Los jueces ordenan derruir un complejo de lujo valorado en 50 millones

La falta de la licencia de obras en la construcci¨®n del ambicioso complejo para yates de lujo del puerto de Tarragona ha condenado a la demolici¨®n el flamante centro que el Ayuntamiento consider¨® clave para impulsar la zona portuaria. Los edificios tienen un valor de mercado de 50 millones de euros.

Una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Catalu?a (TSJC) exige el derribo del complejo porque este se construy¨® sin la licencia municipal, se?ala un fallo firme emitido el pasado noviembre y notificado esta semana despu¨¦s de un v¨ªa crucis judicial que arranc¨® en 2005 con el centro Marina Tarraco todav¨ªa en construcci¨®n. Tras a?os de recursos y apelaciones, los jueces ordenan al Ayuntamiento que inicie los tr¨¢mites para derribar el recinto en los pr¨®ximos tres meses. El Consistorio achaca el error a la Autoridad Portuaria de Tarragona y pide que esta asuma los gastos de demolici¨®n y las correspondientes indemnizaciones. La Autoridad Portuaria y los gestores de Marina Tarraco han declinado por ahora hacer declaraciones al respecto.

La sentencia afecta a seis edificios acristalados de baja altura y con una superficie conjunta de 15.000 metros cuadrados que acogen oficinas, establecimientos comerciales, restaurantes y una oficina bancaria, entre otros. Es una zona concebida como espacio exclusivo para atraer al centenar de yates de lujo que pueden atracar en las d¨¢rsenas contiguas al complejo. Los edificios fueron inaugurados en 2006 tras una inversi¨®n privada superior a los 30 millones de euros y cuya concesi¨®n pretend¨ªa adquirir ahora una sociedad de Qatar que ya hab¨ªa firmado un precontrato por unos 50 millones.

El Consistorio y la Autoridad Portuaria de Tarragona, que llevaban meses manifestando p¨²blicamente su confianza en que el TSJC evitar¨ªa el derribo, anunciaron ayer que a¨²n aspiran a salvar el complejo pese a que el fallo apenas deja margen para esa v¨ªa. "Intentaremos conservar Marina Tarraco. Tomaremos decisiones en los pr¨®ximos d¨ªas", se?al¨® el alcalde de Tarragona, Josep F¨¨lix Ballesteros. El fallo exige al Ayuntamiento que "en cinco d¨ªas h¨¢biles" designe a un funcionario responsable de ejecutar la sentencia y establece un margen de tres meses para iniciar los tr¨¢mites para el derribo. Si se incumplen los plazos, el propio Ballesteros podr¨ªa quedar imputado en la causa por un delito de desobediencia a la autoridad judicial.

El proceso judicial lo inici¨® un constructor al que se le adeudaba parte de las obras realizadas en el complejo, Roberto P¨¦rez. Como medida de protesta, denunci¨® al Ayuntamiento y a la empresa responsable de los trabajos, International Marina Tarragona, por carecer de los permisos municipales para acometer la obra. Meses despu¨¦s, el centro se inaugur¨® con una fiesta de gala a la que asisti¨® alguna celebridad, el entonces alcalde de Tarragona, Joan Miquel Nadal (CiU), y el presidente de la Autoridad Portuaria, Josep Anton Burgas¨¦. Un a?o m¨¢s tarde, en 2007, un juzgado contencioso-administrativo dio la raz¨®n a P¨¦rez, con lo que inici¨® la cascada de apelaciones por parte de la empresa afectada y del Ayuntamiento, que el a?o pasado incluso modific¨® los usos portuarios de los muelles en los que se halla el complejo para legalizar el centro. Tras otras dos sentencias favorables al denunciante, este recurri¨® de nuevo para exigir que el centro construido de forma ilegal fuera derribado.

"Es una herencia maldita del pasado", lament¨® Ballesteros sobre el caso Marina Tarraco. "Es evidente que nosotros no tomamos esas decisiones", dijo en una cr¨ªtica velada al ex alcalde Nadal y al director del puerto de Tarragona entre 1996 y 2004, Llu¨ªs Badia, quien luego fue senador por Tarragona por CiU.