La olla a presi¨®n de los empleados de la Junta

El objetivo oficial de la reordenaci¨®n del sector p¨²blico es reestructurar la administraci¨®n de la Junta de Andaluc¨ªa para ser m¨¢s eficientes, ahorrar unos 180 millones y mejorar los servicios p¨²blicos. El trasfondo final: establecer un nuevo modelo de Administraci¨®n. El resultado, por ahora: movilizaciones permanentes, una mara?a judicial de imprevisibles consecuencias, el rechazo generalizado de los funcionarios, independientemente de su filiaci¨®n pol¨ªtica, situaciones de acoso entre trabajadores y una oposici¨®n que est¨¢ cosechando unos beneficios pol¨ªticos inesperados.

Cuando el Partido Popular se sum¨® a las voces que consideran el decreto de reordenaci¨®n una normalizaci¨®n del "enchufismo", el mensaje cal¨® y el objetivo de la disputa, que hasta ese momento hab¨ªa sido legal, sindical y pol¨ªtico, cambi¨® y apunt¨® a los trabajadores. Las tensiones ya existentes y las creadas durante la negociaci¨®n entre todo el personal de la Junta estallaron. Surgieron camisetas con la palabra "enchufado" y comenzaron los insultos a los empleados de los 350 entes instrumentales que, seg¨²n el censo del Ministerio de Econom¨ªa y Hacienda hace un a?o, hay en Andaluc¨ªa.

Pacto con CC OO y UGT: "Se aplicar¨¢ el Estatuto B¨¢sico del Empleado P¨²blico"

Alicia Martos, CSIF: "El decreto es un atropello a la Constituci¨®n"

Antonio, DAP: "Pas¨¦ por un proceso de selecci¨®n recogido en convenio"

La C¨¢mara de Cuentas detect¨® irregularidades en entes p¨²blicos

"Estamos teniendo muchos problemas. Se dan situaciones muy comprometidas, incluso de acoso. Hay funcionarios que vienen a trabajar con las camisetas de enchufados, que silban cuando entramos y que nos hacen el vac¨ªo. No queremos echar m¨¢s le?a al fuego, pero no podemos aceptar este trato, en absoluto". As¨ª resume la situaci¨®n Rafael Mudarra, de UGT, quien pide a todos los compa?eros que se sientan "amenazados o coaccionados" que lo digan porque tienen a su disposici¨®n los servicios jur¨ªdicos del sindicato. "Los funcionarios pueden defender sus derechos, pero queremos que nos dejen en paz y poder trabajar con dignidad", resume Mudarra.

La vicepresidenta del sector auton¨®mico de la Administraci¨®n General de la Junta en CSIF, Alicia Martos, rechaza tajantemente utilizar t¨¦rminos como los impresos en las camisetas y esas actitudes. "Esa palabra, por peyorativa y por injusta, nunca saldr¨¢ del CSIF". Pero, de inmediato, a?ade: "Tenemos indicios m¨¢s que razonables de que el 80% de estas personas que prestan servicios en estas empresas p¨²blicas o fundaciones no han entrado de acuerdo a ning¨²n criterio de selecci¨®n objetivo. Que me ense?en el BOJA. Si son tan p¨²blicas, que me ense?en en qu¨¦ bolet¨ªn, en qu¨¦ tabl¨®n de anuncios se publican las ofertas".

Antonio trabaja en la empresa p¨²blica Desarrollo Agrario y Pesquero (DAP) y est¨¢ relacionado con CC OO. Niega tajantemente que realice trabajos que correspondan a los funcionarios, como acusan ¨¦stos a los empleados de empresas p¨²blicas, y que no haya pasado por un proceso de selecci¨®n. Al contrario, afirma que la v¨ªa de incorporaci¨®n est¨¢ recogida en un convenio p¨²blico e invita a cualquiera a revisar en el BOJA la carta de servicios que rige los trabajos de la empresa.

Antonio tambi¨¦n ha detectado insultos y compa?eros que le han retirado la palabra. Destaca que se han registrado pintadas en el material de DAP en Almer¨ªa. Y no lo entiende. "S¨®lo hacemos nuestro trabajo. Yo voy a seguir siendo trabajador fijo con un contrato laboral en una empresa, aunque ¨¦sta cambie su CIF. Incluso tenemos perjuicios por trabajar para la Administraci¨®n, pero no los beneficios. En mi empresa han cesado 600 y mi temor es que se est¨¦ defendiendo el despido de 24.000 trabajadores. La reordenaci¨®n no supone la privatizaci¨®n ni yo gano nada ni quiero ser funcionario".

Pero ¨¦stos no opinan lo mismo. Afirman que los entes est¨¢n realizando trabajos de funcionarios y lo argumentan con resoluciones judiciales. En la m¨¢s reciente, del pasado d¨ªa 23, el Tribunal Superior de Justicia de Andaluc¨ªa rechaz¨® la delegaci¨®n de funciones de inspecci¨®n, vigilancia y control en Egmasa. Tambi¨¦n dudan de la limpieza de los procesos de selecci¨®n y esgrimen informes de la C¨¢mara de Cuentas de la ¨²ltima d¨¦cada en los que se censura que media docena de empresas y fundaciones revisadas "carecen de informaci¨®n de la vida laboral o experiencia profesional del empleado" o insta a que los procedimientos de selecci¨®n "mejoren" a trav¨¦s de "convocatorias p¨²blicas con criterios objetivos previamente establecidos que garanticen la idoneidad para el desempe?o del puesto de trabajo".

Tambi¨¦n niega Martos que la reordenaci¨®n deje intactas las condiciones laborales de los empleados. Mientras los trabajadores de los entes instrumentales afirman que no van a ser funcionarios, la representante del CSIF esgrime el primer punto del acuerdo pactado con UGT y CC OO y que motiv¨® su marcha de la mesa de negociaci¨®n: "Tienen la consideraci¨®n de personal al servicio de la Junta de Andaluc¨ªa y, por tanto, de empleados p¨²blicos, quienes prestan sus servicios en las entidades incluidas en el T¨ªtulo II y el Cap¨ªtulo II del T¨ªtulo III de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de Administraci¨®n de la Junta de Andaluc¨ªa, es decir, de su Administraci¨®n General y de sus Agencias, sin perjuicio del r¨¦gimen jur¨ªdico que corresponda, al que les ser¨¢ de aplicaci¨®n el contenido de este acuerdo. Al citado personal le es de aplicaci¨®n la Ley 7/2007, de 12 de abril, por la que se aprueba el Estatuto B¨¢sico del Empleado P¨²blico y el Estatuto de los Trabajadores, as¨ª como su normativa de desarrollo". Seg¨²n Alicia Martos, esta cl¨¢usula convierte en empleado p¨²blico a todo el personal y considera que se vulnera hasta la Constituci¨®n.

Esta pr¨®xima semana, el decreto empieza su tr¨¢mite en el Parlamento con la intenci¨®n de que se convierta en ley. Pero no parece que vaya a ser el final de las movilizaciones ni de la tensi¨®n en la Administraci¨®n. "No van a acabar con las movilizaciones. Los empleados p¨²blicos van a seguir. Y no son partidistas. Lo hacen porque es un atropello a la Constituci¨®n, a sus condiciones laborales y a los derechos de la ciudadan¨ªa".