La fiscal pide dos a?os al ex presidente del PNV en Barrika
Larrazabal est¨¢ imputado por una serie de vertidos en un ¨¢rea protegida
La Fiscal¨ªa de Vizcaya ha pedido dos a?os de prisi¨®n al ex presidente del PNV de Barrika Jon Larrazabal, y al responsable de la constructora Excavaciones Baranda, Alexandre Albizu, por un delito contra el medio ambiente. La fiscal les imputa a ambos la realizaci¨®n de vertidos, algunos peligrosos, en un ¨¢rea protegida de Barrika sin cumplir los requerimientos del Departamento de Medio Ambiente. El caso, que se remonta a 2006, cuando la asociaci¨®n ecologista Txipio Bai present¨® una denuncia, queda ya pendiente de que se fije de la fecha del juicio, que se celebrar¨¢ el pr¨®ximo a?o.
La fiscal¨ªa, en un escrito del pasado mes de junio, relata que Jon Larrazabal pidi¨® en 2002, cuando era el presidente del PNV de Barrika, una licencia para plantar vi?edos en un terreno de su propiedad, que est¨¢ incluido en el cat¨¢logo abierto de espacios naturales de Euskadi, al ser el h¨¢bitat natural de la rana patilarga -una especie catalogada como vulnerable- y existir una zona de inter¨¦s geol¨®gico. En 2004, Larrazabal modific¨® el permiso para verter residuos y transmiti¨® la licencia a la constructora Excavaciones Baranda.
Al a?o siguiente, un informe de Medio Ambiente exigi¨® a los promotores que realizasen un estudio previo sobre cualquier actuaci¨®n en la zona al tratarse de un ¨¢rea protegida, pero la constructora no realiz¨® ning¨²n informe ni retir¨® los materiales vertidos, como tambi¨¦n se les hab¨ªa requerido, seg¨²n constata la Fiscal¨ªa. Al contrario, los dos imputados realizaron rellenos y destruyeron parte del ¨¢rea de inter¨¦s geol¨®gico, se?ala el Ministerio P¨²blico, que alude a los informes de la Guarda Civil, en los que se detectaron concentraciones de cadmio y ars¨¦nico de hasta el triple por encima del umbral legal de afecci¨®n a los ecosistemas.
La denuncia de los ecologistas se?alaba que se produjo un relleno de 70.000 metros c¨²bicos de escombros y tierras contaminadas. Agregaba que Larrazabal desglos¨® el proyecto en dos superficies de m¨¢s de 4.000 metros cuadrados, con lo que evitaba que la actuaci¨®n fuera considerada un relleno (lo que ocurre cuando un ¨¢rea supera los 5.000 metros cuadrados) y que requiere la autorizaci¨®n de la consejer¨ªa de Medio Ambiente. As¨ª, solo precis¨® la autorizaci¨®n municipal.
La Audiencia de Vizcaya, que en febrero rechaz¨® el archivo de la causa pedido por los imputados y confirm¨® su implicaci¨®n, consider¨® la existencia del delito medioambiental y que, pese a las medidas correctoras exigidas por Medio Ambiente, "se hizo caso omiso".
Adem¨¢s del testimonio de los dos imputados, ha pedido la declaraci¨®n en el juicio de cuatro testigos, entre ellos el entonces alcalde de Barrika, el peneuvista Jos¨¦ Mar¨ªa Ezpeleta, y cuatro guardias civiles que realizaron los informes sobre los vertidos peligrosos. La petici¨®n de condena de dos a?os va acompa?ada de una multa de 5.400 euros para cada uno de los dos acusados.
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