La objeci¨®n como boicot
La falta de regulaci¨®n sobre supuestos de conciencia obstruye el acceso de la mujer al aborto - ?Prima el derecho del m¨¦dico sobre el de la paciente? - El Gobierno ha renunciado a aclararlo
Si un m¨¦dico objeta por cuestiones morales a practicar un aborto o a suministrar a un paciente cuidados paliativos, ?se puede tambi¨¦n negar por lo mismo a informar a la mujer sobre la interrupci¨®n voluntaria del embarazo o a recetarle la p¨ªldora? ?D¨®nde est¨¢ el l¨ªmite? ?Puede objetar un profesional sanitario a todo y en todos los casos? En Espa?a, como en la mayor¨ªa de los pa¨ªses de Europa, no existe una regulaci¨®n espec¨ªfica sobre objeci¨®n de conciencia de estos profesionales. Y se han dado situaciones, incluso, como la de un celador que se neg¨® a llevar la camilla de una mujer que iba a abortar.
Casos que llevan a algunos expertos a reclamar una norma precisa para proteger el derecho del paciente a recibir asistencia y tambi¨¦n la libertad de conciencia del m¨¦dico. Esto, dicen, evitar¨ªa que la objeci¨®n se convierta en una forma de boicoteo. Otros, sin embargo, aseguran que las cuestiones morales no pueden regularse, y que este derecho fundamental del profesional sanitario no se puede acotar.
Los antiabortistas ganan la batalla en el Consejo de Europa
El informe rechazado llamaba a impedir la objeci¨®n en bloque
McCafferty: "El discurso conservador se endurece"
La Asamblea del Consejo de Europa emiti¨® ayer una resoluci¨®n en la que insta a los pa¨ªses miembro a regular la objeci¨®n de los sanitarios. Pero lo que en principio se planteaba como un debate sobre el acceso de la mujer a la atenci¨®n m¨¦dica (fundamentalmente al aborto) y la necesidad de una ley que regule la objeci¨®n, garantizando siempre esa atenci¨®n, acab¨® en algo muy distinto.
Tras un agrio debate entre partidarios y detractores del derecho al aborto, decenas de enmiendas y la movilizaci¨®n durante semanas de organizaciones antiabortistas y cat¨®licas, ayer se aprob¨® (con 56 votos a favor, 51 en contra y 4 abstenciones) un documento de defensa de la objeci¨®n. El texto final invita a los Estados miembro a desarrollar una normativa integral que garantice ese derecho a los profesionales sanitarios ante cualquier prestaci¨®n: del aborto a la eutanasia o "cualquier acto que pudiera causar la muerte de un feto o embri¨®n humano, por cualquier motivo".
?Prima el derecho a la objeci¨®n o el del paciente a recibir la atenci¨®n necesaria? En Espa?a, el equilibrio entre ambos se mantiene, aunque con pinzas. En Navarra, por ejemplo, donde no se practican abortos, las mujeres deben desplazarse a otra comunidad para interrumpir su embarazo. La Consejer¨ªa de Sanidad de esta autonom¨ªa asegura que all¨ª todos los m¨¦dicos son objetores. Algunas universidades cat¨®licas han dicho que no impartir¨¢n materias relacionadas con la interrupci¨®n voluntaria del embarazo; y abundan los m¨¦dicos de atenci¨®n primaria que han solicitado ser considerados objetores para no tener que firmar el parte de derivaci¨®n de la mujer que desea abortar, o incluso para no informarla sobre esa opci¨®n.
En Italia, seg¨²n datos manejados por los parlamentarios en el Consejo de Europa, el 70% de los m¨¦dicos se declara objetor al aborto. Una corriente que, seg¨²n Christine McCafferty, la laborista brit¨¢nica autora del informe inicial que se debat¨ªa ayer, est¨¢ en auge. "El discurso conservador sobre la objeci¨®n, que hace prevalecer este derecho sobre el de la salud sexual y reproductiva, est¨¢ proliferando y endureci¨¦ndose en toda Europa", clama. Ejemplo de ello es lo que ocurri¨® ayer. El documento de McCafferty se convirti¨® en algo muy distinto de lo que ella pretend¨ªa, y la Asamblea del Consejo de Europa prim¨® el ejercicio de la objeci¨®n de conciencia. El texto afirma que debe garantizarse la atenci¨®n m¨¦dica en esos casos, pero no dice c¨®mo.
En Espa?a, la nueva ley del aborto -en vigor desde el 5 de julio- menciona la objeci¨®n, y determina que son los profesionales sanitarios "directamente implicados" en la intervenci¨®n quienes pueden objetar a la prestaci¨®n "sin que el acceso y la calidad asistencial de la prestaci¨®n puedan resultar menoscabadas". La mujer siempre debe tener alternativa sencilla y clara.
La ley, sin embargo, despierta dudas. "?Qu¨¦ quiere decir 'directamente implicados? Hay muchos profesionales, desde el ginec¨®logo al m¨¦dico de atenci¨®n primaria o la enfermera que atiende por primera vez a la mujer, que se ven involucrados de una forma u otra en un aborto", dice Esteban Rodr¨ªguez, de Ginec¨®logos por el Derecho a Decidir.
Sanidad, aunque no lo clarifica sobre el papel, lo interpreta as¨ª: "Ginec¨®logos, enfermeros o anestesistas que realicen directamente la intervenci¨®n", explica Jos¨¦ Mart¨ªnez Olmos, secretario general de Sanidad, que considera que, tal y como est¨¢, la nueva ley garantiza el derecho de los m¨¦dicos y las pacientes. "La objeci¨®n no ha dificultado el ejercicio de la prestaci¨®n porque los servicios de salud lo han resuelto derivando a la mujer a cl¨ªnicas privadas", explica. Solo el 2% de las interrupciones voluntarias del embarazo se realizan en la sanidad p¨²blica.
As¨ª, confirma Mart¨ªnez Olmos, el Gobierno no prev¨¦ por ahora regular de manera espec¨ªfica la objeci¨®n. El proyecto normativo que preparaban Sanidad y Justicia, y que deb¨ªa seguir a la ley del aborto, languidece en un caj¨®n, cogiendo polvo a la espera de lo que diga el Tribunal Constitucional sobre los dos recursos (uno del PP y otro del Gobierno navarro) presentados contra la ley del aborto. El PP cree que la norma viola el derecho a la objeci¨®n. "Obligar a un profesional a manifestar anticipadamente y por escrito su objeci¨®n, como dice la ley, es una medida coercitiva", explic¨® en su d¨ªa la portavoz de Igualdad del PP, Sandra Moneo.
Olvidada la intenci¨®n del Gobierno de Zapatero de regular la objeci¨®n, la tarea queda en manos de las comunidades, tal y como se acord¨® el pasado julio en el Congreso. De momento, solo Castilla-La Mancha lo ha hecho, elaborando un registro de m¨¦dicos objetores al aborto que ha arrancado con pol¨¦mica. El listado, reservado en principio a ginec¨®logos, matronas, anestesistas y enfermeros, acoger¨¢ tambi¨¦n a los m¨¦dicos de atenci¨®n primaria que lo deseen. La decisi¨®n lleg¨® al mismo tiempo que un auto del Tribunal Superior de esa regi¨®n que instaba a hacerlo as¨ª.
Algo que se hubiera evitado, seg¨²n el presidente de la Organizaci¨®n M¨¦dica Colegial, Juan Jos¨¦ Rodr¨ªguez Send¨ªn, si hubiera una regulaci¨®n. Send¨ªn insiste en la necesidad de que el Gobierno la elabore. "Hay muchos temas, adem¨¢s del aborto, que pueden presentar problemas de conciencia: las huelgas de hambre, las transfusiones de sangre, la retirada de tratamientos m¨¦dicos... No puede supeditarse el derecho del paciente al del m¨¦dico", a?ade.
Una opini¨®n que comparte el diputado de Izquierda Unida, presidente de la Comisi¨®n de Sanidad del Congreso, Gaspar Llamazares. Su partido, junto a ICV y ERC, ha presentado una proposici¨®n no de ley en la que as¨ª lo reclaman. El magistrado Jos¨¦ Antonio Mart¨ªn Pall¨ªn, miembro del Comit¨¦ de Bio¨¦tica de Espa?a, tambi¨¦n cree que hay que elaborar una norma que clarifique los puntos de objeci¨®n. "Nunca ante una situaci¨®n de emergencia o para dar informaci¨®n", dice.
No todos opinan lo mismo. El senador irland¨¦s del grupo popular europeo, R¨®n¨¢n Mullen, uno de los responsables de que el controvertido informe McCafferty fuera modificado, sostiene que no puede ni debe regularse la objeci¨®n. "No se puede reglamentar la libertad de conciencia de un m¨¦dico, sus convicciones sobre la vida", asegura. Un punto que comparte la parlamentaria popular Blanca Fern¨¢ndez-Capel. "La objeci¨®n de conciencia es parte del derecho a la libertad de conciencia, un derecho fundamental", sostiene. Fern¨¢ndez-Capel, m¨¦dico, niega que la objeci¨®n de conciencia se pueda convertir en un bloqueo para que la mujer aborte. "Que no te lo hagan en un sitio no impide que te vayas a la puerta de al lado. Todo el mundo sabe donde puede ir a abortar".
McCafferty la contradice. En pa¨ªses como Andorra, Letonia, Malta y Suecia existe un problema para garantizar el equilibrio entre el derecho de la mujer a la atenci¨®n m¨¦dica y el de la objeci¨®n. En pa¨ªses como Eslovaquia, Italia o Polonia prima directamente la objeci¨®n, asegura.
Lo que dice la ley
- La nueva ley espa?ola de salud sexual y reproductiva dictamina que "los profesionales sanitarios directamente implicados en la interrupci¨®n voluntaria del embarazo tendr¨¢n el derecho de ejercer la objeci¨®n de conciencia sin que el acceso y la calidad asistencial de la prestaci¨®n puedan resultar menoscabados por el ejercicio de la objeci¨®n de conciencia".
- El rechazo o la negativa a realizar la intervenci¨®n de interrupci¨®n del embarazo por razones de conciencia es una decisi¨®n siempre individual del personal sanitario directamente implicado en la realizaci¨®n de la interrupci¨®n voluntaria del embarazo, que debe manifestarse anticipadamente y por escrito. En todo caso, los profesionales sanitarios dispensar¨¢n tratamiento y atenci¨®n m¨¦dica adecuados a las mujeres que lo precisen antes y despu¨¦s de haberse sometido a una intervenci¨®n de interrupci¨®n del embarazo.
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