitiva del cementerio nuclear provoc¨® una airada protesta de la Generalitat Valenciana; y esa protesta, a la que se unieron los socialistas valencianos, la marcha atr¨¢s del Gobierno, cuya vicepresidenta primera neg¨® la existencia de una decisi¨®n definitiva y anunci¨® que pedir¨¢ un informe jur¨ªdico sobre el efecto de un posible recurso contra la decisi¨®n; como si no hubiera tenido tiempo de encargarlo en el a?o transcurrido desde que se plante¨® el asunto.

Para evitar debates est¨¦riles, hay que recordar que existe un amplio acuerdo en que el ATC es imprescindible para controlar los residuos nucleares y que el Gobierno de la naci¨®n tiene la responsabilidad de garantizar que dichos residuos se controlan y tratan de la forma m¨¢s segura. Por tanto, el rechazo que han mostrado hasta ahora casi todos los Gobiernos auton¨®micos est¨¢ fuera de lugar. El Congreso inst¨® al Gobierno en 2004 a construir el ATC y aval¨® el modelo de selecci¨®n geogr¨¢fica que acab¨® el jueves con la presentaci¨®n del informe de la Comisi¨®n Interministerial.

Es evidente que Industria ha estado torpe en la forma de culminar el proceso e informar del resultado. Pero si Zarra es la localidad elegida, el Gobierno valenciano tendr¨¢ que aceptarlo. Su oposici¨®n al ATC arguye razones geol¨®gicas y medioambientales (analizadas y rechazadas por la comisi¨®n), pero responde tan solo a la mezquindad de intereses pol¨ªticos incapaces de aceptar que la negociaci¨®n para invertir unos 1.000 millones de euros conecta directamente al Gobierno y los municipios, sin que la maquinaria auton¨®mica intervenga para rentabilizar pol¨ªticamente la concesi¨®n. Por su parte, el Gobierno ha vuelto a hacer gran alarde de descoordinaci¨®n; pero esto ya no es noticia.