Frente al chantaje, legalidad y firmeza

El Gobierno ha hecho frente a la crisis m¨¢s grave sufrida nunca por nuestro tr¨¢nsito a¨¦reo con firmeza y con eficacia. Solo 24 horas despu¨¦s del inicio de una huelga salvaje por parte de los controladores, el Gobierno ha logrado establecer el principio de la normalidad en el transporte a¨¦reo espa?ol.

La acci¨®n del Gobierno ha tenido como objetivos:

1) La seguridad de los viajeros, por eso no se ha reabierto el tr¨¢fico hasta que no se han dado las condiciones debidas.

2) La informaci¨®n y la atenci¨®n a los afectados, por eso las comparecencias p¨²blicas han sido continuas y se han dispuesto alternativas viables de transporte.

3) El reestablecimiento del tr¨¢fico, por eso se ha obligado a los controladores a volver a sus puestos mediante el Estado de Alarma y la militarizaci¨®n del servicio.

Se aprob¨® el decreto el viernes porque era urgente clarificar las horas extra

4) La prevalencia de la ley, por eso se ha dicho no a los privilegios injustificados, no al chantaje y no a la impunidad de quienes toman a los ciudadanos como rehenes.

5) La garant¨ªa de que esta situaci¨®n no vuelva a producirse en el futuro.

?Por qu¨¦ se aprueba el decreto precisamente ahora? Porque era imprescindible y urgente clarificar la contabilidad correcta de las horas de trabajo, evitando as¨ª que cientos de controladores cumplieran su amenaza de abandonar en este puente los puestos bajo el argumento falso de que ya hab¨ªan cumplido el tope m¨¢ximo legal de 1.670 horas por a?o. El Decreto ha posibilitado una respuesta pronta y eficaz a la crisis.

Los controladores han ocasionado un grave da?o a la sociedad y a la econom¨ªa espa?ola y deben pagar por ello. Los expedientes disciplinarios abiertos completar¨¢n su curso hasta el despido de quienes lo merezcan. Y las diligencias abiertas por la fiscal¨ªa culminar¨¢n con la ejecuci¨®n de las penas que corresponden a los delitos cometidos.

El prop¨®sito de esta huelga salvaje consist¨ªa en doblar el brazo al Estado para dejar sin efecto la ley que ha puesto fin a unos privilegios desmesurados: la contabilidad de un tercio de la jornada habitual como horas extraordinarias para sumar salarios de entre 350.000 y un mill¨®n de euros anuales, la jubilaci¨®n a los 52 a?os con salario ¨ªntegro, la autoorganizaci¨®n del trabajo al margen de las necesidades del servicio, y el control del acceso a la profesi¨®n para los m¨¢s allegados. El Gobierno no pod¨ªa y no deb¨ªa transigir.

No es cierto que los controladores hayan sido objeto de vulneraci¨®n en sus derechos laborales o que no tuvieran m¨¢s opciones de propuesta o protesta. Cada medida gubernamental ha sido confirmada por los tribunales de justicia, las v¨ªas de negociaci¨®n con AENA siempre han estado abiertas con el ¨²nico l¨ªmite de la ley, y siempre pod¨ªan haber acudido a las movilizaciones que prev¨¦ nuestro ordenamiento, hasta la huelga. Eso s¨ª, con preaviso de 15 d¨ªas y servicios m¨ªnimos.

El PP tiene responsabilidad propia en esta crisis, porque el convenio que otorg¨® en 1999 unos privilegios y un poder desorbitado a los controladores fue obra suya. Y ahora han perdido una buena oportunidad para situarse del lado del Gobierno, la ley y el inter¨¦s general. El ansia de poder les ha llevado al bando equivocado. Una vez m¨¢s.

Rafael Simancas es portavoz de Fomento del PSOE en el Congreso.