Fantasma

Hay muertos en la guerra de 1936 que siguen sin morir, perpetuamente rechazados: la guerra sigue respirando a trav¨¦s de ellos. No constan en los registros civiles, y poco pueden hacer los funcionarios, los jueces, porque la ley es impersonal, y el juez es el primero que tiene la obligaci¨®n de cumplirla. Una muerte violenta, desaparecido el cad¨¢ver, exige diligencias judiciales, certificados y testigos para figurar en el Registro. Exige lo imposible en el caso de muchos muertos en la Guerra Civil.

Cuando, hace m¨¢s de treinta a?os y bajo gobierno de la extinta Uni¨®n de Centro Democr¨¢tico, el Estado quiso auxiliar a los ca¨ªdos en la guerra y posguerra, se entendi¨® que resolv¨ªa una deuda con los muertos, presos y perseguidos del franquismo, pero que los legisladores no se atrev¨ªan a decirlo. Los franquistas no precisaban reparaci¨®n: ya hab¨ªan convertido sus heridas en fuente de privilegios y poder. Y entonces empezaron a verse las lagunas del decreto que, en el oto?o de 1936, los golpistas hab¨ªan dictado para que los familiares inscribieran en el Registro a sus desaparecidos, combatientes o no, "v¨ªctimas de bombardeos, incendios u otras causas con la lucha relacionadas". No todos los republicanos obedecieron el decreto militar. ?Cu¨¢nto valor o insensatez se requer¨ªa para presentarse ante los asesinos e identificarse como pariente de los asesinados? A partir de 1979 se supo que muchos no hab¨ªan inscrito a sus muertos.

Aquella ley de 1979 no nombraba al franquismo. Hablaba en general de la Guerra Civil. Bajo los efectos de una dictadura hay que tener un cuidado extremo con las palabras. Una vez vi el certificado de defunci¨®n de un asesinado en Granada durante agosto de 1936. La causa de su muerte hab¨ªa sido una limpia "herida de bala". Aquellos muertos no ca¨ªan en el frente, sino asesinados en cunetas, en paseos y mataderos nocturnos o a plena luz. Se iban, se los llevaban, se les perd¨ªa de vista. La inscripci¨®n de su muerte no podr¨ªa registrar, como manda la ley, fecha, hora y lugar del fallecimiento. No dejaron testigos ni certificado m¨¦dico. Los juzgados no tienen certeza absoluta de su muerte. No la tendr¨¢n nunca: fueron muertes excepcionales, fuera de la ley.

La realidad espa?ola habr¨ªa necesitado una legislaci¨®n especial para estos casos de muertos invisibles. Dada la implicaci¨®n del Estado en los hechos, la Administraci¨®n deber¨ªa haber resuelto el problema desde los ayuntamientos o, m¨¢s a¨²n, desde el aparato judicial y policial. Por estos asuntos sigue fantasmalmente viva una guerra viej¨ªsima. Pero en Espa?a somos hip¨®critas. Las m¨¢s altas instancias del Estado, incluido el Parlamento, jam¨¢s han condenado expl¨ªcitamente el franquismo. El Parlamento conden¨® en 2002, en la fecha simb¨®lica del aniversario de la muerte de Franco, los totalitarismos en general, y asumi¨®, con ocasi¨®n de la llamada Ley de Memoria Hist¨®rica, hace muy poco, una remota condena del franquismo, ajena, del Consejo de Europa, en Par¨ªs.

Suave y mayoritariamente, se ha impuesto la visi¨®n de los herederos del franquismo, quiz¨¢ porque aqu¨ª el terrible Mister Hyde dictatorial supo transformarse en un doctor Jekyll pac¨ªfico y dem¨®crata. El posfranquismo no ha sido antifranquista. Gran parte de la poblaci¨®n espa?ola convivi¨® con los cr¨ªmenes pol¨ªticos y los apoy¨® o no quiso enterarse, no opuso resistencia. As¨ª que lo m¨¢s consolador era aceptar la idea dominante, es decir, que en la guerra hubo barbaridades por parte de los dos bandos y que, si la dictadura tuvo cosas malas, sus principales faltas deben ser atribuidas a la extraordinaria maldad de sus enemigos, que a pesar de todo no pudieron impedir el orden y el progreso econ¨®mico. Los principales defensores de esa visi¨®n no han demostrado nunca culpabilidad ni verg¨¹enza. Pero se sienten amenazados, alarmados e irritados cuando alguien recuerda en voz alta los cr¨ªmenes del franquismo.