El PP de Camps acumula m¨¢s de 25 imputados

El caso Brugal , una trama de corrupci¨®n vinculada al negocio de la basura en Alicante, ha terminado por convertir al PP de la Comunidad Valenciana en una formaci¨®n dirigida por pol¨ªticos imputados. A fecha de hoy, los populares valencianos tienen m¨¢s de 25 cargos p¨²blicos imputados, con el presidente de la Generalitat, Francisco Camps , y los presidentes provinciales de Castell¨®n, Carlos Fabra , y Alicante, Jos¨¦ Joaqu¨ªn Ripoll , a la cabeza.

Esta cifra incluye diputados, alcaldes y cargos de la Administraci¨®n local y auton¨®mica del PP en activo, a los que, previsiblemente, se unir¨¢ alguno m¨¢s a medida que avancen las investigaciones judiciales en curso. La gran mayor¨ªa de ellos est¨¢n imputados por su vinculaci¨®n a casos de corrupci¨®n, aunque la cifra tambi¨¦n incluye alg¨²n imputado por delitos de otra naturaleza.

El 'caso Fabra', el G¨¹rtel y el Brugal condicionan la acci¨®n institucional

El presidente de la Diputaci¨®n de Alicante es el ¨²ltimo implicado

El caso Fabra , el caso G¨¹rtel y el caso Brugal son los tres mojones que condicionan la actividad institucional del PP del norte al sur de la Comunidad Valenciana, pese a gobernar con amplias mayor¨ªas absolutas en la Generalitat, las tres diputaciones provinciales y las principales ciudades, incluidas las capitales.

Sin embargo, la sucesi¨®n de los esc¨¢ndalos que afectan al PP valenciano ha sido de tal magnitud en los ¨²ltimos meses que ha hundido la moral de un partido que ha llegado a proyectar la pel¨ªcula Invictus a sus diputados para insuflarles nuevos ¨¢nimos.

El presidente de la Diputaci¨®n de Alicante y del PP provincial, Jos¨¦ Joaqu¨ªn Ripoll, ha sido el ¨²ltimo de los altos cargos imputados. El juez que investiga el caso Brugal considera que hay indicios de que puede haber cometido los delitos de cohecho, fraude, tr¨¢fico de influencias, revelaci¨®n de secretos y actividad prohibida a funcionarios. Junto a ¨¦l, la secretaria provincial y alcaldesa de Orihuela, M¨®nica Lorente, otros dos alcaldes de peque?os municipios, seis concejales y varios ex concejales completan el paquete de cargos populares imputados. En esta investigaci¨®n tambi¨¦n est¨¢ imputado Antonio Amor¨®s, suspendido de militancia por el PSOE y apartado de sus competencias en la Corporaci¨®n.

La imputaci¨®n de la c¨²pula de Alicante ha tenido, adem¨¢s, otra consecuencia: ha hecho caer en el olvido las apelaciones de Ripoll al c¨®digo ¨¦tico del partido para afrontar el deterioro de imagen de los populares valencianos a ra¨ªz del caso G¨¹rtel. Es m¨¢s, el presidente de la Diputaci¨®n de Alicante, enfrentado hasta su imputaci¨®n a Francisco Camps, se guarece ahora bajo el mismo paraguas argumental que el resto de imputados del PP valenciano.

"Defendemos la presunci¨®n de inocencia. Los ¨²nicos capacitados para juzgar son los jueces. Ni los informes policiales, ni los pol¨ªticos, ni los medios de comunicaci¨®n", afirma la portavoz del Gobierno valenciano y directora de la campa?a electoral del PP regional, Paula S¨¢nchez de Le¨®n, que a?ade: "Mientras no haya sentencia firme actuaremos con respeto a estos principios". Un argumento esgrimido sistem¨¢ticamente por la Generalitat y el PP regional, que se ha convertido en un mantra desde la imputaci¨®n del presidente valenciano por un supuesto delito de cohecho pasivo impropio -por recibir trajes regalados por la trama corrupta del caso G¨¹rtel-.

Junto a Camps est¨¢n imputados en la misma causa quien fue su mano derecha, el ex secretario regional y diputado auton¨®mico Ricardo Costa, el ex vicepresidente del Consell V¨ªctor Campos y el ex jefe de gabinete de la Consejer¨ªa de Turismo Rafael Betoret.

A Costa, que hasta la fecha ha sido la ¨²nica v¨ªctima pol¨ªtica del caso G¨¹rtel en la Comunidad Valenciana, le fue levantada la suspensi¨®n de militancia en el PP el pasado d¨ªa 3. Y todo apunta a que el presidente del partido, Mariano Rajoy, no impedir¨¢ que los populares valencianos incluyan imputados en las listas electorales, a diferencia de lo decidido en Baleares. Aliviado por los buenos sondeos demosc¨®picos que mantiene el PP en la Comunidad Valenciana, Rajoy prefiere obviar los esc¨¢ndalos, aunque desde hace un a?o ha evitado coincidir con Camps, m¨¢s all¨¢ de lo estrictamente imprescindible.

La situaci¨®n de los populares valencianos corre el riesgo de agravarse con nuevos imputados si, finalmente, el juez Antonio Pedreira, que investiga el caso G¨¹rtel en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, consigue que el TSJ de Valencia se haga cargo de la investigaci¨®n que afecta a otros aforados valencianos y que est¨¢ relacionada con la supuesta financiaci¨®n ilegal del PP. En su auto aparecen mencionados, entre otros, el vicepresidente primero de la Generalitat, Vicente Rambla, y el vicesecretario de Organizaci¨®n del PP, David Serra.

La situaci¨®n en Castell¨®n no es mucho mejor. El presidente de la Diputaci¨®n y del PP provincial, Carlos Fabra, est¨¢ a las puertas de sentarse en el banquillo. Para Fabra -cuya influencia pol¨ªtica en la Comunidad Valenciana convirti¨® el c¨®digo ¨¦tico del PP en papel mojado- las acusaciones piden hasta 20 a?os de c¨¢rcel por tr¨¢fico de influencias, cohecho y cinco delitos fiscales. La posici¨®n de su entorno tambi¨¦n es mala. El vicepresidente segundo, Vicent Aparici, se sentar¨¢ en el banquillo el 23 de noviembre por un delito de vertidos t¨®xicos y prevaricaci¨®n ambiental por el que la fiscal¨ªa pide siete a?os de c¨¢rcel, y dos alcaldes de la provincia est¨¢n pendientes tambi¨¦n de la justicia.

Pese a todo, ninguno de los m¨¢s de 25 cargos imputados ha querido renunciar a su responsabilidad pol¨ªtica antes de acudir al juzgado.

Art¨ªculos de Soledad Gallego-D¨ªaz, Javier Pradera y Josep Ramoneda en Domingo