PSOE y PP pactan expulsar a ediles ya elegidos si no condenan a ETA

Mientras por un lado el Partido Popular lanza insinuaciones sobre la posibilidad de que detr¨¢s del pacto presupuestario con el PNV est¨¦ el acuerdo para que Batasuna pueda presentarse de alguna manera las elecciones, por otro ayer se present¨®, en una rueda de prensa conjunta de los dos grandes partidos, un acuerdo que lo hace muy dif¨ªcil. Tras meses de negociaciones dirigidas por Txiki Benegas y Jos¨¦ Antonio Berm¨²dez de Castro, PSOE y PP han pactado una reforma de la ley electoral que la endurece mucho, hasta el punto de que contempla una f¨®rmula para echar de los Ayuntamientos a los concejales que se nieguen a condenar la violencia.

El viernes, cuando Jos¨¦ Luis Rodr¨ªguez Zapatero cerr¨® con ??igo Urkullu, l¨ªder del PNV, un pacto estable que le garantiza apoyo para toda la legislatura, el portavoz del PP, Esteban Gonz¨¢lez Pons, lleg¨® a decir: "Tenemos derecho a saber si la izquierda abertzale y ETA est¨¢n presentes en las negociaciones y est¨¢ presente en el pacto". En una clara estrategia de doble discurso, Mariano Rajoy evit¨® entrar a ese asunto. Pero cundi¨®, y algunos medios conservadores est¨¢n lanzando esa idea.

El PP insin¨²a un pacto con Batasuna mientras acuerda cerrarles la puerta

La ley impedir¨¢ que un tr¨¢nsfuga pueda cambiar el signo de un Ayuntamiento

Gonz¨¢lez Pons insisti¨® ayer en sus insinuaciones, pero casi al mismo tiempo se presentaba en el Congreso de los Diputados, en esa rueda de prensa conjunta PSOE-PP, muy poco frecuente, una reforma que va en la l¨ªnea contraria. Ante esta aparente contradicci¨®n, Berm¨²dez de Castro explic¨® que esta reforma de la ley habr¨¢ que aplicarla con voluntad pol¨ªtica, porque ser¨¢ la fiscal¨ªa quien tendr¨¢ que impulsarla, y ser¨¢ entonces cuando se acerquen las elecciones, cuando el Gobierno demostrar¨¢ en qu¨¦ l¨ªnea est¨¢.

La ley, sin embargo, es muy clara y muy dura. El problema hasta ahora era que el mundo proetarra ped¨ªa el voto para un partido legal, como ANV, y cuando los tribunales decid¨ªan su ilegalizaci¨®n, los concejales electos no pod¨ªan ser despojados de su acta. La reforma incluye un nuevo apartado del art¨ªculo 6 que establece una f¨®rmula de "incompatibilidad" para inhabilitar a un concejal.

Cuando el partido por el que se presentaron sea declarado ilegal por sentencia firme, sus concejales tendr¨¢n 15 d¨ªas para condenar la violencia, esto es, para distanciarse de los motivos por los que ha sido ilegalizada su formaci¨®n. Si no lo hacen, quedar¨¢n formalmente declarados incompatibles y no podr¨¢n ejercer como concejales, aunque podr¨¢n recurrir esta decisi¨®n a la llamada Sala del 61, la Sala Especial del Tribunal Supremo que se ocupa de las demandas de ilegalizaci¨®n.

Tanto populares como socialistas aseguran que la ley se ha cuidado para evitar problemas de inconstitucionalidad, aunque otras formaciones tienen dudas de qu¨¦ suceder¨¢ cuando uno de los concejales inhabilitados recurra. PSOE y PP van a agilizar los tr¨¢mites para que la ley est¨¦ lista en enero y pueda aplicarse en las pr¨®ximas municipales.

Si se declararan tantos concejales incompatibles que el Ayuntamiento se quedara sin ellos -podr¨ªa suceder en pueblos peque?os donde todos los concejales sean del entorno de Batasuna-, el municipio quedar¨ªa en manos de la diputaci¨®n. Para mostrar la eficacia, Benegas y Berm¨²dez de Castro citaron el caso de Mondrag¨®n, gobernada por ANV. La ley actual no permite inhabilitar a su alcaldesa. El pacto incluye reformas para impedir que Batasuna se cuele en las elecciones.

PSOE y PP tambi¨¦n han acordado con otros grupos una reforma de la ley electoral para reducir los gastos y para impedir que un tr¨¢nsfuga pueda cambiar un gobierno local, aumentando por ley la mayor¨ªa absoluta necesaria en un municipio cuando alguien cambie de grupo.