El PP convierte la Comunidad Valenciana en 'reino' de la impunidad
A diferencia de Madrid, los cargos valencianos no dimiten pese a las imputaciones
Un a?o de suspensi¨®n rebajado a 10 meses. Esa ha sido toda la factura pol¨ªtica que, de momento, ha pagado el PP por los casos de corrupci¨®n destapados en la Comunidad Valenciana . La lista de implicados incluye al presidente de la Generalitat y los presidentes de las Diputaciones de Castell¨®n y Alicante, todos ellos imputados, a seis consejeros vinculados en una u otra medida, adem¨¢s de cerca de una docena de alcaldes o ex alcaldes que han sido tambi¨¦n imputados por el juez o acusados por la fiscal¨ªa. Y ni una sola dimisi¨®n.
El caso G¨¹rtel se llev¨® por delante a nueve altos cargos, adem¨¢s de otros intermedios, en la Comunidad de Madrid. Cuatro alcaldes, un diputado nacional, dos auton¨®micos, un consejero de la presidenta Esperanza Aguirre y un senador dejaron sus puestos. Todos sus nombres est¨¢n incluidos en las diligencias de una investigaci¨®n que destap¨® una importante trama corrupta encabezada por Francisco Correa y vinculada a distintos Gobiernos del PP.
El 'caso G¨¹rtel' se llev¨® por delante a nueve dirigentes del PP madrile?o
En Valencia, solo Costa fue "castigado" con una suspensi¨®n de militancia
Uno de los defectos de los valencianos es el "pasotismo", seg¨²n Adela Cortina
Rajoy respalda a Camps, que culpa a la polic¨ªa y esgrime encuestas favorables
De la misma manera que aparecieron los nombres de los cargos madrile?os, se escribieron los de los cargos del PP valenciano. Protagonizaron significativas conversaciones telef¨®nicas y, en algunos casos, fueron se?alados por los jueces como presuntos autores de algunos de los delitos m¨¢s graves que puede cometer un cargo p¨²blico. Pero no pas¨® nada. Ni una dimisi¨®n.
Una cacareada suspensi¨®n de militancia al entonces secretario general del PP valenciano, Ricardo Costa, fue la ¨²nica se?al de una inexistente reacci¨®n, ya que solo afect¨® a uno de los entonces 20 dirigentes salpicados por la corrupci¨®n.
Para entonces, la senda ya estaba marcada por el presidente de la Diputaci¨®n de Castell¨®n, Carlos Fabra, que lleva casi siete a?os imputado. El c¨®digo ¨¦tico del PP cay¨® en desuso y la imputaci¨®n dej¨® de ser motivo de expulsi¨®n del partido. Ni siquiera una sentencia contraria es un tope a la vida pol¨ªtica en el PP. "La sentencia no es firme hasta el ¨²ltimo estado", dijo Fabra, en referencia al Tribunal Europeo de Estrasburgo que, como ha dicho en alguna ocasi¨®n, es al que recurrir¨¢ en el caso de que la justicia espa?ola lo considere culpable.
Desde el inicio del caso Fabra se han celebrado cinco procesos electorales y, uno detr¨¢s de otro, Carlos Fabra ha mantenido su mayor¨ªa. Con ese valor, el presidente de la Diputaci¨®n de Castell¨®n ha exigido, y conseguido, el apoyo de la direcci¨®n del PP valenciano y, por extensi¨®n, el del PP nacional, con Mariano Rajoy a la cabeza. Ese mismo valor ha sido el exhibido por Camps en Valencia y Joaqu¨ªn Ripoll en Alicante ante la direcci¨®n nacional, que no se ha atrevido a imponer otras conductas ¨¦ticas o, al menos, est¨¦ticas, ante la ostentaci¨®n de unas encuestas que vaticinan que el PP revalidar¨¢ su victoria en la Comunidad Valenciana.
La explicaci¨®n a esta falta de reacci¨®n social puede encontrarse en la catedr¨¢tica de ?tica, Adela Cortina, que considera que uno de los defectos caracter¨ªsticos de la sociedad valenciana es el "meninfotisme", traducible como "pasotismo" que, en cualquier caso, explica como defecto, "porque somos poco beligerantes", y virtud, "porque llevamos la tolerancia metida en los huesos". La cuesti¨®n es que en la sociedad valenciana no cala la idea de que la corrupci¨®n no tiene porqu¨¦ ser parte de la pol¨ªtica.
Al margen del amparo de las encuestas, los cargos del PP implicados en casos de corrupci¨®n han pasado a empu?ar, p¨²blicamente, un mismo arma de defensa, que no es otra que el ataque a polic¨ªa, investigadores, incluso fiscales, se?al¨¢ndolos como brazos ejecutores de una supuesta estrategia socialista. Y con esta argumentaci¨®n despliegan un mismo discurso en el que hablan de "campa?as orquestadas" y de la presunci¨®n de inocencia, sin diferenciar la responsabilidad judicial con la pol¨ªtica.
Las consecuencias del destapado caso Brugal en Alicante tambi¨¦n han evidenciado el afianzamiento de la impunidad entre los cargos del PP. "?Por qu¨¦ algunos de los integrantes socialistas implicados en el caso Brugal renuncian a sus cargos con tan poco avance procesal?", se pregunt¨® extra?ado el vicesecretario de Comunicaci¨®n del PP, el valenciano Esteban Gonz¨¢lez Pons. "Es que nosotros no somos unos sinverg¨¹enzas", le contest¨® el secretario de los socialistas valencianos, Jorge Alarte.
El caso es que la Comunidad Valenciana ocupaba, hace a?os, un lugar en el mapa de autonom¨ªas se?aladas por la modernidad. Actualmente, ni los grandes eventos programados por el Gobierno valenciano, colapsado por su deuda y su necesidad de tapar las continuas noticias relativas a la corrupci¨®n, logran que la percepci¨®n que el resto del pa¨ªs tiene de la Comunidad Valenciana sea otra que la de una autonom¨ªa claramente marcada por los esc¨¢ndalos pol¨ªticos.
Los d¨¦cimos de loter¨ªa premiados de Carlos Fabra; el "amiguito del alma" con el que Camps se dirig¨ªa a El Bigotes, implicado en una trama con la que todo el mundo aprendi¨® c¨®mo se dice correa en alem¨¢n; viajes en yate con empresarios alicantinos que luego resultaron adjudicatarios de concursos p¨²blicos; y fundaciones que gastan el dinero en pisos en lugar de hacerlo en cooperaci¨®n internacional son algunos de los m¨¦ritos de los cargos del PP, que siguen cobrando sueldos p¨²blicos, por los que la Comunidad Valenciana se ha convertido en capital de la impunidad pol¨ªtica.
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