La Audiencia Nacional cuestiona si una ley de Aguirre es constitucional

La Audiencia Nacional duda de la constitucionalidad de la Ley de Medidas Urgentes, aprobada el 29 de junio pasado, con la que el Gobierno de Esperanza Aguirre adopt¨® "medidas extraordinarias para la reducci¨®n del d¨¦ficit p¨²blico". Entre ellas figuraba la bajada salarial del 5% a todos los empleados p¨²blicos de la Administraci¨®n, fueran o no funcionarios. Precisamente eso, la inclusi¨®n de los trabajadores laborales en el recorte, fue lo que provoc¨® un alud de demandas de los sindicatos. CSIT-Uni¨®n Profesional llev¨® el conflicto de los casi 2.200 trabajadores de la todav¨ªa empresa p¨²blica Canal de Isabel II a la Audiencia Nacional. Y la Sala de lo Social ha respondido. En un auto del 23 de diciembre, los magistrados afirman: "Tenemos dudas sobre la constitucionalidad de la nueva redacci¨®n" de los art¨ªculos en los que se recoge el recorte.

La Comunidad, a diferencia del Estado, recort¨® el sueldo a los no funcionarios

La rebaja salarial se eleva ahora al Tribunal Constitucional

La Sala cree que los art¨ªculos 19 y 22 de la Ley 4/2010 "podr¨ªan afectar al contenido esencial del derecho a la libertad sindical [...] en relaci¨®n con el derecho de negociaci¨®n colectiva". El sindicato CSIT-UP ya argumentaba en su demanda la posible inconstitucionalidad de la norma. Consideraba que el recorte del sueldo del personal laboral es ilegal porque, a diferencia del funcionario, se rige por un convenio colectivo. Modificar unilateralmente los salarios, sin negociaci¨®n con los sindicatos, ser¨ªa ilegal al contradecir el art¨ªculo 37 de la Constituci¨®n. Los sueldos de los trabajadores del Canal se pactaron en el XVIII Convenio Colectivo de la empresa p¨²blica Canal de Isabel II, suscrito el 30 de abril de 2010.

Con el auto, la Audiencia Nacional inicia el tr¨¢mite para preguntar al Tribunal Constitucional sobre el recorte salarial de la norma auton¨®mica. La Sala da 10 d¨ªas a las partes para que presenten sus alegaciones, un paso procesal previo a elevar la cuesti¨®n al Constitucional. La Ley de Medidas Urgentes de Aguirre es una trasposici¨®n del real decreto ley del Gobierno estatal de medidas extraordinarias para la reducci¨®n del d¨¦ficit p¨²blico en la que se establec¨ªa una rebaja salarial generalizada del 5% para los funcionarios y empleados p¨²blicos. La norma modific¨® los presupuestos regionales con el objetivo de ahorrar unos 400 millones de euros, seg¨²n explic¨® entonces el consejero de Econom¨ªa y Hacienda, Antonio Beteta.

La diferencia con el decreto ley es que Aguirre fue un paso m¨¢s all¨¢. Mientras el Gobierno estatal dej¨® fuera del recorte salarial de los funcionarios a los trabajadores de las empresas p¨²blicas y entidades como Renfe, Adif o AENA, la Ley de Medidas Urgentes aplic¨® la reducci¨®n del 5% a los 25.000 empleados de empresas, entes y fundaciones p¨²blicas participadas por el Gobierno regional, como Telemadrid, Metro, Mintra, el Hospital Universitario Fundaci¨®n Alcorc¨®n y el Canal de Isabel II. La decisi¨®n sobre esta ¨²ltima es la primera en llegar, destacan desde CSIT-UP. El sindicato la present¨® en la Audiencia Nacional y no en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid porque el Canal tiene centros de trabajo fuera de la regi¨®n.

"Es un precedente significativo", asegura la responsable de los servicios jur¨ªdicos de CSIT-UP, Mar Mayorga. "La Audiencia tiene claro que se ha podido incurrir en una inconstitucionalidad y que eso genera inseguridad jur¨ªdica", a?ade. "La Comunidad de Madrid ha ido m¨¢s all¨¢ de lo que dec¨ªa el real decreto, que no inclu¨ªa las empresas p¨²blicas". Mayorga explica que la Audiencia Nacional resuelve con menos retraso que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid y que es probable que vayan saliendo nuevas resoluciones en el mismo sentido.

Este auto se suma a otro, tambi¨¦n de la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional, que en octubre pasado cuestion¨® el recorte salarial de los 1.750 trabajadores de la F¨¢brica Nacional de Moneda y Timbre. En aquel caso, el tribunal consider¨® que el decreto ley pod¨ªa vulnerar el T¨ªtulo I de la Constituci¨®n. Adem¨¢s, los sindicatos demandantes (UGT, CC OO y SATNP) alegaron que se vulneraba el principio de igualdad porque entidades como Renfe, excluida de los recortes, son de naturaleza similar a la F¨¢brica Nacional de Moneda y Timbre.