Cami?o mouro

Los poderes p¨²blicos tienen tres caminos para redistribuir la renta y la riqueza y alterar la libre asignaci¨®n de recursos por productores y consumidores en los mercados. Los dos primeros son los gastos y los ingresos p¨²blicos. En general, y aunque a veces no se pueda saber con precisi¨®n qui¨¦n es el que verdaderamente se beneficia de las transferencias y las subvenciones p¨²blicas y qui¨¦n el que sufre la carga real de los impuestos, porque los contribuyentes (cuando pueden) suelen trasladar la carga de los tributos hacia otros actores econ¨®micos (como hacen las petroleras incorporando al precio de los carburantes la pl¨¦yade de impuestos generales y especiales que soportan), tanto gastos como impuestos figuran en las leyes de presupuestos, por lo que al menos se respetan los principios de legalidad y publicidad, al menos en sus l¨ªneas generales. El tercer camino es mucho m¨¢s sutil: la regulaci¨®n. A trav¨¦s de normas, habitualmente de car¨¢cter administrativo (reglamentos, ¨®rdenes ministeriales, etc.), los Gobiernos inciden tambi¨¦n en la asignaci¨®n y en la redistribuci¨®n de la renta y la riqueza. Aprobadas por motivaciones de lo m¨¢s variopinto (sanitarias, de orden p¨²blico, de protecci¨®n medioambiental, etc¨¦tera), pero siempre agrupadas bajo el recurrente logo del "inter¨¦s general", se pueden conseguir resultados asignativos y redistributivos tan significativos como a trav¨¦s del presupuesto, solo que sin la visibilidad de este.

Una cantidad ingente de dinero se emplear¨¢ para mantener una actividad condenada a desaparecer

El famoso decreto del carb¨®n es uno de estos casos. Muy en s¨ªntesis, esta norma lo que hace es reservar una cuota del mercado espa?ol de la energ¨ªa a las t¨¦rmicas que utilizan el carb¨®n procedente de las cuencas mineras leonesas y asturianas. Como consecuencia, y dado que existen m¨¢s cuotas reservadas a otras fuentes de energ¨ªa, como las renovables, los dem¨¢s productores pierden parte de su cuota de mercado, y por tanto actividad e ingresos (como puede sucederle a la central de ciclo combinado de Reganosa), y en el extremo (como en las t¨¦rmicas de Cerceda y As Pontes), se pueden ver obligados a cerrar, arrastrando tras de s¨ª a quienes realizan las actividades portuarias y de transporte asociadas a estas plantas gallegas de producci¨®n energ¨¦tica.

La incidencia territorial de esta operaci¨®n v¨ªa decreto fue cuantificada esta misma semana por el presidente de la Xunta en el Parlamento: las empresas t¨¦rmicas, que para ganar eficiencia econ¨®mica y medioambiental invirtieron 1.000 millones de euros en reformar sus calderas para acoger el carb¨®n importado, que es m¨¢s limpio, no van a poder rentabilizar estas inversiones. La Xunta y los concellos van a dejar de recaudar, en concepto de impuestos medioambientales y locales, algo m¨¢s de 10 millones de euros. Y lo que es m¨¢s importante, se van a destruir 3.500 empleos. Todo ello para sostener una actividad minera en Le¨®n, Palencia y Asturias que le va a costar al Estado cada a?o, de aqu¨ª a 2014, entre 700 y 1.300 millones de euros (unos 200.000 euros al a?o por minero beneficiado); y que le ha costado ya, entre 2003 y 2008, la friolera de otros 5.500 millones de euros. Y as¨ª como la reserva de cuota de mercado para fuentes de energ¨ªa limpias pero caras (como la e¨®lica) tiene la l¨®gica de estimular un sector de futuro, esta ingente cantidad de dinero se emplear¨¢ para mantener una actividad m¨¢s contaminante (los ecologistas propugnan la supresi¨®n de todas las centrales t¨¦rmicas que consumen carb¨®n) que, m¨¢s pronto que tarde, est¨¢ condenada a la desaparici¨®n. En t¨¦rminos econ¨®micos, un despilfarro sin precedentes.

Las ineficiencias econ¨®micas y los efectos redistributivos perversos de la regulaci¨®n est¨¢n en el origen de la ola anti-regulatoria que en algunos pa¨ªses y sectores, como en el financiero y Estados Unidos, ha contribuido a llevarnos a la crisis actual. En Espa?a, este tipo de actuaci¨®n potenci¨® en su d¨ªa el surgimiento de diversas formas de reivindicaci¨®n pol¨ªtica regional (recu¨¦rdese, sin ir m¨¢s lejos, al Bra?as que denunciaba los catastr¨®ficos efectos en el rural gallego de los aranceles impuestos por presi¨®n de los productores castellanos de trigo a las importaciones del ma¨ªz utilizado para alimentar al ganado). Asistimos una vez m¨¢s, pero en medio de una crisis que obliga a todas las administraciones a restringir el gasto en servicios p¨²blicos esenciales, lo que lleva a muchos ciudadanos a preguntarse en qu¨¦ se gast¨® y en qu¨¦ se gasta su dinero, a una intervenci¨®n antiecon¨®mica y con efectos redistributivos territoriales perversos. Tan ineficiente y tan injusta que ha obrado un milagro adicional. Tras unas primeras dudas existenciales, por fin los socialistas gallegos consideran que el gobierno de Zapatero ha hecho algo que perjudica a Galicia. A ver lo que aguantan en el cami?o mouro.