Palomares: 50.000 metros c¨²bicos contaminados con plutonio

Espa?a y Estados Unidos tienen un problema enquistado desde 1966: el accidente nuclear en Palomares, en el que cuatro bombas at¨®micas cayeron en la pedan¨ªa almeriense. Espa?a decidi¨® en 2004 descontaminar la zona e insiste en que EE UU pague parte de la limpieza y se lleve la tierra contaminada con plutonio. As¨ª se lo transmiti¨® el 14 de diciembre de 2009 el entonces ministro de Exteriores, Miguel ?ngel Moratinos, a la secretaria de Estado, Hillary Clinton, en Washington. Moratinos reclam¨®, seg¨²n un cable confidencial, que Clinton hiciera lo posible "para ayudar desde el punto de vista de la opini¨®n p¨²blica espa?ola, de la que temi¨® que se volviera en contra de EE UU si se divulgaran los resultados de un reciente estudio sobre la contaminaci¨®n". Clinton no contest¨®. El estudio, a cuyas conclusiones ha tenido acceso EL PA?S pero que no ha sido hecho p¨²blico, concluye que en Palomares queda medio kilo de plutonio que ha contaminado unos 50.000 metros c¨²bicos de tierra -el volumen de 27 piscinas ol¨ªmpicas-.

En diciembre de 2009, Clinton "coment¨® que recordaba el accidente pero no se comprometi¨®"

El estudio ha hallado medio kilo de plutonio que contamina 50.000 metros c¨²bicos de tierra

La legaci¨®n en Madrid admite que en 1969 "se comprometi¨® a sufragar los gastos del accidente"

Otro cable dice que EE UU no tiene obligaci¨®n legal pero que su apoyo hasta el final "estaba impl¨ªcito"

Los cables revelan que Washington sabe que su compromiso estaba escrito en un documento de 1969. La Embajada en Madrid pidi¨® al Departamento de Estado que pagara o, de lo contrario, ser¨ªan duramente criticados si elud¨ªan su responsabilidad. Sin embargo, EE UU comunic¨® a Espa?a en una nota verbal del 16 de noviembre pasado que necesita m¨¢s estudios, que por ahora no va a pagar su parte de la descontaminaci¨®n, seg¨²n fuentes conocedoras del documento. Este no aparece en los cables de Wikileaks, ya que las comunicaciones filtradas concluyen el pasado mes de febrero. Pero supone el colof¨®n a un intenso intercambio de pareceres que demuestra que el caso Palomares ha estado muy presente en las relaciones bilaterales.

El 7 de noviembre de 2006, un cable de la Embajada de Madrid a Washington (84732) firmado por el embajador Eduardo Aguirre (en el cargo entre 2005 y 2009) relata la visita a Espa?a de John Shaw, secretario adjunto del Departamento de Energ¨ªa (DOE) en septiembre de 2005. Shaw visit¨® Palomares, pese a lo que el Ministerio de Exteriores espa?ol no le trat¨® durante la visita. El cable afirma que "Shaw no se comprometi¨® formalmente a dar financiaci¨®n del DOE a ning¨²n plan eventual de limpieza, pero qued¨® impl¨ªcito que el DOE permanecer¨ªa en la escena de una forma u otra hasta que Palomares estuviera limpio".

La nota recuerda que tras el choque de dos aviones militares durante un repostaje en el aire, el 17 de enero de 1966, el Ej¨¦rcito estadounidense se llev¨® unas 1.700 toneladas de tierra contaminada a un almac¨¦n nuclear en Carolina del Sur. En 1997, el DOE "se comprometi¨® a pagar el 25% del gasto anual del Ciemat en vigilancia ambiental y m¨¦dica, hasta unos 300.000 d¨®lares" al a?o. El Ciemat (Centro de Investigaciones Energ¨¦ticas, Medioambientales y Tecnol¨®gicas, del Ministerio de Ciencia) es heredero de la Junta de Energ¨ªa Nuclear de Franco y quien vigila Palomares. Entre 1997 y 2007, el DOE pag¨® tres millones de d¨®lares al Ciemat.

Palomares nunca fue un problema, era una zona olvidada. Pero hace una d¨¦cada lleg¨® la burbuja inmobiliaria y, con ella, los planes para construir decenas de miles de viviendas del Ayuntamiento de Cuevas del Almanzora (al que pertenece Palomares) y de Vera, que tambi¨¦n tiene terreno afectado. Pretend¨ªan multiplicar por 10 la poblaci¨®n de Palomares (1.500 habitantes) y obligaron al Ejecutivo a dejar de mirar hacia otro lado.

En 1996, las mediciones de radiaci¨®n en el aire y los cultivos comenzaron a dar niveles anormalmente altos. Era el americio, producto de la desintegraci¨®n del plutonio y que se dispersa m¨¢s f¨¢cilmente. En 2001, el Ciemat tom¨® nuevas muestras de suelo y hall¨® un nivel de radiaci¨®n 20 veces superior al considerado aceptable para un suelo donde vive gente. El Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) alert¨® de que remover la tierra contaminada era un riesgo para la salud.

En la Ley de Acompa?amiento de 2003, el Ejecutivo de Jos¨¦ Mar¨ªa Aznar incluy¨® la expropiaci¨®n de los terrenos en los que cayeron las bombas. Todos esos movimientos se hicieron sin comunicarlo p¨²blicamente. La ley que permit¨ªa la expropiaci¨®n no citaba en ning¨²n lado la palabra Palomares.

En 2004, ya con el PSOE, lleg¨® a la direcci¨®n del Ciemat Juan Antonio Rubio, quien, seg¨²n la nota de la embajada, "revitaliz¨® una instituci¨®n moribunda" y puso en marcha un plan de descontaminaci¨®n. Rubio, ya fallecido, declar¨® entonces a EL PA?S que ¨¦l fue el primer sorprendido al saber que el plutonio segu¨ªa enterrado: "Lo mejor es quitar el material radiactivo y olvidarnos de Palomares". El Ciemat comenz¨® a realizar un detallado estudio tridimensional de la contaminaci¨®n: expropi¨® los terrenos de las bombas, tom¨® 325.000 muestras con un georradar en 6,6 millones de metros cuadrados de suelo y analiz¨® 1.848 muestras de tierra. EE UU puso 1,983 millones de d¨®lares para el estudio. En un informe preliminar, de junio de 2007, el Ciemat admiti¨® que hab¨ªa contaminaci¨®n fuera de las zonas valladas y expropiadas y el CSN replic¨® que la contaminaci¨®n detectada se podr¨ªa superar la dosis de radiaci¨®n admisible para el p¨²blico, lo que oblig¨® a "imponer restricciones totales o parciales" al uso del suelo.

El estudio sobre la radiaci¨®n enterrada se termin¨® en diciembre de 2008 y es al que se refiere Moratinos. El Gobierno no lo ha hecho p¨²blico, pero seg¨²n las conclusiones, ha hallado 50.000 metros c¨²bicos de tierra contaminada con medio kilo de plutonio (cada bomba ten¨ªa entre 4 y 5 kilos). Adem¨¢s, desvela la localizaci¨®n de las zanjas radiactivas en las que el Ej¨¦rcito de EE UU dej¨® enterrados restos met¨¢licos contaminados y que la sobreexplotaci¨®n del acu¨ªfero ha provocado la intrusi¨®n salina (entra agua de mar en el subsuelo), algo que "reduce las posibilidades de que el agua subterr¨¢nea haya sido utilizada para beber o regar". Hay tres zonas contaminadas, una cerca del cementerio -donde est¨¢n las zanjas-, un solar en el centro de la pedan¨ªa, y 20 hect¨¢reas en la sierra de Almagrera, donde el viento llev¨® parte de la contaminaci¨®n durante la ca¨ªda de la bomba. De los 50.000 metros c¨²bicos contaminados hay 4.200 con un nivel de radiaci¨®n que implica "la restricci¨®n total de uso". Los investigadores buscan c¨®mo reducir el volumen de tierra con un tamizado y consideran que los 50.000 metros c¨²bicos de tierra radiactiva se podr¨ªan quedar en 6.000.

El embajador Aguirre advirti¨® a Washington ya en 2006 de que si decid¨ªan no pagar nada "la embajada deber¨ªa preparar una estrategia de control de da?os, ya que EE UU ser¨ªa atornillado en la prensa (por ejemplo, un buen aliado deber¨ªa solucionar su propio l¨ªo)". El entonces embajador, que tambi¨¦n visit¨® Palomares, recomend¨® buscar financiaci¨®n militar.

La decisi¨®n de Washington de desentenderse del accidente ha contado siempre con la oposici¨®n de su legaci¨®n en Madrid. Arnold Chacon, ex encargado de negocios y embajador interino entre enero de 2009 y enero de 2010, elev¨® el 30 de abril de 2009 un despacho confidencial sobre Palomares (204960). Chacon expresa a Washington sus dudas: "?Est¨¢ el Gobierno de EE UU considerando pagar al menos parte de la limpieza y llevarse parte del suelo contaminado?". La Embajada revis¨® todo el expediente para responder la pregunta de si estaban obligados legalmente a pagar. "La Embajada no conoce ning¨²n documento que indique que el Gobierno de EE UU se haya comprometido a financiar la limpieza", aunque admite que hay "una referencia en un documento de poco valor de 1969" a una garant¨ªa del general Wilson. La legaci¨®n explica que cree que se trata del militar "Delmar Wilson, que estuvo al mando de la respuesta inicial al accidente" y que en ese texto queda claro que "el Gobierno de EE UU sufragar¨ªa todos los gastos causados por el accidente, pero el contrato no explica qu¨¦ cubre esta garant¨ªa". El Ciemat encarg¨® otro informe jur¨ªdico en el que ve muy dif¨ªcil reclamar el pago en los tribunales.

Los documentos firmados durante d¨¦cadas no dejan claro qui¨¦n debe pagar. El acuerdo Hall-Otero, del 25 de febrero de 1966, un mes despu¨¦s del accidente, se refiere a "un ¨¢rea rural que ha sido descontaminada de acuerdo con l¨ªmites y procedimientos de descontaminaci¨®n mutuamente acordados y no hace referencia a ninguna limpieza adicional", seg¨²n prosigue Chac¨®n. "Sin embargo" -admite- "est¨¢ claro que, debido a los avances del conocimiento cient¨ªfico de qu¨¦ niveles de contaminaci¨®n son aceptables y con los resultados preliminares del mapa de la contaminaci¨®n, la limpieza adicional ahora es considerada necesaria".

En 2006 y 2007 los dos pa¨ªses firmaron nuevos documentos para llevar a cabo el proyecto para conocer la contaminaci¨®n en detalle. El cable considera que ninguno de estos "constituye un compromiso para ninguna de las partes para llevar a cabo la limpieza". Chac¨®n considera, pues, que no hay obligaci¨®n legal pero advierte a sus superiores de que las negociaciones en "2005 y 2006 contribuyeron a la expectaci¨®n" de que EE UU apoyar¨ªa la limpieza. Insiste en que, aunque nunca se comprometieron por escrito, los tratos entre representantes de los dos Ejecutivos "reforzaron" la aspiraci¨®n de que los estadounidenses pagar¨ªan y de que se llevar¨ªan el plutonio. En la Pen¨ªnsula Ib¨¦rica no hay ning¨²n almac¨¦n para esta sustancia. El plutonio tarda 24.000 a?os en desintegrarse a la mitad.

Los cient¨ªficos espa?oles involucrados en la limpieza siempre daban por descontado el apoyo: "Con EE UU no hay ning¨²n problema. Pagar¨¢n su parte. Son gente muy seria y saben que esto lo causaron ellos", afirmaban con rotundidad. Aunque con el cambio de Administraci¨®n y la llegada de Obama todo cambi¨®. El 8 de octubre de 2006, Juan Antonio Rubio explic¨® a EL PA?S: "EE UU nos va a ayudar en la parte t¨¦cnica y aunque no se dice cu¨¢nto, los gastos ser¨¢n compartidos". La informaci¨®n no fue desmentida y sali¨® en medios internacionales. La Embajada admite en sus cables que "las historias en la prensa" reforzaron la impresi¨®n de que Washington pagar¨ªa su parte de los 25 millones en los que est¨¢ presupuestado el proyecto.

Chac¨®n, al igual que su predecesor, entiende la petici¨®n espa?ola: "Si el Gobierno de EE UU decide no colaborar en la limpieza, anticipamos una significativa reacci¨®n negativa del Gobierno de Espa?a y del p¨²blico y la prensa espa?ola (esperamos que la prensa de EE UU, que ocasionalmente sigue el tema, tambi¨¦n se interesar¨ªa)". El embajador considera que lo relevante no es si hay un compromiso impl¨ªcito o expl¨ªcito, sino que la discusi¨®n se centrar¨ªa en "la falta de voluntad de EE UU de ayudar a terminar de limpiar la contaminaci¨®n causada por armas de EE UU que cayeron de aviones de la Fuerza A¨¦rea de EE UU".

Pese a los cables, Washington sigui¨® dando largas. Hace un a?o, Moratinos sac¨® el tema en Washington y pidi¨® ayuda antes de que se conocieran las conclusiones del estudio. En la reuni¨®n estaba el entonces embajador en EE UU, Jorge Dezcallar, y el ex director general para Am¨¦rica del Norte Luis Felipe Fern¨¢ndez de la Pe?a. Clinton le replic¨® "que recordaba el accidente pero no hizo ning¨²n compromiso". En lugar de eso, en el presupuesto para el curso 2009-2010, EE UU dej¨® de pagar los 300.000 d¨®lares anuales que abonaba desde 1997.

En mayo de este a?o, durante la visita del actual vicepresidente norteamericano Joe Biden a Espa?a, Exteriores sac¨® el tema y el 7 de julio, finalmente, hubo una reuni¨®n en Washington entre representantes del Gobierno y militares estadounidenses. El Ejecutivo espa?ol (La Moncloa, Exteriores y el Ciemat) llevaba tres ideas: que Espa?a necesitaba ayuda tecnol¨®gica, financiera y, sobre todo, que EE UU deb¨ªa llevarse la tierra. No hubo respuesta, solo tomaron nota, como hab¨ªa hecho Clinton siete meses antes. La r¨¦plica finalmente lleg¨® en una nota verbal de dos folios del 16 de noviembre pasado. En ella, EE UU afirma ahora que necesita m¨¢s estudios antes de tomar una decisi¨®n, que hay que realizar an¨¢lisis a la poblaci¨®n y establecer criterios de exclusi¨®n de uso del suelo. Fuentes espa?olas consideran que el escrito supone retroceder 40 a?os, que no abordan el problema del plutonio y ni mencionan el americio. Francisco Castej¨®n, de Ecologistas en Acci¨®n, y buen conocedor del proceso, culpa a EE UU "pero tambi¨¦n al Gobierno espa?ol": "Espa?a ha enviado delegaciones muy t¨¦cnicas, de muy poco nivel y Exteriores nunca se ha implicado en el proceso. As¨ª que EE UU, que en principio se tom¨® el tema muy en serio, ha aprovechado la puerta que le han dejado abierta".

El Gobierno ha recibido con sorpresa y des¨¢nimo la respuesta y ha convocado una reuni¨®n el 14 de diciembre para decidir qu¨¦ hacer. Espa?a es consciente de que sin ayuda estadounidense no puede solucionar Palomares. "No dicen que no vayan a colaborar, es una nota interina en la que piden m¨¢s estudios. En esencia, se dedican a dar largas", resume una fuente pr¨®xima a la negociaci¨®n.

Ante la previsible negativa estadounidense, el Ejecutivo involucr¨® a la Agencia Internacional de la Energ¨ªa At¨®mica, que ha preparado un informe sobre la situaci¨®n. Adem¨¢s, en abril visitaron Palomares expertos de Euratom (la agencia europea de la energ¨ªa at¨®mica) y elaboraran otro informe para el Parlamento Europeo. Espa?a espera que la publicidad del informe sirva de palanca para implicar a EE UU. Pero admite que es muy complicado porque Washington no quiere crear un precedente y comenzar a recibir reclamaciones de otros lugares del mundo donde ha dejado contaminaci¨®n radiactiva.

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