?Privatizar lo social? ?M¨¢s?

Los pilares sociales en Espa?a son universales y gratuitos, la educaci¨®n, la sanidad, los servicios sociales (dependencia incluida), pero es que, adem¨¢s, todos ellos tienen ya gesti¨®n privada bajo tutela p¨²blica. Si eso les confiere m¨¢s o menos eficacia administrativa o econ¨®mica est¨¢ en cuesti¨®n. Pero la gesti¨®n privada es bien antigua, mediante conciertos educativos, sanitarios y, desde luego sociales. Alrededor de un 75% de los servicios sociales est¨¢ ya privatizado. Los ayuntamientos contratan su servicio de ayuda a domicilio con empresas privadas y los conciertos en residencias geri¨¢tricas son mayor¨ªa. ?A qu¨¦ se refiere entonces Mariano Rajoy cuando habla de privatizar para lograr mayor eficacia en la gesti¨®n? ?A avanzar en lo privado hasta convertir la red p¨²blica en subsidiaria de la anterior? ?O hay otras v¨ªas de privatizaci¨®n?

El 'cheque servicio' implica dar dinero al usuario para que elija al proveedor

Existe el riesgo de crear una doble red, para pobres y para ricos

La patronal insiste en desarrollar seguros para la dependencia

El alto coste de la sanidad en EE UU deja en mal lugar a las aseguradoras

Haylas. Entre las ayudas contempladas en la Ley de Dependencia hay una que se denomina Prestaci¨®n Econ¨®mica Vinculada al Servicio, que dicho as¨ª suena raro, pero si lo traducimos en cheque servicio ya va recordando al cheque escolar y la cosa toma un color que a la izquierda no le hace gracia. El cheque escolar supone dar un dinero a las familias para que ellas mismas decidan luego d¨®nde escolarizan a sus hijos. En dependencia es lo mismo, se da una ayuda econ¨®mica y el usuario busca y decide el servicio que necesita.

Con esta idea han coqueteado, o algo m¨¢s, las comunidades de Madrid y la Valenciana. "Ese cheque servicio, de generalizarse, romper¨ªa la v¨ªa de acceso p¨²blica a los centros y servicios porque permite a los establecimientos privados seleccionar a su clientela. ?Qui¨¦n querr¨ªa a los dependientes m¨¢s complicados, a los enfermos mentales graves, a los ancianos con alta discapacidad? Adem¨¢s, los centros privados podr¨ªan a?adir un plus a la factura para la cual no ser¨ªa suficiente el cheque. Y todo ello derivar¨ªa en un sistema dual donde los centros p¨²blicos atender¨ªan a los m¨¢s graves y menos pudientes y los privados a la clientela m¨¢s c¨®moda y adinerada", asegura el presidente de la Asociaci¨®n Estatal de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales, Jos¨¦ Manuel Ram¨ªrez. "Por otro lado, ese sistema impide el control y seguimiento del servicio que se presta", a?ade Ram¨ªrez.

La Ley de Dependencia est¨¢ concebida -a pesar de las presiones que hubo en su gestaci¨®n por parte de aseguradoras, constructoras, cajas de ahorros- como un sistema p¨²blico, donde la Administraci¨®n se encarga de valorar al discapacitado y determinar sus necesidades, as¨ª como el servicio que ha de prest¨¢rsele, algo que algunas comunidades, como la Valenciana, ya ten¨ªan en manos privadas antes de aprobarse la ley. La valoraci¨®n de los dependientes la efectuaba Accenture. Hubo que redactar una enmienda transitoria que otorgaba un plazo de seis meses para que esa funci¨®n volviera a lo p¨²blico. Tambi¨¦n en Murcia se contrataron esos servicios con el Colegio de Fisioterapeutas. "Y la ineficacia en la gesti¨®n de esas dos comunidades ha quedado demostrada a la vista del retraso que ambas acumulan en la aplicaci¨®n de la ley. En este caso la gesti¨®n privada no garantiza agilidad ninguna", dice Ram¨ªrez. Murcia ha cambiado la situaci¨®n y sus estad¨ªsticas comienzan a mejorar. Otras comunidades, como Castilla y Le¨®n o La Rioja, que optaron desde el inicio por la Administraci¨®n p¨²blica, han ido haciendo los deberes con m¨¢s ¨¦xito.

Provisi¨®n y producci¨®n son dos palabras clave cuando se habla de privatizaci¨®n. Si la Administraci¨®n provee el servicio -lo paga- y adem¨¢s lo gestiona -produce-, estamos ante un sistema totalmente p¨²blico.

Puede darse el caso de que la titularidad la ostente la Administraci¨®n, pero deje la gesti¨®n en manos privadas, mediante conciertos o bien subcontratando ciertos servicios. O que la iniciativa privada construya el geri¨¢trico y luego alquile sus plazas a la Administraci¨®n para que el ciudadano las ocupe como si se tratara de un centro completamente p¨²blico. Ambos casos existen, pero este ¨²ltimo sistema es el que defienden los empresarios. En realidad la Administraci¨®n paga el servicio y, a largo plazo, quiz¨¢ tambi¨¦n lo que cost¨® construir el edificio, pero es un sistema eficaz cuando urge tener una residencia y no se dispone de liquidez.

En la Federaci¨®n Empresarial de Asistencia a la Dependencia (FED) se lucha por que la Administraci¨®n concierte cerca de 40.000 plazas privadas que ellos han construido y que dicen tener vac¨ªas. Pero quiz¨¢ no todas se pueden concertar, ni por sus condiciones ni por su ubicaci¨®n. "La ayuda a domicilio es de pago p¨²blico y gesti¨®n privada. La Administraci¨®n no sabe gestionar, nosotros s¨ª. Podemos atender a un dependiente por 70 euros al d¨ªa, como media, aunque en la actualidad est¨¢ en algo m¨¢s de 50, pero cuando el sistema es p¨²blico por completo esos costes se triplican", asegura Alberto Echevarr¨ªa, presidente de la FED.

Y aqu¨ª arranca el espinoso asunto que siempre enfrenta a sindicatos y empresarios: la calidad de servicio. "Siempre se parte de la premisa falsa de que lo p¨²blico es menos eficaz", dice la responsable de Servicios Sociales de CC OO, Rosana Costa. "Pero no dicen que la reducci¨®n de costes es siempre a costa de la presi¨®n laboral a los trabajadores y que el ciudadano pierde garant¨ªas". En ello abunda su hom¨®loga en UGT, Almudena Fontecha: "Hablan de agilidad y eficacia, pero ?qu¨¦ hay de la calidad? Y eso significa personal suficiente y con la cualificaci¨®n necesaria. ?O estar¨ªamos dispuestos a que en un hospital en lugar de enfermeras hubiera otras figuras sin la titulaci¨®n precisa?". "Adem¨¢s, el objetivo es la atenci¨®n al ciudadano, no el lucro", remata Fontecha.

"La calidad se mide por los trabajadores que est¨¢n atendiendo al usuario en un momento dado, no por la plantilla total del centro, porque en los p¨²blicos puede haber muchos trabajadores, pero para establecer los turnos, no para dedicarse todos ellos al usuario en el mismo momento", contesta Alberto Echevarr¨ªa.

Vicen? Navarro, catedr¨¢tico de Pol¨ªticas P¨²blicas de la Universidad Pompeu Fabra, vuelve tambi¨¦n la vista a las empresas con o sin af¨¢n de lucro. "El impacto en el Estado del bienestar var¨ªa mucho si se trata de unas o de otras. En sanidad, por ejemplo, existe mucha evidencia publicada en revistas cient¨ªficas de que las empresas sanitarias privadas con af¨¢n de lucro anteponen su objetivo de optimizar los beneficios empresariales a los de mantener la calidad del servicio. Se caracterizan por pagos muy elevados a sus equipos de direcci¨®n y gesti¨®n a costa de la reducci¨®n de personal sanitario. Estudios sobre hospitales, casas de convalecencia, empresas de di¨¢lisis renal, todos privados con af¨¢n de lucro, arrojan peor calidad que los p¨²blicos y los privados sin af¨¢n de lucro", dice.

Navarro, gran conocedor del sistema norteamericano, afirma que "el dominio de estas empresas en el sector sanitario de Estados Unidos es la causa de que el gasto en aquel pa¨ªs sea enorme y la satisfacci¨®n del usuario muy baja". No existen estudios semejantes en Espa?a. Opina que lo mismo puede decirse para los geri¨¢tricos o la ayuda domiciliaria, "que son de mayor calidad cuando se trata de un sistema p¨²blico, como ocurre en Suecia, por ejemplo. En Espa?a la calidad es muy desigual y puede decirse, eso s¨ª, que est¨¢n poco financiados".

M¨¢s que la calidad o la eficacia, lo que la sindicalista Almudena Fontecha ha o¨ªdo "insistentemente" en las reuniones con la patronal es la petici¨®n de seguros privados para cubrir la dependencia llegada una edad o sobrevenida una discapacidad. "Los seguros est¨¢n previstos en la ley, pero para nosotros desde luego no son una prioridad", dice Fontecha. Efectivamente, en la ley se habla de regular la cobertura privada de las situaciones de dependencia y se dice que "se promover¨¢ la regulaci¨®n del tratamiento fiscal de los instrumentos privados de cobertura de la dependencia", es decir, que aquel que tenga un seguro de este tipo obtenga deducciones fiscales.

En un pa¨ªs como Espa?a, acostumbrados, tambi¨¦n las clases medias, a recibir sus servicios sociales (educaci¨®n, sanidad) de forma universal y gratuita, es dif¨ªcil plantear que van a perder esa gratuidad, al estilo Cameron en Reino Unido, sin recibir a cambio una deducci¨®n fiscal.

Pero esta idea tiene sus defensores, con m¨¢s o menos matices. "Tenemos un sistema de protecci¨®n social que no nos merecemos a la vista de la escasa disposici¨®n a pagar para financiarlo, ya sea con impuestos o con tasas. Todos queremos todo pero ni pagar m¨¢s impuestos (que los paguen los otros), ni copagar (donde no llega el servicio p¨²blico lo exigimos al completo)", dice Guillem L¨®pez Casasnovas, catedr¨¢tico de Econom¨ªa de la Pompeu Fabra. "Privatizar los servicios p¨²blicos no es criticable, pero hay que ver c¨®mo y por qu¨¦ se hace". "Hacer batalla pol¨ªtica de un tema como este es un error cuando es sabido que no se puede tener a la ciudadan¨ªa instalada en la cultura del todo gratis, y de que a quien gane las pr¨®ximas elecciones le va a tocar enderezar la esquizofrenia entre m¨¢s servicios y menos impuestos". Para L¨®pez Casasnovas, aquellos riesgos poco predecibles, como un c¨¢ncer o una discapacidad grave, "deben estar cubiertos para todos mediante impuestos", pr¨¢cticamente sin coste para el usuario. Para otros problemas no tan graves y m¨¢s comunes "de coste no asumible dados los recursos p¨²blicos existentes, como por ejemplo, una prestaci¨®n sanitaria que supere los 30.000 euros por a?o de vida ganado, convendr¨ªa orientarlo hacia el aseguramiento complementario, es decir, primas comunitarias para quienes se esfuercen en el ahorro complementario que ello requiere, y solo muy selectivamente, ser¨ªa gratuito". Y en un tercer escal¨®n sit¨²a otros servicios de conveniencia (un f¨¢rmaco de marca cuando exista gen¨¦rico). Para ello recomienda el "copago variable" dependiendo de la gravedad de la discapacidad.

Pero los seguros privados no convencen a Jos¨¦ S¨¢nchez Maldonado, catedr¨¢tico de Hacienda P¨²blica de la Universidad de M¨¢laga: "A ver qu¨¦ compa?¨ªa privada asegura a alguien con seg¨²n qu¨¦ enfermedad", desconf¨ªa. "Si se trata de forma desigual a los individuos en funci¨®n de su capacidad de pago, el sistema dejar¨¢ de ser universal", dice. Y zanja: "La provisi¨®n ha de estar en manos p¨²blicas, la gesti¨®n puede ser privada, y a¨²n as¨ª habr¨¢ riesgos de selecci¨®n de clientela".

Casi todos coinciden en que la valoraci¨®n del dependiente, la prescripci¨®n del servicio y la inspecci¨®n del sistema ha de estar bajo tutela p¨²blica. Quiz¨¢ Rajoy discrepe. No da detalles.