Peristas y libertarios

Mi condici¨®n de inmigrante digital y adem¨¢s, por causa de la edad, de inmigrante tard¨ªo, me hace sentir como deben sentirse -imagino- quienes afrontan en la madurez el aprendizaje de una lengua extranjera: con desasosiego.

Pero no me refiero principalmente al lenguaje t¨¦cnico de la neo-lengua digital que, mal que bien, con algunas vacilaciones y no pocos errores, voy llegando a dominar. Lo que no consigo entender de ninguna manera es el lenguaje moral que se habla en ese entorno. Y digo en ese entorno porque empiezo por reconocer que en ¨¦l dominan abrumadoramente los libertarios digitales, quienes se oponen a cualquier restricci¨®n en la Red, incluidos los l¨ªmites al despojo puro y duro de la propiedad intelectual de los creadores culturales.

Las webs de descargas son la traducci¨®n digital del receptador de mercanc¨ªa robada

He hecho un esfuerzo para intentar comprender esa narrativa moral al hilo de la pol¨¦mica suscitada por la llamada ley Sinde. Para ello, he visitado blogs, foros y otros lugares de encuentro del batall¨®n de oponentes a esta norma. He encontrado de todo. Es de justicia decir que hay incluso buena literatura y argumentos -aunque tramposos- de apreciable factura intelectual. Tambi¨¦n hay improperios, esl¨®ganes, llamadas al combate e incluso injurias.

Pero m¨¢s importante que lo encontrado es lo que no he encontrado. Envueltos en la bandera de la libertad de expresi¨®n, la lucha contra los oligopolios culturales, la resistencia frente al imperio americano o hasta el derecho al acceso a los bienes culturales, nadie explica cu¨¢l es el fundamento que obliga a santificar el expolio de la creaci¨®n cultural e intelectual a sus creadores.

Porque de eso se trata. La ley Sinde tiene aspectos objetables. El primero, de t¨¦cnica legislativa. No tiene sentido emboscar su contenido en una Disposici¨®n Final de la Ley de Econom¨ªa Sostenible (LES). El bien jur¨ªdico protegido -la propiedad intelectual en un ampl¨ªsimo abanico de manifestaciones- tiene sustantividad bastante como para merecer un tratamiento normativo exento. Pero, al fin y al cabo, eso mismo puede decirse de muchos otros aspectos de la LES que, norma ¨®mnibus, acoge pasajeros de variado pelaje.

Igualmente es discutible la preeminencia administrativa, aun con control jurisdiccional previo, en la interrupci¨®n de servicios de quienes vulneren la propiedad intelectual. Pero es evidente que las ganancias en garant¨ªas podr¨ªan traducirse en p¨¦rdidas de efectividad.

Sin embargo, no creo que sea razonable discutir ni la prevalencia del derecho a la propiedad intelectual del autor frente a otros supuestos derechos o expectativas de tales, ni tampoco el enfoque b¨¢sico de dirigir la norma no contra quien descarga contenidos sin respetar el derecho del autor a su retribuci¨®n, sino contra quien materialmente hace posible esa violaci¨®n jur¨ªdica, las webs que alojan fraudulentamente los contenidos descargables. Es un enfoque similar al que se da al tratamiento penal del consumo de drogas peligrosas, castigando el tr¨¢fico y no el consumo.

A m¨ª me da igual que detr¨¢s de esta norma est¨¦n las presiones de los americanos, los lobbies de las majors, la SGAE, o los Amigos de la Capa Espa?ola. La supuesta contaminaci¨®n que trasladar¨ªan a aquella sus valedores es uno de los argumentos favoritos de los opositores de la ley, muy efectista, pero de ning¨²n efecto. Lo importante es si el bien que se protege tiene que ser protegido.

Si vamos a lo b¨¢sico, el andamiaje argumental de los libertarios se cae por s¨ª solo. Y lo b¨¢sico es determinar si la propiedad intelectual es menos digna de protecci¨®n que la propiedad, por ejemplo, de la vivienda, del autom¨®vil o las colecciones de sellos. Como es dif¨ªcil sostener lo contrario, encontramos, en los oponentes m¨¢s articulados a la norma, argumentos laterales tales como que debe primar la libertad de expresi¨®n, que en realidad los que son protegidos no son los creadores, sino los intermediarios culturales que abusan de aquellos o, el m¨¢s pintoresco de todos, que el derecho a la descarga ilegal se basa en que la descarga legal es muy cara.

Intentemos trasladar estas argumentaciones a la propiedad material. ?Qu¨¦ opinar¨ªamos de quien despojara de su sueldo a un empleado, alegando que, en realidad, el empresario le est¨¢ robando de parte del fruto de su trabajo? ?Nos imaginamos a alguien llev¨¢ndose sin pagar de la tienda una colecci¨®n de bolsos de Vuitton, dado que son muy caros? Los argumentos se convierten en bromas cuando los trasladamos de lo digital a lo material.

Llamemos a las cosas por su nombre. Las webs de descargas son la traducci¨®n digital del perista o receptador de mercanc¨ªa robada. Su condici¨®n inmaterial no priva al robo ni de su naturaleza, ni de su gravedad. Y los argumentos en contra de su neutralizaci¨®n no solo suponen la condonaci¨®n de una conducta que en la mayor¨ªa de los casos es abiertamente delictiva, sino que tambi¨¦n conducen, a medio plazo, a la extinci¨®n o al grave deterioro de la creaci¨®n cultural.

Esta es la cuesti¨®n. Los libertarios no son Robin Hood, sino m¨¢s bien los nuevos b¨¢rbaros. El saqueo de la creaci¨®n cultural lleva o a la extinci¨®n de la misma (los creadores tendr¨¢n que reciclarse a actividades menos susceptibles de ser enajenadas) o a la creaci¨®n de un Cuerpo de Creadores Culturales a cargo del Presupuesto, que perciban un sueldo a cambio de poner gratuitamente a disposici¨®n del p¨²blico sus creaciones. No s¨¦ cu¨¢l de las dos posibilidades me parece m¨¢s abominable.

Jos¨¦ Ignacio Wert es soci¨®logo.