Avatares de la marihuana

Los electores del Estado de California rechazaron el martes 2 de noviembre legalizar el cultivo y el consumo de marihuana por 53% de los votos contra 47%, una decisi¨®n a mi juicio equivocada. La legalizaci¨®n hubiera constituido un paso importante en la b¨²squeda de una soluci¨®n eficaz del problema de la delincuencia vinculada al narcotr¨¢fico que, seg¨²n se acaba de anunciar oficialmente, ha causado ya en lo que va del a?o en M¨¦xico la escalofriante suma de 10.035 muertos.

Esta soluci¨®n pasa por la descrimi-nalizaci¨®n de las drogas, idea que hasta hace relativamente poco tiempo era inaceptable para el grueso de una opini¨®n p¨²blica convencida de que la represi¨®n policial de productores, vendedores y usuarios de estupefacientes era el ¨²nico m¨¦todo leg¨ªtimo para acabar con semejante plaga. La realidad ha ido revelando lo ilusorio de esta idea, a medida que todos los estudios se?alaban que, pese a las astron¨®micas sumas invertidas y la gigantesca movilizaci¨®n de efectivos para combatirla, el mercado de la droga ha seguido creciendo, extendi¨¦ndose por el mundo y creando unos carteles mafiosos de inmenso poder econ¨®mico y militar que, como se est¨¢ viendo en M¨¦xico desde que el presidente Calder¨®n decidi¨® enfrentarse, con el Ej¨¦rcito como punta de lanza, a los jefes narcos y sus pandillas de mercenarios, pueden combatir de igual a igual, gracias a su poder¨ªo, con Estados a los que tienen infiltrados mediante la corrupci¨®n y el terror.

Su legalizaci¨®n en todo EE UU har¨ªa ingresar al fisco 8.000 millones de d¨®lares anualmente

No veo por qu¨¦ el Estado proh¨ªbe que una persona fume marihuana siempre que no da?e a los dem¨¢s

Los millones de electores californianos que votaron por la legalizaci¨®n de la marihuana son un indicio auspicioso de que cada vez somos m¨¢s numerosos quienes pensamos que ha llegado la hora de cambiar de pol¨ªtica frente a la droga y reorientar el esfuerzo, de la represi¨®n a la prevenci¨®n, cura e informaci¨®n, a fin de acabar con la criminalidad desaforada que genera la prohibici¨®n y los estragos que los carteles del narcotr¨¢fico est¨¢n infligiendo a las instituciones democr¨¢ticas, sobre todo en los pa¨ªses del Tercer Mundo. Los carteles pueden pagar mejores salarios que el Estado y de este modo neutralizar o poner a su servicio a parlamentarios, polic¨ªas, ministros, funcionarios, financiar campa?as pol¨ªticas y adquirir medios de comunicaci¨®n que defiendan sus intereses. De este modo dan trabajo y sustento a innumerables profesionales contratados en las industrias, comercios y empresas legales en las que lavan sus cuantiosas ganancias. Esa dependencia de tanta gente de la industria de la droga crea un estado de ¨¢nimo tolerante o indiferente frente a lo que ella implica, es decir, la degradaci¨®n y desplome de la legalidad. ?se es un camino que conduce, tarde o temprano, al suicidio de la democracia.

La legalizaci¨®n de las drogas no ser¨¢ f¨¢cil, desde luego, y, en un primer momento, como se?alan sus detractores, traer¨¢ sin duda un aumento del consumo, sobre todo, en sectores juveniles. Por eso, la descriminalizaci¨®n s¨®lo tiene raz¨®n de ser si viene acompa?ada de intensas campa?as informativas sobre los riesgos y perjuicios que implica su consumo, semejantes a las que han servido para reducir el consumo del tabaco en casi todo el mundo, y de esfuerzos paralelos para desintoxicar y curar a las v¨ªctimas de la drogadicci¨®n.

Pero el efecto m¨¢s positivo e inmediato ser¨¢ la eliminaci¨®n de la criminalidad que prospera exclusivamente gracias a la prohibici¨®n. Como ocurri¨® con las pandillas de g¨¢nsteres que se volvieron todopoderosas y llenaron de sangre y de muertos a Chicago, Nueva York y otras ciudades norteamericanas en los a?os de la prohibici¨®n del alcohol, un mercado legal acabar¨¢ con los grandes carteles, priv¨¢ndolos de su cuantioso negocio y arruin¨¢ndolos. Como el problema de la droga es fundamentalmente econ¨®mico, econ¨®mica tiene tambi¨¦n que ser su soluci¨®n.

La legalizaci¨®n traer¨¢ a los Estados unos enormes recursos, en forma de tributos, que si se emplean en la educaci¨®n de los j¨®venes y la informaci¨®n del p¨²blico en general sobre los efectos da?inos para la salud que tiene el consumo de estupefacientes puede tener un resultado infinitamente m¨¢s beneficioso y de m¨¢s largo alcance que una pol¨ªtica represiva, la que, aparte de causar violencias vertiginosas y llenar de inseguridad la vida cotidiana, no ha hecho retroceder un ¨¢pice la drogadicci¨®n en ninguna sociedad. En un art¨ªculo publicado en The New York Times el 28 de octubre, el columnista Nicholas D. Kristof cita una investigaci¨®n presidida por el profesor de Harvard Jeffrey A. Miron en la que se calcula que s¨®lo la legalizaci¨®n de la marihuana en todo Estados Unidos har¨ªa ingresar anualmente unos 8.000 millones de d¨®lares en impuestos a las arcas del Estado, a la vez que le ahorrar¨ªa a ¨¦ste una suma equivalente invertida en la represi¨®n. Esa gigantesca inyecci¨®n de recursos volcada en la educaci¨®n, principalmente en los colegios de barrios pobres y marginales de donde sale la inmensa mayor¨ªa de drogadictos, reducir¨ªa en pocos a?os de manera dr¨¢stica el tr¨¢fico de drogas en ese sector social que es el responsable del mayor n¨²mero de hechos de sangre, de la delincuencia juvenil y el desquiciamiento familiar.

Nicholas D. Kristof cita tambi¨¦n la conclusi¨®n de un estudio realizado por ex polic¨ªas, jueces y fiscales de Estados Unidos, donde se afirma que la prohibici¨®n de la marihuana es la principal responsable de la multiplicaci¨®n de pandillas violentas y carteles que controlan la distribuci¨®n y venta de la droga en el mercado negro obteniendo con ello "inmenso provecho". Para muchos j¨®venes pobladores de los guetos negros y latinos, ya muy golpeados por el desempleo que ha provocado la crisis financiera, esa posibilidad de ganar dinero r¨¢pido delinquiendo resulta un atractivo irresistible.

A estos argumentos pragm¨¢ticos a favor de la descriminalizaci¨®n de las drogas sus adversarios suelen responder con un argumento moral. ?Debemos, pues, rendirnos, alegan, al delito en todos los casos en que la polic¨ªa se muestre incapaz de atajar al delincuente, y legitimarlo? ?Esa deber¨ªa ser la respuesta, por ejemplo, ante la pedofilia, la brutalidad dom¨¦stica, la violencia de g¨¦nero, fen¨®menos que, en vez de disminuir, aumentan por doquier? ?Bajar los brazos y rendirnos, autoriz¨¢ndolas, ya que no ha sido posible eliminarlas?

No se debe confundir el agua y el aceite. Un Estado de derecho no puede legitimar los cr¨ªmenes ni los delitos sin negarse a s¨ª mismo y convertirse en un Estado b¨¢rbaro. Y un Estado tiene la obligaci¨®n de informar a sus ciudadanos sobre los riesgos que corren fumando, bebiendo alcohol o drog¨¢ndose, por supuesto. Y de sancionar y penalizar con severidad a quien, por fumar, emborracharse o drogarse causa da?os a los dem¨¢s. Pero no parece muy l¨®gico ni coherente que si ¨¦sta es la pol¨ªtica que siguen todos los gobiernos en lo que concierne al tabaco y al alcohol, no la sigan tambi¨¦n en el caso de las drogas, incluidas las drogas blandas, como la marihuana y el hach¨ªs, pese a estar m¨¢s que probado que el efecto pernicioso de estas ¨²ltimas para la salud no es mayor, y acaso sea menor, que el que producen en el organismo los excesos de tabaco y de alcohol.

No tengo la menor simpat¨ªa por las drogas, blandas o duras, y la persona del drogado, como la del borracho, me resulta bastante desagradable, la verdad, adem¨¢s de cargosa y aburrida. Pero tambi¨¦n me disgusta profundamente la gente que en mi delante se escarba la nariz con los dedos o usa mondadientes o come frutas con pepitas y hollejos y no se me ocurrir¨ªa pedir una ley que les proh¨ªba hacerlo y los castigue con la c¨¢rcel si lo hacen. Por eso, no veo por qu¨¦ tendr¨ªa el Estado que prohibir que una persona adulta y due?a de su raz¨®n decida hacerse da?o a s¨ª misma, por ejemplo, fumando porros, jalando coca, o embuti¨¦ndose pastillas de ¨¦xtasis si eso le gusta o alivia su frustraci¨®n o su desidia. La libertad del individuo no puede significar el derecho de poder hacer solo cosas buenas y saludables, sino, tambi¨¦n, cosas que no lo sean, a condici¨®n, claro est¨¢, de que esas cosas no da?en o perjudiquen a los dem¨¢s. Esa pol¨ªtica, que se aplica al consumo de tabaco y alcohol, deber¨ªa tambi¨¦n regir el consumo de drogas. Es peligros¨ªsimo que el Estado empiece a decidir lo que es bueno y saludable y malo y da?ino, porque esas decisiones significan una intromisi¨®n en la libertad individual, principio fundamental de una sociedad democr¨¢tica. Por ese camino se puede llegar insensiblemente a la desaparici¨®n de la soberan¨ªa individual y a una forma encubierta de dictadura. Y las dictaduras, ya lo sabemos, son infinitamente m¨¢s mort¨ªferas para los ciudadanos que los peores estupefacientes.

? Mario Vargas Llosa, 2010. ? Derechos mundiales de prensa en todas las lenguas reservados a Ediciones EL PA?S, SL, 2010.