El cobro irregular de impuestos le cuesta al Consell m¨¢s de 10 millones

Diez a?os lleva la Sala de Lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) dici¨¦ndole a la Consejer¨ªa de Econom¨ªa que liquida mal y al alza, entre otros, el impuesto de transmisiones, que no motiva su c¨¢lculo y debe aplicar correctamente la f¨®rmula. En definitiva, le advierte que act¨²a de forma irregular. Diez a?os lleva la Sala condenando a la Generalitat a pagar las costas de los miles de procedimientos que ha perdido: entre 1.300 y 1.400 euros por asunto. ?Cu¨¢ntos ha visto el tribunal en una d¨¦cada? Al menos 8.000. Es decir, la Generalitat ha perdido en recurrir liquidaciones de impuestos de transmisiones, donaciones o actos jur¨ªdicos documentados un m¨ªnimo de 10.400.000 euros. Esa cantidad la gasta a sabiendas, porque desde el a?o 2000 hay sentencias, incluidos los pronunciamientos del Tribunal Supremo, en las que de forma inequ¨ªvoca los magistrados reiteran la irregularidad de su persistente actuaci¨®n en la liquidaci¨®n de esos impuestos.

La consejer¨ªa multiplica el valor catastral por un coeficiente de 2,00

Pero pierde a¨²n m¨¢s dinero. La Generalitat tiene que devolver, adem¨¢s, el dinero que haya cobrado irregularmente y hacerlo incrementando a la cantidad en cuesti¨®n los intereses oportunos. Es cierto que la mayor parte de las personas que recurre solicitan a la vez la suspensi¨®n cautelar del pago efectivo de la tasa. Pero no son todos. De manera que, como dicen algunos de los abogados que habitualmente trabajan este tipo de asuntos, son decenas de millones de euros los que el Consell ha perdido, y sigue perdiendo, desde hace una d¨¦cada.

La Sala de Lo Contencioso-Administrativo no se ha limitado a resolver uno tras otro los miles de recursos y repetirle a la Generalitat que lo est¨¢ haciendo mal. En las deliberaciones de los fallos, varios de los magistrados se han planteado incluso iniciar una actuaci¨®n contra la Administraci¨®n auton¨®mica por prevaricaci¨®n, ya que se enfrentan a "una pr¨¢ctica viciosa". A pesar de los miles de asuntos que han llegado al TSJ en diez a?os, solo el 5% de los afectados recurre estos impuestos cobrados.

La historia se ha repetido miles de veces. Los particulares presentan la oportuna y obligatoria liquidaci¨®n de impuestos varios, fundamentalmente por transmisiones (que grava, por ejemplo, la compraventa de una vivienda de segunda mano o sucesivas), donaciones y actos jur¨ªdicos documentados (notariales, como las escrituras de viviendas, mercantiles y administrativos). Son impuestos derivados a las comunidades aut¨®nomas. Esa liquidaci¨®n es corregida al alza, en este caso por el Consell, en dos puntos. Los particulares, no lo aceptan, y acuden entonces al Tribunal Econ¨®mico Administrativo Regional (TEAR) de Valencia. Y este (aunque en los dos ¨²ltimos a?os cada vez menos) ha desestimado las reclamaciones a las liquidaciones de estos impuestos al considerar que no era este el ¨®rgano al que compet¨ªa la revisi¨®n de los criterios aplicados para las valoraciones puesto que eran realizados por un "perito de la administraci¨®n".

Tras "numeros¨ªsimas sentencias del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana", tal como indican algunos de los fallos actuales del TEAR, este ¨²ltimo tribunal comenz¨® a estimar las reclamaciones de los particulares antes de que el TSJ las diera por v¨¢lidas.

El tribunal econ¨®mico administrativo detalla en sus fallos la misma argumentaci¨®n que el TSJ y sostiene que: "No nos encontramos ante valoraciones singularizadas, sino que son fruto de la aplicaci¨®n de unos criterios gen¨¦ricos desligados del bien concreto cuyo valor se comprueba".

Como ejemplo, una de las sentencias emitida por el TEAR respecto a una reclamaci¨®n por liquidaci¨®n del impuesto de transmisiones sostiene que la valoraci¨®n realizada para cuantificar ese gravamen sigue unos razonamientos que "aunque referidos a bienes de naturaleza urbana, son trasladables perfectamente a los de naturaleza r¨²stica".

Tambi¨¦n reprocha a la administraci¨®n auton¨®mica que realice los c¨¢lculos con unas valoraciones "cuyas razones de aplicaci¨®n no se constatan en el expediente, por lo que no nos encontramos ante valoraciones singularizadas, sino que son fruto de la aplicaci¨®n de unos criterios gen¨¦ricos desligados del bien concreto cuyo valor se comprueba".

Cuando el tribunal econ¨®mico administrativo no toma partido, no se pronuncia por entender que es su obligaci¨®n, los particulares recurren al TSJ. Lo han hecho en diez a?os, al menos, 8.000 contribuyentes. Y uno tras otro han ganado a la Generalitat. Las sentencias repiten la argumentaci¨®n: el sistema de evaluaci¨®n de la carga impositiva no es correcta. La Administraci¨®n, para liquidar el impuesto sobre transmisiones patrimoniales, multiplica el valor catastral de un inmueble por el coeficiente 2,00. Seg¨²n argumenta, es para actualizar el valor del inmueble. En la pr¨¢ctica, como recogen los fallos del TSJ, supone, sin m¨¢s, un incremento de la recaudaci¨®n.

?Qu¨¦ deber¨ªa hacer Hacienda para actuar conforme a la legalidad? Actualizar el catastro o, en caso de desacuerdo con el contribuyente, favorecer una pericial contrastada (que especialistas de ambas partes cotejen el valor de un inmueble).

La Sala ha explicado, desde que se inici¨® la pr¨¢ctica irregular del Consell, que el expediente administrativo no aporta los estudios que llevan a la Administraci¨®n a aplicar un valor del inmueble distinto del catastral, y ha puesto de relieve que tampoco demuestra que para calcularlo se haya visitado el mismo, sino que, contrariamente, se basa en el dictamen de un t¨¦cnico que aplica valoraciones preexistentes, "desconocidas para la parte y la sala", de zonificaci¨®n, antig¨¹edad y estado de conservaci¨®n.

?Por qu¨¦ contin¨²a la Consejer¨ªa de Hacienda liquidando irregularmente? Porque solo una m¨ªnima parte de los afectados recurre (y est¨¢n obligados a pagar inicialmente abogado y procurador). La gran mayor¨ªa no cuestiona la tasa, por lo que el ingreso (irregularmente incrementado) supone millones para el Consell.