Chile retiene los bienes a la empresa de la mina San Jos¨¦
La justicia quiere garantizar que los due?os del yacimiento sean quienes costeen el rescate de los 33 mineros atrapados
Un juzgado civil de Santiago ha prohibido a la Compa?¨ªa Minera San Esteban, propietaria de la mina San Jos¨¦, donde permanecen atrapados 33 trabajadores a 700 metros de profundidad desde el 5 de agosto, celebrar cualquier tipo de acto y contrato relacionado con su patrimonio -tres bienes ra¨ªces, 62 explotaciones mineras y 32 veh¨ªculos- para asegurar el pago al Estado de los costes del rescate. La empresa advirti¨® que esta medida impedir¨¢ pagar a los trabajadores.
Con esta decisi¨®n, la jueza Rommy M¨¹ller acogi¨® una petici¨®n previa del Consejo de Defensa del Estado (CDE), una instituci¨®n encargada del cuidado de las propiedades e intereses estatales, que pidi¨® la retenci¨®n de los bienes de la empresa San Esteban como una "medida precautoria" para garantizar que pague el coste total del rescate de los mineros. Adem¨¢s, la jueza ampli¨® en 30 d¨ªas el plazo para el CDE presente una demanda contra la empresa.
El Gobierno calcula que la operaci¨®n de salvamento costar¨¢ 7,1 millones de euros
El Gobierno, que por ahora financia los gastos del rescate, ha estimado que el monto ascender¨¢ a unos 7,1 millones de euros. Hasta hace 10 d¨ªas ya se hab¨ªa gastado alrededor del 40%.
Un abogado de la minera San Esteban, Jorge Aguilar, deplor¨® la resoluci¨®n porque al quedarse sin poder hacer uso de sus bienes "la empresa no tiene ninguna posibilidad de recuperar los fondos que hayan sido retenidos para pagar a los trabajadores". Los primeros afectados ser¨ªan los trabajadores de esta empresa que no quedaron atrapados por el derrumbe. La retenci¨®n de los bienes no implica que la compa?¨ªa pierda su propiedad o que sean embargados, sino solo que no puede venderlos, enajenarlos o entregarlos en garant¨ªa, explic¨® una fuente judicial.
Adem¨¢s de la batalla judicial con el Estado por los costes del rescate, la compa?¨ªa San Esteban est¨¢ embarcada en otros dos procesos judiciales. El primero es una querella criminal de los familiares de los trabajadores atrapados, presentada contra los due?os de la mina San Jos¨¦, por la falta de medidas de seguridad y su responsabilidad en el derrumbe. La acci¨®n judicial apunta tambi¨¦n contra las autoridades del estatal Servicio Nacional de Geolog¨ªa y Miner¨ªa, encargado de fiscalizar a las compa?¨ªas mineras, y que autoriz¨® el funcionamiento de este yacimiento sin que se hubiesen cumplido sus propias exigencias despu¨¦s de otro accidente en el mismo lugar.
Fue uno de los propietarios de San Esteban, Alejandro Bohn, quien inici¨® el tercer proceso, al pedir la quiebra porque la empresa "no puede afrontar sus compromisos m¨¢s inmediatos", dado que sus faenas est¨¢n paralizadas. La junta de acreedores de la empresa design¨® a un "experto facilitador" para que en 30 d¨ªas elabore un convenio judicial preventivo, que consiste en una suerte de reprogramaci¨®n de los pagos adeudados a los acreedores de la compa?¨ªa.
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