El Gobierno hace un gui?o a UGT y CC OO al dificultar el despido barato
El decreto impide las regulaciones de empleo por p¨¦rdidas temporales previstas
El Gobierno ha decidido aplicar un especial rigor en el procedimiento que regula el despido m¨¢s barato, con derecho a una indemnizaci¨®n de 20 d¨ªas por a?o trabajado. La introducci¨®n del concepto "previsi¨®n de p¨¦rdidas" como causa de despido objetivo econ¨®mico para la rescisi¨®n de contrato m¨¢s barata colm¨® la paciencia de los sindicatos y desencaden¨® la huelga general. El Ejecutivo ha aprovechado ahora la redacci¨®n del borrador del nuevo decreto de las regulaciones de empleo para lanzar un gui?o a las centrales de trabajadores. Los n¨²meros rojos, en el futuro, no podr¨¢n ser "meramente coyunturales" para aplicar el despido m¨¢s barato. Es un gesto, un acercamiento a UGT y CC OO, que llega tras las intensas reuniones del pasado fin de semana que desatascaron las negociaciones sobre la reforma de pensiones, encarrilaron un di¨¢logo social roto hace siete meses y acabaron con el proyecto compartido de lograr un pacto de Estado con el que afrontar la crisis.
Los 'n¨²meros rojos' futuros para activar un ERE no podr¨¢n ser "coyunturales"
Los sindicatos consideran incompleto el proyecto de Trabajo
La reforma laboral abri¨® la posibilidad de que las empresas pudieran recurrir al despido objetivo por causas econ¨®micas cuando estuvieran en "una situaci¨®n econ¨®mica negativa, en casos tales como la existencia de p¨¦rdidas actuales o previstas". No aclaraba nada m¨¢s. Los sindicatos tem¨ªan que esto, dejado as¨ª, acabara por convertirse en un coladero para el despido de 20 d¨ªas de indemnizaci¨®n por a?o trabajado, mucho m¨¢s barato que el de 45 d¨ªas, el m¨¢s utilizado hasta ahora, pese a ser la v¨ªa improcedente para rescindir los contratos.
La reforma dejaba para un futuro decreto sobre los Expedientes de Regulaci¨®n de Empleo (ERE) c¨®mo se acreditar¨ªan las "p¨¦rdidas previstas". El Ministerio de Trabajo envi¨® el borrador de ese decreto el pasado mi¨¦rcoles a los agentes sociales, en el que se precisa con claridad que las p¨¦rdidas coyunturales no pueden ser causa para aceptar despidos baratos.
Los sindicatos disponen de 15 d¨ªas para presentar sus alegaciones. Curiosamente, este periodo coincide con el plazo que se han fijado Gobierno y sindicatos para dilucidar si hay posibilidades de armar un gran pacto de Estado contra la crisis.
En el decreto, el Ministerio de Trabajo deja claro que los n¨²meros rojos que prev¨¦ la empresa para poner en marcha un ERE no podr¨¢n ser "meramente coyunturales", seg¨²n el borrador y la memoria de an¨¢lisis del impacto normativo a que ha tenido acceso EL PA?S. Dicho de otra forma, no podr¨¢n ser temporales sino que tienen que poner en serio riesgo la viabilidad futura de la compa?¨ªa.
El movimiento no es grande. Apenas un pasito hacia los sindicatos, que no se conforman con esto. "Insuficiente", "incompleto", valoraban ayer diversos dirigentes de las centrales mayoritarias una vez le¨ªdo el borrador. Tampoco hay mucho margen. Al fin y al cabo, un decreto no puede contradecir a una ley. De ah¨ª que estos ¨²ltimos exijan una mayor rectificaci¨®n del Gobierno y remitan a la Iniciativa Legislativa Popular que han puesto en marcha, con la que pretenden revocar gran parte de la reforma laboral. Seg¨²n el proyecto, cuando un empresario inicie los tr¨¢mites para llevar adelante un ERE por causas econ¨®micas (los expedientes tambi¨¦n pueden realizarse por motivos organizativos, t¨¦cnicos o de producci¨®n) tendr¨¢ que presentar "una memoria explicativa" que justifique la situaci¨®n negativa que le lleva a tomar la medida. Si la justificaci¨®n elegida es la de "p¨¦rdidas actuales", el informe deber¨¢ contener las cuentas anuales de los dos ¨²ltimos ejercicios completos, "debidamente auditadas en el caso de empresas obligadas a realizar auditor¨ªas", seg¨²n las normas contables vigentes. Cuando la justificaci¨®n sea la del quebranto futuro, la compa?¨ªa deber¨¢ a?adir adem¨¢s un "informe t¨¦cnico sobre el car¨¢cter y evoluci¨®n de esa previsi¨®n de p¨¦rdidas". La justificaci¨®n de por qu¨¦ el mero c¨¢lculo de perder dinero en el futuro no est¨¢ en el decreto sino en la memoria del impacto normativo adjunta. "Debe acreditar que la previsi¨®n de p¨¦rdidas no es meramente coyuntural (en cuyo caso proceder¨ªan medidas de suspensi¨®n y no de extinci¨®n de contratos)", explica. No en vano, con la reforma laboral el Gobierno pretend¨ªa impulsar medidas de flexibilidad interna -reducciones de jornada o suspensiones temporales de contrato- para ajustar los costes salariales, en lugar de las rescisiones de contrato.
Tambi¨¦n en este ap¨¦ndice, el Gobierno reconoce lo escurridizo de legislar sobre un pron¨®stico de n¨²meros rojos: "Surge aqu¨ª la cuesti¨®n de que las previsiones se refieren a hechos futuros y, como tales, inciertos, lo que impide manejar datos fiables y seguros desde el punto de vista contable". A pesar de este razonamiento, el proyecto normativo deja en manos de los empresarios la responsabilidad de demostrar los motivos por los que solicita la regulaci¨®n de empleo. No obstante, como antes de la reforma, la resoluci¨®n final del expediente depender¨¢ del resultado de la negociaci¨®n entre el patrono y la representaci¨®n de los trabajadores. Si hay acuerdo entre ambas partes, la autoridad laboral solo puede sancionar el pacto. En caso contrario, la decisi¨®n recae en la autoridad laboral (el Ministerio de Trabajo o la consejer¨ªa auton¨®mica de Empleo de turno si el ERE afecta a empleados de varias comunidades aut¨®nomas o una sola, respectivamente).
Uno de los puntos que m¨¢s gusta a los sindicatos del borrador es lo que ata?e a los grupos empresariales que consolidan sus cuentas. En concreto, lo que hace el texto es poner las condiciones necesarias para analizar los n¨²meros no solo de la compa?¨ªa que tramita el ERE sino tambi¨¦n la salud financiera de todo el conglomerado. Tambi¨¦n les agrada que las empresas con m¨¢s de 50 trabajadores tengan que presentar un plan social que amortig¨¹e las consecuencias sobre el empleo de la reducci¨®n de plantilla. Por el contrario, lo probable es que la patronal rechace el primero de estos dos puntos.
El borrador remitido a los sindicatos regula solo lo referente a los ERE. Sin embargo, hay que tener en cuenta que el despido colectivo y sus causas que aparecen en el art¨ªculo 51 del Estatuto de los Trabajadores, son la referencia que se emplea en el siguiente art¨ªculo para establecer la normativa del despido individual, que es la verdadera v¨ªa de rescisi¨®n de contratos (en 2009 hubo en torno a 1,3 millones de despidos en Espa?a, de los que solo unos 65.000 llegaron a trav¨¦s de regulaciones de empleo).
As¨ª pues, una vez se apruebe el decreto, la l¨®gica dicta que se convertir¨¢ tambi¨¦n en el espejo en el que mirar¨¢n los jueces de lo social a la hora de decidir sobre los despidos individuales, pues en este caso son ellos los encargados de dar luz verde o no a la rescisi¨®n del contrato.
Toxo descarta la huelga general en enero
Antes de Navidad, el l¨ªder de CC OO, Ignacio Fern¨¢ndez Toxo, advirti¨® de que la huelga general podr¨ªa llegar en enero. Si el Gobierno manten¨ªa su intenci¨®n de aprobar un retraso de la edad legal de jubilaci¨®n a 67 a?os de forma general, la amenaza ser¨ªa general. Un mes despu¨¦s, bastantes encuentros discretos, muchas llamadas telef¨®nicas, al menos una en La Moncloa, y un fin de semana de reuniones intensas han disipado el conflicto... de momento.
"Hay expectativas de negociaci¨®n", analiz¨® Toxo en una entrevista en Catalunya R¨¤dio junto al secretario general de UGT, C¨¢ndido M¨¦ndez. "Las partes han entendido que es posible elevar la mirada y ampliar el per¨ªmetro de las materias a negociar". Hac¨ªa referencia a la posibilidad de buscar un pacto de Estado para afrontar la crisis entre sindicatos, patronal y grupos pol¨ªticos.
En la misma l¨ªnea se expresaba C¨¢ndido M¨¦ndez: "Hay que constatar que hablamos de un pacto amplio y por tanto hemos apartado la tensi¨®n y la confrontaci¨®n".
Hoy ser¨¢ un buen d¨ªa para averiguar si estas palabras van acompa?adas de hechos. Por la tarde est¨¢ prevista una reuni¨®n a la que acudir¨¢n Toxo y M¨¦ndez. All¨ª se ver¨¢n las caras con el presidente de la patronal CEOE, Juan Rosell. Por parte del Gobierno, al menos estar¨¢n presentes en el encuentro el vicepresidente primero del Gobierno y ministro del Interior, Alfredo P¨¦rez Rubalcaba, y el ministro de Trabajo, Valeriano G¨®mez.
Pero estas palabras no suponen que los sindicatos hayan descartado completamente la movilizaci¨®n y el recurso a la huelga general. Si antes del 25 de enero no hay acercamientos, y tres d¨ªas despu¨¦s el Gobierno presenta una reforma de pensiones que retrase la edad legal de jubilaci¨®n de los 65 a los 67 a?os de forma r¨ªgida, el fantasma del conflicto social volver¨¢ a tomar cuerpo. De hecho, CC OO tiene previsto convocar un Consejo Confederal extraordinario con posterioridad a estas fechas para analizar la situaci¨®n y decidir qu¨¦ estrategia seguir¨¢.
700.000 afectados por ERE en dos a?os
- La reforma laboral fue aprobada por el Congreso el pasado 9 de septiembre. El 29 de ese mes el Gobierno de Rodr¨ªguez Zapatero afront¨® su primera huelga general.
- La reforma dejaba pendiente la regulaci¨®n del despido. El borrador de este decreto fue entregado a sindicatos y patronal el pasado mi¨¦rcoles.
- Entre enero y octubre del a?o pasado, 230.517 trabajadores se vieron afectados por expedientes de regulaci¨®n de empleo (ERE), el 87,4% tras pactarlo con la empresa. De ellos, 42.096 trabajadores fueron despedidos, otros 161.889 vieron suspendido su empleo temporalmente; y al resto, 26.532 personas, les redujeron jornada y sueldo.
- Los afectados por ERE en el mismo periodo (enero-octubre) de 2009 hab¨ªan sido justo el doble: 462.997 trabajadores; de ellos, 53.897 perdieron su empleo, a 390.819 se les dej¨® en suspenso y 18.281 sufrieron una reducci¨®n de jornada. Ese a?o tambi¨¦n la gran mayor¨ªa de los ERE fueron pactados entre los representantes de los trabajadores y las empresas, aunque en un porcentaje algo menor (86,8%).
- En todo el a?o 2009 los trabajadores afectados por ERE ascendieron a 549.282, tantos como la suma de los siete a?os anteriores.
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