Pensiones pactadas

El principio de acuerdo alcanzado en el Pacto de Toledo para ampliar el periodo de c¨¢lculo de las pensiones (hoy 15 a?os de cotizaci¨®n, que probablemente deber¨ªa alargarse hasta los 25 a?os) tiene que interpretarse como un proceso pol¨ªtico para facilitar al Gobierno la propuesta de una reforma del sistema de pensiones que pueda ser aceptada por la mayor¨ªa pol¨ªtica del Congreso. La recomendaci¨®n gen¨¦rica, cocinada principalmente entre el PSOE y el PP, de aumentar el periodo de cotizaci¨®n as¨ª lo hac¨ªa suponer el mi¨¦rcoles; y la voluntad de los partidos de acordar una f¨®rmula que faculte al Gobierno a elevar la edad de jubilaci¨®n, aunque no le autorice espec¨ªficamente, ratifica esa suposici¨®n.

As¨ª, la responsabilidad total de la reforma del sistema de pensiones queda en el Gobierno. Es el Gobierno el que ha tenido la iniciativa de proponer la reforma y tambi¨¦n quien se ha comprometido con un calendario para concretar el nuevo cuadro de prestaciones. Y es el Gobierno quien debe aceptar el coste pol¨ªtico del ajuste del sistema, bien por la p¨¦rdida de votos que implica, debido a la evidente reducci¨®n de prestaciones, bien por la reacci¨®n de los inversores en deuda espa?ola si acaso entendiesen que es insuficiente.

Falta llegar a un acuerdo sobre la edad de jubilaci¨®n. El sentir general (excepci¨®n hecha de Izquierda Unida y los sindicatos) entiende que debe retrasarse desde los 65 a?os en la actualidad hasta, quiz¨¢, los 67 a?os. Pero esa percepci¨®n encubre muchos matices. Lo importante es que los negociadores acepten pol¨ªticamente el sentir de la mayor¨ªa que ha llevado a ese pacto y que respalden ante la opini¨®n p¨²blica la reforma pactada. No vale colaborar de puertas para adentro y criticar despu¨¦s la solvencia de la reforma ante los votantes propios, la opini¨®n p¨²blica y los inversores.

Ha de respetarse el principio de equidad, sin el cual cualquier merma de prestaciones se convierte en injusta. Las prejubilaciones que cuesten dinero al erario p¨²blico tienen que ser erradicadas del sistema, sin excusas ni excepciones. No es aceptable que algunos sectores empresariales ajusten plantillas enviando a los despedidos a la cruda prestaci¨®n por desempleo, mientras otros, como las cajas de ahorros, colocan a sus despedidos con el 95% del sueldo. Y si la raz¨®n es que bancos y cajas devolver¨¢n el dinero del FROB utilizado para pagar tales despidos, compru¨¦bese en todo caso que esa restituci¨®n se produce.