Qui¨¦n y c¨®mo negocia con la basura

El caso Brugal ha sacado a la luz el extraordinario negocio que supone en la Comunidad Valenciana la gesti¨®n de los residuos s¨®lidos urbanos (RSU) que desplazan los municipios a los vertederos autorizados. El Plan Integral de Residuos (PIR) de la Comunidad Valenciana data de 1997, y establec¨ªa un periodo de cinco a?os para que estuvieran construidas las infraestructuras necesarias de los 18 planes zonales. Pero 13 a?os despu¨¦s, este negocio avistado en su d¨ªa por el ex presidente de la Generalitat, Eduardo Zaplana, es un aut¨¦ntico desprop¨®sito que ha generado numerosas tensiones territoriales y pol¨ªticas, un ingente tr¨¢fico de intereses y dinero y el reparto por zonas de influencia de las diferentes partes del pastel entre un pu?ado de empresas.

Es dif¨ªcil calcular los residuos que se generan, su gesti¨®n y el beneficio que dan

Varios colectivos denunciaron al Seprona los vertidos sin tratar

Es casi imposible calcular el volumen de residuos que se generan, c¨®mo se gestionan y cu¨¢nto dinero ingresan los concesionarios. Los municipios no controlan la basura que recogen las empresas contratadas para retirarla, nadie controla a los receptores autorizados por la administraci¨®n y nada se sabe de la valorizaci¨®n (reciclaje) de la basura que tratan.

El nuevo Plan Integral de Residuos, que deb¨ªa sustituir al de 1997 y fue confeccionado en 2008, est¨¢ todav¨ªa en fase de exposici¨®n p¨²blica. En 1995 cada valenciano generaba unos 400 kilos de residuos, que son ya m¨¢s de 500 y que en 2020 llegar¨¢n a 600, un 33% m¨¢s en 25 a?os. Adem¨¢s, seg¨²n recoge el PIR, en 2020 habr¨¢ en la Comunidad Valenciana casi siete 7 millones de habitantes, lo que quiere decir que el Plan no dar¨¢ cobertura a toda la poblaci¨®n si atendemos a la capacidad de las plantas y vertederos previstos.

La necesidad de transportar la basura a centenares de kil¨®metros y el hecho de que cada concesionario de los diferentes planes zonales marque sus tarifas ha incrementado, en muchos casos hasta el doble, el recibo que los ciudadanos pagan por una tasa que genera rechazo social, entre otras cosas por la falta de informaci¨®n sobre unas instalaciones que pueden ser inocuas si est¨¢n bien gestionadas. Instalaciones que son vigiladas m¨¢s por la polic¨ªa que por la Generalitat, lo que deriva la inspecci¨®n al ¨¢mbito judicial. De hecho, el verano pasado la coordinadora de las partidas rurales de Alicante, Ecologistas en Acci¨®n y Salvem Fontcalent presentaron una denuncia al Seprona, dependiente de la Guardia Civil, por "el vertido masivo de residuos sin tratar en el vertedero municipal de Fontcalent", porque "est¨¢ prohibido por la legislaci¨®n europea, estatal y auton¨®mica de residuos". Y eso que en algunos casos los incrementos de la tasa se han dejado hasta que pasen las municipales de 2011 para no alarmar a la poblaci¨®n.

El ejemplo de lo que hay en juego fue el intento de adjudicaci¨®n de la recogida de basura de Orihuela en 2008 por 190 millones de euros en 20 a?os. Siete grupos concursaron para quedarse con el pastel que persegu¨ªa ?ngel Fenoll, uno de los principales imputados del caso Brugal. Fenoll compareci¨® con la mercantil Colsur y el grupo Urbaser, pero tambi¨¦n lo hicieron FCC, Acciona, Cespa-Ortiz, La Generala y la UTE formada por Sufi, Liasur y Gobancast. Esta ¨²ltima result¨® la adjudicataria un a?o antes de un contrato posteriormente anulado por los manejos de Fenoll para comprar voluntades pol¨ªticas, las grabaciones que ¨¦l mismo llev¨® a la Fiscal¨ªa y su primera detenci¨®n en 2007, en lo que ya puede considerarse la primera fase del caso Brugal.

Esta cadena de corrupci¨®n tom¨® el vuelo definitivo tras el verano de este a?o. La causa fue la adjudicaci¨®n del vertedero del plan zonal XVII, que en enero de 2008 fue otorgado a Cespa-Ortiz en la finca Lo Cartagena de la pedan¨ªa oriolana de Torremendo. Sin embargo, Fenoll, que tambi¨¦n se present¨® a la adjudicaci¨®n, consigui¨® que la planta de basuras fuera trasladada a la finca La Pistola, que hab¨ªa conseguido comprar unos meses antes y con la que pretend¨ªa realizar un pelotazo de m¨¢s de tres millones de euros. Una sucesi¨®n de trapicheos y connivencias ha acabado con la detenci¨®n y posterior imputaci¨®n, entre otros, de Enrique Ortiz y el presidente de la Diputaci¨®n Jos¨¦ Joaqu¨ªn Ripoll, que ha destapado, a consecuencia de las grabaciones efectuadas, una larga lista de corruptelas vinculadas a la redacci¨®n del nuevo plan general de Alicante, entre otros asuntos.

Una estimaci¨®n realizada con los datos de la Generalitat, los que proporcionan las plantas de tratamiento y otras valoraciones de expertos, abundan en que en la Comunidad Valenciana se generan unos tres millones de toneladas de residuos, aunque luego cada vertedero cobra una cantidad diferente por cada tonelada que recibe en su planta, que puede variar desde los 25 euros que paga Elche hasta los m¨¢s de 50 de Alcoi. S¨®lo puede hacerse una aproximaci¨®n, pero multiplicando por 35 euros, el tratamiento de la basura en las plantas autorizadas, los residuos valencianos representan un volumen de negocio de m¨¢s de 100 millones de euros anuales que apenas tiene mecanismos de control y que podr¨ªan ascender a casi el doble porque, seg¨²n fuentes autorizadas, casi todos los vertederos pueden tratar el doble de toneladas que declaran como capacidad m¨¢xima.

La Comunidad Valenciana est¨¢ dividida en 18 planes zonales de residuos, aunque se han constituido finalmente 10 consorcios y otras tres f¨®rmulas asociativas que cubren todo el territorio. En el ¨¢rea de gesti¨®n 1 del Plan Zonal III y VIII (Valencia y su ¨¢rea metropolitana), la administraci¨®n competente es el Emtre (Entidad Metropolitana para el Tratamiento de Residuos). En Alicante ciudad la administraci¨®n competente es el Ayuntamiento de la ciudad y en la zona XVIII (Baix Vinalop¨® y parte del Vinalop¨® Mitj¨¤) hay un consorcio que funciona desde 1997. En estas tres no tiene presencia la Generalitat que, junto con las diputaciones, controla el resto de entes, es decir, los consorcios del Norte de Castell¨®, Castell¨® Centro, Sur de Castell¨®-Norte de Valencia, Valencia Interior, Las Riberas y Valencia Sur, El Vinalop¨®, L'Alcoi¨¤, Las Marinas y La Vega Baja. Las diputaciones tienen el 15% del voto ponderado, el 25% es del Consell y el otro 60% de los municipios que componen cada consorcio en funci¨®n de su poblaci¨®n. El resultado final es que el PP los dirige todos, hasta el punto que tras la moci¨®n de censura de Benidorm, Ripoll convoc¨® una reuni¨®n del consorcio de la zona XV (Las Marinas) para trasladar su domicilio social a la sede de la Diputaci¨®n. La zona XV era la ¨²nica que manten¨ªa su sede fuera del ente provincial. Los socialistas no presentaron oposici¨®n alguna.

El reparto de la gesti¨®n de los planes zonales se ha hecho de forma arbitraria, dado que cada ente supramunicipal ha adjudicado su planta de tratamiento, si bien el consorcio de las zonas II, IV y V, de Castell¨® centro, mantiene la planta de una empresa de capital p¨²blico propiedad de varios ayuntamientos de la zona que est¨¢ operativa desde 1998, la planta de la zona XIII (El Vinalop¨®) en Villena es de Vaersa (empresa p¨²blica de la Generalitat), que tambi¨¦n tiene el 51% de la planta de Xixona para dar servicio a L'Alcoi¨¤, o sea, al consorcio de la zona XIV.

En Castell¨®n han conseguido adjudicaciones empresas locales Tetma, Lubasa y Azahar, SA, esta ¨²ltima en UTE con Teconma (que depende de la SEPI) y el socio tecnol¨®gico Ecodeco, una empresa de capital italiano.

En Valencia, FCC interviene en dos de los planes zonales, aunque tambi¨¦n han conseguido su parte Florentino P¨¦rez (Urbaser), Sedesa, Lubasa, Sufi, SAV o Cyes.

En Alicante, Cespa comparte accionariado con Vaersa, Enrique Ortiz se lleva la mayor parte con la adjudicaci¨®n de Alicante ciudad y La Vega Baja (plan zonal XVII), FCC gestiona la planta de Las Marinas y Florentino P¨¦rez comparte con Hormigones Mart¨ªnez la planta de Elche.