Oportunismos pol¨ªticos
Hablemos de justicia. El pasado lunes se inici¨® el juicio del caso Malaya. Es bien sabido que este proceso, en el que hay 95 acusados, es la mayor trama de corrupci¨®n municipal de la historia de Espa?a. Se ha dicho por diversos medios de comunicaci¨®n, entre ellos este mismo diario, que el inter¨¦s de la jornada que comienza "no estriba tanto en las explicaciones que d¨¦ el ex asesor urban¨ªstico Juan Antonio Roca -el hombre por el que pasaban todas las decisiones municipales del Ayuntamiento de Marbella tras la muerte de Jes¨²s Gil- sino en el hecho de que acepte los cargos con una rebaja de condena a cambio de colaborar con la justicia. Por otra parte, el Tribunal Supremo ha confirmado una condena del Tribunal de Cuentas a tres ex gilistas por haber dejado un agujero de 281.156 euros en una sociedad municipal del Ayuntamiento de Estepona (M¨¢laga). Son noticias que llevan a preguntarse sobre las razones por las que pudieron ocurrir estos hechos. Y la respuesta, entiendo, no es otra sino la ausencia de un pacto entre los partidos pol¨ªticos -cuya mayor responsabilidad recae en los grupos mayoritarios- que impida el uso partidista de la justicia y su degradaci¨®n ante los ciudadanos, permitiendo unos y otros que se confundan los poderes del Estado.
A veces, se da la impresi¨®n por los representantes p¨²blicos de que la justicia -sus servidores- est¨¢ subordinada al poder del Gobierno. Y seguimos estando en lo mismo. Sirvan, como un ejemplo m¨¢s reciente, las manifestaciones de Esteban Gonz¨¢lez Pons, portavoz del PP, con motivo de la reciente operaci¨®n contra el dopaje en el deporte. Ha acusado a Interior de haber lanzado esta operaci¨®n para evitar los efectos adversos que pudieran alcanzar al PSOE tras la comparecencia del presidente Zapatero sobre el conflicto de los controladores. Y, tras estas manifestaciones, algunas personas pudieran pensar que es as¨ª, que el Gobierno puede manejar a su antojo a jueces para sus particulares intereses o incluso que el dopaje en el deporte es un invento. Pero esto es desconocer el mecanismo de funcionamiento de la justicia y de sus instrumentos. Tambi¨¦n es ignorar la subordinaci¨®n legal de las fuerzas del orden a los jueces, pero se obvia esta realidad y el da?o se hace. Un da?o que alcanza a la credibilidad del sistema judicial y contamina el democr¨¢tico, puesto que la justicia es uno de los pilares fundamentales en el que se sostiene.
No se puede ignorar que la huelga salvaje de los controladores ha existido; que el estado de alarma ha sido aceptado un¨¢nimemente por los grupos pol¨ªticos, incluido el PP, y por la sociedad; que la declaraci¨®n de alarma ha sido adecuada. Y, como es as¨ª, las declaraciones del presidente Zapatero se ten¨ªan que dar sin que el hecho de que un juzgado diera orden de llevar adelante una operaci¨®n contra el dopaje en el deporte deba entenderse como favorable a los intereses de un partido. De ah¨ª que decir tama?a sandez es volver, como en los peores tiempos del gilismo, a tratar de identificar a jueces, fiscales y fuerzas de seguridad con los intereses de un grupo pol¨ªtico. Ya lo hizo Jes¨²s Gil y Gil con apoyo t¨¢cito del PP. Cenas pagadas por el Ayuntamiento marbell¨ª que superaron econ¨®micamente con creces la de Antonio Rodrigo Torrijos, ah¨ª quedaron. Unas cenas a las que asisti¨® la entonces ministra del Gobierno Aznar Margarita Mariscal, el vicepresidente del CGPJ nombrado a instancia del PP, Jos¨¦ Luis Manzanares, y algunos jueces de la APM. Caviar iran¨ª, cigalas, vodka ruso y noches en hotel de cuatro estrellas formaron parte de aquella invitaci¨®n. Nadie dijo entonces desde el PSOE que se estaba quebrando la voluntad de Gobierno y jueces, ni hoy se dice que se estuvo a favor de algunos de los que se sientan en el banquillo. Tampoco se habl¨® de acusaciones de malversaci¨®n por tama?a fiesta. Est¨¢ visto que, para algunos personajes, los intereses de cada momento est¨¢n por encima de las convicciones y de los pilares del Estado. Una situaci¨®n que, como ya avanzaba, acabar¨ªa con un pacto entre los grupos pol¨ªticos que evitara el uso partidista de la justicia.
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